¿Me podrán multar si no me pongo la vacuna del coronavirus?

Álex Cascón

30/11/2020
Actualizado 28/12/2020 a las 17:41h.

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La carrera para encontrar una vacuna eficaz contra el coronavirus sigue su curso. Pfizer y Moderna aseguraron que sus dosis son efectivas en un 95% de la población ; AstraZeneca , en cambio, aseguró que su efectividad solo llegaba al 70% . Estas son algunas de las empresas que más avanzada tienen su vacuna, ya que se encuentran en fase III y están pendientes de empezar a producir de forma masiva sus dosis.

El Gobierno ya informó de forma reciente del plan que tiene de vacunación de coronavirus para la población española, el cual consta de intentar que ya haya personas vacunadas en el primer trimestre de 2021. Los primeros serán las personas que residan en centros de mayores, así como los trabajadores que ejerzan en estos.

Sin embargo, la noticia de la llegada de una vacuna inminente ha generado dudas en la población , ya que muchos sienten que su fabricación y procedimientos han ido demasiado rápido. El último informe del CIS indica que un 43% de la población no está dispuesto a vacunarse contra el Covid-19, por un 40 que sí lo haría de forma inmediata. Muchas son las preguntas que surgen con la vacunación. ¿Será obligatoria? ¿Pueden obligar a ponerla a la población? ¿Multarán?

En España, la vacunación no es obligatoria salvo que lo diga un juez. Las personas, por lo tanto, están en su derecho a ponerse una dosis. Sin embargo, en crisis sanitarias o epidémicas sí que se abre la puerta a hacerlo. La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública del 14 de abril lo contempla en su artículo segundo: «Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».

Por su parte, dentro de la Ley también se especifica en su artículo tercero: «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos , de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

Por lo tanto, si el Gobierno lo considera oportuno, puede modificar o introducir algunos puntos en la Ley, con el fin de que la vacuna contra el Covid-19 sea obligatori a en España .

En España ya existen algunos precedentes sobre la obligatoriedad de la vacuna . La Ley 22/1980, del 24 de abril, viene a modificar la base IV de la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 1944. En este texto legal se recoge que la vacuna contra la difteria y la viruela pasaba a ser obligatoria , cuando el Gobierno lo considerase necesario en caso de epidemia.

«Las vacunaciones contra la viruela y la difteria y contra las infecciones tíficas y paratíficas, podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno cuando, por la existencia de casos repetidos de estas enfermedades o por el estado epidémico del momento o previsible, se juzgue conveniente. En todas las demás infecciones en que existan medios de vacunación de reconocida eficacia total o parcial y en que esta no constituya peligro alguno, podrán ser recomendados y, en su caso, impuestos por las autoridades sanitarias», reza el texto.

Sin embargo, uno de los casos más conocidos y que avalan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda declarar la vacuna del coronavirus como obligatoria es lo que ocurrió en Granada en 2010 . Un brote de sarampión se detectó en un colegio del barrio de Albaicín, que llegó a afectar a 35 niños y varios adultos más. La enfermedad se extendió por la ciudad y 12 personas necesitaron de atención hospitalaria. La Junta de Andalucía responsabilizó a los padres que no vacunaron a sus hijos de este virus y lo llevó a los tribunales.

Finalmente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Granada declaró que todos los afectados debían ser vacunados por personal sanitario y «sin ningún tipo de trato inhumano o degradante». Se ordenó una vacunación en el colegio, en las casas de los afectados y en los centros de salud, con el fin de parar la epidemia que había surgido.

José Enrique Pérez Palaci , abogado experto en temas de salud, explicó a EFE que si la vacunación es obligatoria se entrará en una colisión de dos derechos fundamentales , como es el de la protección de la salud y el de la privacidad e intimidad. Este último se recoge en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre , sobre la autonomía del paciente, donde se especifica en el artículo segundo que el paciente puede rechazar algunos tratamientos. A pesar de todo, ese derecho tiene un límite y está en el riesgo de la salud pública.

«Si la normativa existente puede causar cierta confusión, también el ejecutivo y el legislativo pueden intervenir al respecto y modificarla introduciendo artículos pertinentes tanto en el código penal como en una nueva ley orgánica o de modificación de la ley general de salud pública», comentó Pérez Palaci sobre la posibilidad de modificar la Ley con el fin de vacunar de forma obligatoria.

Otros expertos como Magda Campins , jefa de epidemiología del hospital Vall d'Hebron , indicó a EFE que hacer obligatoria la vacuna sería «contraproducente». «Si obligas a la gente, estos pueden ser más reticentes. Esperamos llegar a coberturas de vacunación de la población altas sin tener que llegar a la obligatoriedad».

El Gobierno central no ha sido del todo claro con lo que hará en torno a la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus. En un principio dijo el ministro Salvador Illa que «no creía conveniente» que fuera obligatoria su inyección. Sin embargo, el propio Ministerio cambió de opinión unos días más tarde y dejó abierta la posibilidad de regularlo por ley, como ya informó ABC . «Si fuera necesario y la epidemia lo exigiera, habría herramientas para obligar a la población a vacunarse. Lo que se tenga que hacer para controlar la pandemia, se hará».

El que parece tenerlo claro es Alberto Núñez Feijóo . El presidente de Galicia apuesta por una vacunación obligatoria , bajo penas de multas por infracción leve de aquellos que se nieguen al pinchazo. El líder del Partido Popular en Galicia propuso una reforma en la Ley Orgánica de Salud, para terminar con la «inseguridad jurídica».

«Es una vacuna obligatoria y, por lo tanto, debemos estar preparados para que, cuando la tengamos, no sea una cuestión que tengamos que judicializar, sino que sea una cuestión que la ley orgánica prevé expresamente», comentó el presidente regional.

La última propuesta que realizó el PP en Galicia fue la de incluir sanciones por infracciones en materia de salud, a través de una reforma de la «Lei de Saúde». Esto incluye negarse a hacerse un test o a no vacunarse contra el coronavirus. Ambas serían infracciones leves, con multas de hasta 3.000 euros.

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