Sánchez supedita el toque de queda al acuerdo con las regiones
El Ejecutivo exige una posición clara a la Comunidad de Madrid y un apoyo explícito del PP para garantizar su continuidad en el tiempo
El Gobierno contempla la necesidad de aplicar un toque de queda para controlar la movilidad nocturna pero advirtiendo de que, para proceder a ello, es imprescindible hacerlo con el soporte jurídico de un nuevo estado de alarma. El debate se encuentra todavía en un estado muy embrionario, pero esa es la respuesta política y jurídica que lanzaron ayer desde La Moncloa después de que la Comunidad de Madrid sugiriese la posibilidad de solicitar esta medida.
Fuentes del Ejecutivo y de varios gobiernos regionales aseguran que no es la única región que ha planteado la conveniencia de articular esta fórmula. Tras muchas semanas centrados en la Comunidad de Madrid, la realidad que pintan algunos ejecutivos regionales es desoladora : con la excepción de Canarias, existe ya transmisión comunitaria en el conjunto del país.
La gravedad de la situación justificaría una medida encaminada a controlar la movilidad durante la noche para poner coto al ocio en espacios privados y cerrados. Pero el Gobierno no va a dar ese paso sin contar con un criterio consensuado con las comunidades autónomas . Hoy los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Universidades, Manuel Castells, se reúnen con los consejeros de cada región. Pero el momento clave se producirá mañana jueves a las cuatro de la tarde. En la reunión ordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad (CISNS), que se ha retrasado un día por lo determinante de la reunión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio ayer por hecho que en ese encuentro se podrá acordar el sistema de alertas (lo que en otros países ha sido un semáforo de colores) estructurado en cuatro niveles de riesgo que sirvan como guía homgénea para todo el país. Pero será también en ese foro donde se pongan las cartas sobre la mesa respecto al toque de queda. Son varias las regiones que están demandado al Gobierno que el diálogo tiene que ser multilateral y no consecuencia de la disputa con Madrid. En el caso de Cataluña, el Govern dejó caer esta opción el pasado lunes, a imitación de los confinamientos nocturnos adoptados en Francia y Bélgica, entre su abanico de medidas bajo estudio, sin aludir al Ejecutivo central.
Más de 15 días
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró ayer que el Gobierno está analizando esa posibilidad, pero dejó claro que, para poder aplicarlo requiere que esté en vigor un estado de alarma . «Si vamos por aquí necesitamos el estado de alarma y quiero saber quién está dispuesto a apoyarlo», dijo el ministro. El mensaje es para el PP, ya que el Gobierno no quiere volver a aplicar un estado de alarma en contra del criterio de una región y sin el concurso del líder de la oposición, Pablo Casado, por si fuera necesario ampliarlo más allá de los 15 días que el Gobierno puede decretar inicialmente. Y que no se haga tampoco como con el estado de alarma vigente solo en la Comunidad de Madrid y para el que no se va a solicitar prórroga. Por eso, Sánchez reclamó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que clarifique su postura : «Lo primero es saber si la Comunidad de Madrid nos está pidiendo formalmente el toque de queda o no».
Será en ese diálogo con las comunidades autónomas donde se sustanciaría el detalle, incluida la posibilidad de «discutir el ámbito territorial de aplicación» , explican en el Gobierno, en referencia a si se aplicaría en toda España o solo en determinadas regiones. «Puede adaptarse en todo el territorio o únicamente en una región», consideran desde el Ejecutivo. También se debatirían las franjas horarias, ya que el planteamiento de Madrid sería desde medianoche hasta las 6.00 horas de la mañana. Pero lo que sí se tiene claro en el Gobierno es que para poder aplicar el toque de queda no bastaría con la ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 . Vuelve así de este modo a la argumentación con la que sustentaron las prórrogas del estado de alarma en la primera ola de la pandemia: el ya célebre «no hay plan B», y como ocurrió entonces, se topa con la discrepancia de los juristas, que cuestionan que una restricción tan severa de derechos fundamentales como el movimiento o la reunión puedan verse cercenados si no es bajo el estado de excepción (que contempla medidas más gravosas, toque de queda incluido).
Sin embargo, por la vía de los hechos lo cierto es que el estado de alarma se aplicó y la ciudadanía se vio sometida al confinamiento domiciliario. Ahora la finalidad es similar, sólo que se impondría por horarios, siguiendo criterios objetivos consensuados, al igual que los cierres perimetrales . Queda por ver si bajando al nivel autonómico o en términos generales. Tal y como informaba ayer ABC, los juristas entienden que falta una «ley antipandemia» que regule el pormenor de las restricciones, si bien debaten entre alarma o excepción y también sobre la cobertura que podría prestar la ley de 1986. Con todo, coinciden en que quizá esa ley podría amparar toques de queda puntuales en ámbitos muy restringidos, pero para obligar a un grupo grande de ciudadanos, como un municipio o una región, a permanecer en sus casas no sería suficiente. Rebasa con mucho sus previsiones.
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