Sánchez se aprovecha de la pandemia para despreciar una reunión con la concertada

Así consta en una carta enviada a la concertada , firmada por Iván Redondo , el jefe de gabinete de Sánchez, y escrita en nombre del presidente del Ejecutivo, a la que ha accedido ABC. ¿Qué motivos aduce? «Lamento comunicarle que la intensa actividad del Gobierno contra la pandemia y para la recuperación, a la vez que promueve el cumplimiento de sus compromisos de Legislatura, impiden que pueda celebrarse ese encuentro en un futuro próximo», explica Redondo a Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Cofapa) y firmante de la carta.

«No se nos deniega a nosotros ni a nuestras instituciones solo, sino a los d os millones de ciudadanos que firmaron el manifiesto de protesta y los tantos otros que se manifestaron con vehículos por las calles de todo el país»», lamenta el portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego.

La concertada pidió por carta reunirse con Sánchez el pasado 30 de noviembre. De hecho, la misiva se llevó a Moncloa en mano. El Gobierno tardó 23 días en decir que no (la respuesta está fechada, con bolígrafo, el día 23 de diciembre) y casi dos meses en poner la carta en Correos, ya que llegó a las manos de Más Plurales el día 20 de enero. Lo que más llama la atención es que esté fechada el día 23 de diciembre, precisamente el día en que la Lomloe pasaba su último trámite parlamentario y se aprobaba en el Senado. Para Jesús Muñoz de Priego, la fecha se puso adrede como parte de un «guiño poco agradable». Otras fuentes de la concertada señalan que «es mucha casualidad que lleve la firma el 23 de diciembre, el mismo día que se aprobó la norma educativa en el Senado. Parece dar a entender que Moncloa esperó al día de aprobación para responder con una negativa, reforzando su nula voluntad de diálogo, es como un portazo».

Para el portavoz de Más Plurales, «esta comunicación denegando una mera reunión es coherente con todo el proceso que ha seguido este Gobierno de Sánchez con la ley. Una ley que no ha tenido ningún diálogo ni antes, ni durante, ni después . Pura imposición en un ámbito estratégico, de efecto multiplicador, fundamental y necesitado de consenso. Lo que nos lleva a pensar que no es que sea una forma de actuar puntual de este Gobierno, no es un accidente, sino que este Gobierno de Sánchez es así; esto les define, es su forma de gobernar».

La ‘ley Celaá’ entró en vigor el pasado 19 de enero tras una tramitación parlamentaria frenética en la que, por primera vez en Democracia, no participaba en el debate de la ley la comunidad educativa. La ministra de Educación, Isabel Celaá, negó siempre (y lo recalcó en el mismo Senado el día de su aprobación) que la ley no atacaba a la concertada . Pero en la práctica (y no solo en el texto legal) ya se está demostrando que no es así. El pasado jueves la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja (comunidad gobernada por PSOE y Podemos), denunció que el borrador del nuevo decreto de escolarización quiere excluir «a parte de la comunidad educativa de los órganos de control y restringiendo a su criterio la elección de centro por parte de las familias». ¿Cómo?

«El decreto establece una Oficina Permanente de Escolarización que se encargará de baremar las solicitudes de todos los centros y publicará las listas de admitidos, lo que implica que los centros pierden su autonomía para aplicar el proceso de admisión », señalan asimismo fuentes de la concertada. El riesgo evidente es que una vez centralizado el proceso, la Administración distribuya los alumnos como desee bajo la excusa de conseguir un reparto equilibrado de alumnos con necesidades específicas o pertenecientes a minorías, etcétera; es decir, eliminando la capacidad real de elección de las familias.

A este respecto, el consejero de Educación de La Rioja, Pedro Uruñuela, dijo ayer que «ni nosotros ni la Lomloe establecemos que el criterio de elección de centro sea la demanda social», informa Ep.