PSOE y Podemos pactan endurecer la ley contra el cambio climático en las Cortes
Ampliarán el recorte de emisiones necesario para 2030 y el objetivo de renovables
No habrá ni gases de efecto invernadero ni coches contaminantes en la España de 2050. Al menos así lo establece el proyecto de la ley de cambio climático que ayer martes echó definitivamente a andar con su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero el texto no está cerrado. Los grupos de PSOE y Podemos esperan aumentar los principales objetivos de recorte de gases de efecto invernadero para 2030 durante su tramitación parlamentaria.
El texto aprobado ayer fija metas intermedias y son estas las que quieren modificar las dos formaciones. Han pactado que la reducción de emisiones para 2030 en España sea del 23% y no del 20% respecto a 1990, como dice ahora el proyecto de ley. Según confirma Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y presidente de la comisión del Congreso que tramitará la norma, se trata de un aumento de la ambición que no solo se reflejará en ese artículo.
De hecho, el texto aprobado ayer por el Gobierno fue acogido con más críticas por parte de las organizaciones ecologistas que por la industria del motor. Ecologistas en Acción aseguró que la norma era «insuficiente» y con unos objetivos «por debajo de las indicaciones de la ciencia». Los mismo que Greenpeace, que considera que la reducción de las emisiones debe elevarse al 55% en 2030.
Ayer en su comparecencia, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya apuntó a la posibilidad de que algunos objetivos hoy contenidos en el proyecto de ley se incrementen tras su paso por las Cortes.
Los otros puntos a modificar por PSOE y Podemos se refieren a la aportación de las renovables al consumo final de energía, del 42% para 2030 frente al 35% previsto. O que el sistema eléctrico esté conformado para ese año al menos en un 74% por renovables, cuatro puntos porcentuales más. Y si hoy el texto del Gobierno apunta a mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%; este podría transformarse en un 39,5%.
En realidad estas cifras no son nuevas. Ya aparecen en el Pan Nacional Integrado de Energía y Clima , un documento estratégico que todos los países deben enviar a la Comisión Europea para especificar cómo van a descarbonizar la economía. Pero con su inclusión en el texto de Transición Ecológica se logra blindarlos con rango de ley. «Creo que habrá una negociación compleja, porque es una ley compleja y muy amplia, pero creo que debería salir adelante sin demasiados problemas», opina Uralde. El Ministerio también descarta una revisión a la baja, para el Gobierno los objetivos plasmados son de mínimos, y, al menos Ribera, «no cree» que vaya a haber grandes discrepancias parlamentarias, salvo «con un partido», Vox.
Momento «difícil»
El proyecto de ley llega en un momento «muy delicado», reconoció ayer Ribera, aunque se está enfocando el debate como una «oportunidad» tras la crisis para «orientar el proceso de recuperación» hacia un modelo que sea respetuso con planeta. «No podemos volver al sistema anterior», dijo Ribera.
El objetivo de la ley es reducir las emisiones de efecto invernadero, afectando a la automoción, el sistema energético y eléctrico, la edificación, la aviación o la agricultura. Es la ley que, si en la tramitación parlamentaria no cambia, supondrá el fin a los coches diésel y gasolina. El proyecto de ley incluye la referencia a la necesidad de alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050. «Confirmo que, de acuerdo a las disposiciones de la UE, a partir de 2040 los coches nuevos serán de cero emisiones directas, y a partir de 2050 quedarían fuera de circulación los vehículos con motor de combustión salvo los históricos y algunas excepciones muy particulares», dijo ayer la ministra.
La industria automovilística acogió con buenas palabras el proyecto legal, que incluso fue calificado como «muy necesario» por José López-Tafall, el director general de Anfac. Aunque aboca a la desaparición a los coches diésel, gasolina e híbridos, en el sector se valora positivamente que no establezca prohibiciones a estas tecnologías, y que fije un marco normativo, con objetivos a largo plazo pero alineados con el camino de la UE. Ahora bien, tanto Anfac como las asociaciones de concesionarios y vendedores, Faconauto y Ganvam, coincidieron en reclamar a Teresa Ribera «herramientas» que permitan «conseguir ese objetivo común, que pasa particularmente por un impulso definitivo de los vehículos de bajas o nulas emisiones».
