Prohibición coches
El Gobierno aprueba su proyecto de ley contra el cambio climático: «No podemos volver al modelo anterior»
El texto que inicia ahora su tramitación parlamentaria fija como meta la «neutralidad climática» para 2050 y un parque móvil libre de emisiones
Un año y medio después de que el Ministerio para la Transición Ecológica elaborara su primer borrador de la ley contra el cambio climático , en el que se fija una fuerte reducción de los gases de efecto invernadero en sectores como el eléctrico o el automóvil, el texto inicia su andadura parlamentaria en plena crisis del coronavirus . El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley en un momento «muy delicado», según ha reconocido en su comparecencia la titular de la cartera, Teresa Ribera. Pero desde el Gobierno, el debate ahora se enfoca en la «oportunidad» que ofrece la crisis para «orientar el proceso de recuperación» hacia un modelo que sea «respetuso con planeta», ha asegurado Ribera. «No podemos volver al sistema anterior», ha dicho.
El objetivo de la ley es reducir las emisiones de efecto invernadero, afectando a la automoción, el sistema energético y eléctrico, la edificación, la aviación o la agricultura . Todo para lograr una reducción en 2030 de las emisiones de al menos un 20% respecto a las de 1990, y la «neutralidad» climática para 2050 en España. Unas cifras de mínimos no negociables para el Gobierno. De hecho, Ribera ha asegurado durante la rueda de prensa que «no cree» que vaya a haber discrepancias parlamentarias, salvo con un grupo, en cuanto a las líneas generales de la ley y ha apuntado a la posibilidad de que incluso algunos objetivos se incrementen tras su paso por las Cortes.
Es la ley que, si en la tramitación parlamentaria no cambia, supondrá el fin a los coches diésel y gasolina . El proyecto de ley incluye la referencia a la necesidad de alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050 . Para ello, «se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido». En la práctica, hoy solo serían coches eléctricos y de pila de hidrógeno.
Se impulsará la construcción de puntos de recarga . De hecho, las grandes gasolineras (el 10% de la red) deberán instalar el doble de la potencia inicialmente prevista (50 kW), en 21 meses desde que se apruebe el texto. Y en 2025, también oficinas o centros comerciales con un aparcamiento de más de veinte plazas, deberán tener puntos de recarga.
Además, el proyecto de ley mantendrá que los municipios de más de 50.000 habitantes, como Toledo, Gandía o Coslada, y los territorios insulares, tengan zonas de bajas emisiones para 2023 . En estos u otras ciudades, como en el caso de «Madrid Central», cualquier medida que suponga una regresión en su implantación deberá contar con un informe favorable del Ministerio.
Pero más allá de la movilidad, el texto mantiene la prohibición del fraking, el objetivo de un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050, así como la revisión a los subsidios a los combustibles fósiles, que solo se aplicarán «por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas». Transición Ecológica elaborará un calendario para la revisión de las ayudas y será aprobado en Consejo de Ministros.
Algunos objetivos concretos que se incluían en la redacción incial del texto han desaparecido, aunque se desarrollarán en normativas posteriores, para evitar así blindar unas cifras que son operativas con un rango de ley. Es el caso de la obligación de rehabilitar con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas al año, ahora desaparecida. Lo mismo ocurre con las subastas de energías renovables: antes se fijaba de forma explícita que tendrían un mínimo de 3.000 megavatios (MW) anuales de licitación hasta 2030 y ahora no se establece, pero fuentes gubernamentales aseguran que no implica una reducción de la ambición o de sus objetivos.
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