Baleares y Canarias podrán anticipar el veto a los coches contaminantes
El Gobierno aprueba este martes el proyecto de ley de cambio climático con algunas modificaciones respecto al borrador inicial
Baleares quería ser la primera Comunidad Autónoma libre de coches contaminantes, y puede que aún lo consiga. Las dudas legales en torno a sus competencias provocaron que el Govern de Francina Armengol retirara en noviembre la normativa que prohibía su circulación desde 2025. Decía quedarse a la espera de la legislación nacional. Ahora, el proyecto de ley de cambio climático que previsiblemente se apruebe este martes en Consejo de Ministros abre la puerta de nuevo a esta posibilidad.
Es una de las variaciones que contiene el texto definitivo de la ley «estrella» del Ministerio para la Transición Ecológica, que será remitido esta tarde a las Cortes para su tramitación. Eso sí, mantiene los objetivos generales anunciados hace más de un año: una reducción para 2030 de las emisiones de efecto invernadero de al menos un 20% respecto a las de 1990, y la «neutralidad» climática para 2050 en España . Unas cifras de mínimos no negociables para el Gobierno.
En lo referente a la automoción, uno de los puntos más polémicos, el texto al que ha tenido acceso ABC, mantiene la necesidad de alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050 . No menciona una «prohición», pero habla de «adoptar las medidas necesarias» para que los turismos y vehículos ligeros nuevos «no más tarde del año 2040» sean «con emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido». En la práctica, hoy solo serían coches eléctricos y de pila de hidrógeno.
En donde sí hay novedades es en una disposición que afecta a Baleares y Canarias. En concreto, el texto recoge que «se ofrece la posibilidad a las comunidades autónomas insulares» de pedir al Estado que tome medidas para favorecer la movilidad limpia «consistentes en restricciones de la circulación de turismos y furgonetas en su ámbito territorial». De esta forma, se salvarían los escollos competenciales.
El texto mantiene un fuerte impulso al coche eléctrico, especialmente a través de la construcción de puntos de recarga. De hecho, las grandes gasolineras deberán instalar el doble de la potencia inicialmente prevista (50 kW), en 21 meses desde que se apruebe el texto. Y en 2025, también oficinas o centros comerciales con un aparcamiento de más de veinte plazas, deberán tener puntos de recarga.
Además, el proyecto de ley mantendrá que los municipios de más de 50.000 habitantes, como Toledo, Gandía o Coslada, y los territorios insulares, tengan zonas de bajas emisiones para 2023 . En estos u otras ciudades, como en el caso de «Madrid Central», cualquier medida que suponga una regresión en su implantación deberá contar con un informe favorable del Ministerio.
Revisión a los subsidios fósiles
Más allá de la movilidad, el texto mantiene la prohibición del fraking, el objetivo de un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050, así como la revisión a los subsidios a los combustibles fósiles, que solo se aplicarán «por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas». Transición Ecológica elaborará un calendario para la revisión de las ayudas y será aprobado en Consejo de Ministros.
Algunos objetivos concretos que se incluían en la redacción incial del texto han desaparecido , aunque se desarrollarán en normativas posteriores, para evitar así blindar unas cifras que son operativas con un rango de ley. Es el caso de la obligación de rehabilitar con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas al año, ahora desaparecida. Lo mismo ocurre con las subastas de energías renovables: antes se fijaba de forma explícita que tendrían un mínimo de 3.000 megavatios (MW) anuales de licitación hasta 2030 y ahora no se establece, pero fuentes gubernamentales aseguran que no implica una reducción de la ambición o de sus objetivos.
