El PSOE justifica eliminar al Rey de los títulos universitarios: «No se aborda en la ley»
Aunque el Monarca desaparece por primera vez de la expedición de títulos en una ley universitaria en democracia, el partido señala que no es cierto y que este tema no se trata en el anteproyecto de ley de Universidades aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros
El Partido Socialista publicó un argumentario en el que explica los puntos más importantes del anteproyecto de ley de Universidades, cuyo borrador fue adelantado el pasado sábado por ABC .
Aparte de destacar las «fortalezas» de la norma, hay un apartado específico llamado: « No es cierto », en el que el partido se dedica, aparentemente, a desmentir la información publicada en los medios, concretamente en este. Así, niegan que el Rey desaparezca de los títulos y sean firmados por el rector de la universidad. ¿El argumento? «Es un asunto que no aborda la ley», señala el argumentario del partido de Pedro Sánchez.
Sin embargo, tal como adelantó ABC y como puede constatarse del texto que hizo circular el propio Ministerio de Universidades tras el Consejo de Ministros del pasado martes, el texto sí hace desaparecer el nombre del Rey de los títulos. La nueva redacción dice: «El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá las directrices y condiciones para la obtención de los títulos universitarios oficiales, que serán expedidos por el rector o rectora de la universidad». Por el contrario, la ley vigente, la LOU de 2001 (modificada en 2007) sí lo menciona. El argumento de Castells para negar la desaparición del Monarca es que un real decreto de 2010 mantiene su mención . El problema es que una ley orgánica está por encima de un real decreto. Ante este planteamiento, el ministro dice: «Es que todavía no hay ley orgánica aprobada y además no quita nada».
El PSOE también defiende en su documento circulado el martes que los profesores titulares puedan acceder, por primera vez, a la carrera de rectores. A estos y a los catedráticos se les pedirá ahora « un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia, y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal».
«Guerra de la derecha»
El PSOE dice que tampoco es cierto que los requisitos para la elección de rector puedan mermar la excelencia de la universidad. «Se exigen criterios rigurosos de investigación y de docencia además de experiencia en gestión. Se democratiza su elección al poder haber más candidatos y candidatas entre los PDI (personal docente e investigador) titulares. Es positivo para la mayoría, sobre todo para las mujeres al haber solo un 20% de catedráticas elegibles , se rejuvenecería la edad media de los rectores» y, destacan el partido, «posiblemente se verá bien por los estudiantes». El argumentario del PSOE también argumenta que las críticas a que se dedique un artículo a la memoria democrática o a la perspectiva de género como elementos fundamentales y transversales del sistema universitario, forman parte de «la guerra cultural de la derecha que trasladan a esta ley. Estas cuestiones aparecen en la ley como elementos integrales de una función más de la universidad», defiende el PSOE.
ABC también denunció que el anteproyecto dedica un artículo al fomento de las lenguas cooficiales, extranjeras y de signos pero no dice nada del castellano. En este sentido, el PSOE señala que «la ley no ignora y ni se priorizan las lenguas cooficiales por delante del español. La ley no cita que sea obligatoria la lengua cooficial en las universidades, sino que aparece una referencia a la necesidad de su protección, como un hecho cultural al igual que el patrimonio. Se puede perfectamente defender la promoción de las lenguas cooficiales juntamente con la promoción del castellano y el impulso del dominio de terceras lenguas por parte de la comunidad universitaria, como es el caso en el apartado de internacionalización». El problema es que el castellano no es promocionado en ningún artículo del anteproyecto.
«Enfoque de confianza»
Para el PSOE, la ‘ley Castells’, «moderniza significativamente el sistema universitario desde un enfoque de confianza en el sistema universitario », «refuerza una mayor democratización y mejores niveles de participación en todo el sistema universitario» y tiene como novedad una «importante visión y perspectiva de género». «Fomento de investigación por mujeres, más presencia en órganos de gobierno, paridad...».
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