Las organizaciones de la infancia piden una reforma fiscal para que la prestación por crianza llegue a todas las familias
Los modelos que presentan supondrían un coste de entre 3.000 y 11.000 millones anuales para el Estado
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra , ha reiterado en varias de sus últimas intervenciones la necesidad de implantar en España una prestación universal por crianza que llegue a todas las familias con hijos del país. Su departamento trabaja desde hace meses codo con codo con las organizaciones de infancia para que esta medida sea una realidad en la ley de diversidad familiar que prepara el Ministerio. Las principales organizaciones -Save the Children, Unicef y Plataforma de la Infancia- han presentado a Derechos Sociales cuatro posibles modelos para introducir este sistema en España, que supondría un coste de entre 3.000 y 11.000 millones de euros anuales para las arcas públicas.
Las organizaciones proponen reformar el sistema fiscal de España para que estas ayudas lleguen a todas las familias con hijos . «Hemos tenido reuniones, se ha presentado y se está trabajando. Tenemos una hoja de ruta conjunta tanto con el Ministerio de Derechos Sociales como con el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil», ha señalado este jueves Carmen Molina, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef España. La predisposición de departamento que lidera Ione Belarra, ha apuntado Andrés Conde, director general de Save the Children, es buena, «lo que no está claro es que se mire la fiscalidad como la fuente fundamental, porque la lógica de la administración lleva la mirada sobre el gasto», ha remarcado.
La propuesta se basa en cuatro posibles escenarios . El primero consiste en sustituir el actual mínimo por descendientes (una parte liquidable que no se somete a tributación) entre 0 y 17 años por una deducción reembolsable que suponga el mismo ahorro fiscal para los declarantes. Sería de carácter universal y modulada según el número de hijos y tendría un coste de 3.717 millones al año. El segundo aboga por una deducción reembolsable de 100 euros mensuales por hijo menor de edad, tendría carácter universal, no sustituiría al actual mínimo por descendientes y supondría un coste de 11.686 millones anuales.
Como tercer escenario las organizaciones apuestan por la sustitución del mínimo por descendientes por una deducción reembolsable universal fija de 100 euros mensuales por hijo menor de edad a cargo. El gasto sería de 5.653 millones de euros anuales. Por último, la cuarta propuesta consiste en sustituir el actual mínimo por descendientes por una deducción reembolsable de 100 euros al mes por hijo a cargo y añadir una prestación de 50 euros mensuales para las familias que r eciban el ingreso mínimo vital (IMV). El coste de este modelo sería de 6.214 millones al año.
Estas medidas, ha señalado Almudena Escorial, responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, «también permitirán beneficiarse de estas deducciones a las familias con hijos e hijas en situación de pobreza que actualmente no llegan a ellas». «Con su implantación, todas las rentas tendrían un incremento en su renta disponible y el impacto sería significativamente mayor en las familias más pobres», ha añadido Andrés Conde.
La decisión, sin embargo, no depende solo de Derechos Sociales , pues es el Ministerio de Hacienda quien tendrá la última palabra. «Necesitamos implicar a Derechos Sociales, pero también a Hacienda, porque el 60% del dinero de apoyo a la infancia se produce a través de deducciones sociales», ha puntualizado Conde, que ha subrayado además que las ayudas «solo a través de prestaciones» no son el camino a seguir para erradicar la pobreza infantil.
Según el informe, que cita a la Encuesta de Condiciones de Vida, el 27,4% de los niños en España se encontraban en 2020 en situación de pobreza , frente al 17,9% de la media europea. La tasa de pobreza infantil de nuestro país está siete puntos por encima de la del conjunto de la población. «La realidad es que España invierte muy pooc en infancia, el 1,3% del PIB frente al 2,3% de la media europea. Y lo que invierte se hace con muy poca equidad y no es eficiente para llegar a los que más lo necesitan», ha afirmado Molina.
Invertir en la infancia, han señalado los responsables de las organizaciones, es necesario para garantizar su bienestar y el cumplimiento de los derechos de todos los niños.
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