El PP insta al Gobierno a modificar la 'ley Celaá' para cumplir con la sentencia del 25% de castellano
El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para garantizar de manera «efectiva e inmediata» el derecho de todos los alumnos a la utilización de la lengua castellana.
El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para garantizar de manera «efectiva e inmediata» el derecho de todos los alumnos a la utilización de la lengua castellana.
Lo hacen después de que el Tribunal Supremo no admitiera el recurso que la Generalitat presentó tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que imponía en 2020 un mínimo de 25 por ciento de clases en castellano .
La PNL recuerda que la Generalitat ya reaccionó a la providencia del Supremo asegurando que se trata de un « grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana » e instó a los centros educativos a seguir «trabajano como hasta ahora».
El texto del Grupo Parlamentario Popular advierte de que «el Gobierno no puede incurrir en una dejación de funciones mientras se vulnera el derecho de los alumnos catalanes a estudiar en castellano y los ciudadanos catalanes se ven abocados a ejercitar por su cuenta acciones que reconozcan sus derechos linguísticos ante un Gobierno impasible y un Gobierno autonómico que les niega sus derechos»
Por eso, el partido de Casado insta al Ejecutivo a poner todos los medios necesarios para hacer cumplir los derechos de los castellanohablantes. Así, la PNL señala la necesidad de modificar la Lomloe, más conocida como ' ley Celaá ', de manera que su redactado se haga en los términos que establece la sentencia del TSJC.
Más recursos para la inspección educativa
También se exige que el Gobierno haga velar, a través de la Alta Inspección educativa , «por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación y sus derechos linguísticos...». Y para ello piden aumentar los recursos materiales y humanos de la Alta Inspección.
Además, señalan que el Gobierno debe reservarse « el derecho que la Constitución y las leyes le otorgan para adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que impone la Constitución y las leyes para preservar el derecho a la utilización del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo en Cataluña, en un proporción que no podrá ser inferior al 25%»
La PNL, firmada por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, también señala que el Gobierno debe requerir a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia del TSJC.
Un día después de conocerse el fallo del Supremo, ABC consultó al Ministerio de Educación sobre su postura. Fuentes del departamento de Pilar Alegría señalaron que no iban a intervenir en ese momento procesal. Al día siguiente, en el Congres, la ministra de Educación reculó: «Frente a una sentencia firme no cabe debate: es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública. Sea la Generalitat o cualquier ciudadano».
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