La trinchera de la inmersión, última bala de un ‘procés’ en crisis

La defensa de la inmersión lingüística escolar obligatoria en catalán se ha convertido en un elemento aglutinador de emergencia para un independentismo en fase depresiva desde la excarcelación de los presos del 1-O. Sin sus líderes en prisión, el movimiento necesitaba una nueva bandera lo suficientemente llamativa para mantener la tensión, y la lengua ha sido el tema elegido. Por ello, desde hace ya semanas, tanto el Govern catalán como los partidos y las entidades secesionistas han emprendido una cruzada que busca generar un sentimiento de alerta por una supuesta «emergencia lingüística» que las propias estadísticas de la Generalitat no avalan.

«Durante décadas hemos ignorado la emergencia climática. Y ahora, ya sufrimos sus efectos... ¿Hasta cuándo ignoraremos la emergencia lingüística? Quizás todavía no lo percibes, pero los datos muestran que, si no reaccionamos ahora, la lengua catalana podría desaparecer». Esa es la esencia del argumentario que viene desplegando desde hace meses Plataforma per la Llengua , una entidad privada con ayudas públicas que ejerce de ‘lobby’ para exigir políticas más agresivas que establezcan el catalán como única lengua oficial.

Al carro se han subido paulatinamente los partidos independentistas -e incluso el PSC colabora con la entidad que aboga por el monolingüismo- y sus medios afines, que cada vez hablan más del catalán y menos del «derecho a la autodeterminación» o la «represión del Estado», los grandes ‘hits’ de los últimos años de ‘procés’. En este contexto, la decisión del Tribunal Supremo , que el martes pasado confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligará a todos los colegios públicos y concentrados de Cataluña a hacer un 25 por ciento de las clases en castellano como mínimo -medida que el tribunal aplica al catalán, también-, ha servido de chispa para encender la hoguera de la indignación soberanista ante lo que consideran una «estocada» al catalán y a la inmersión lingüística que se aplica progresivamente desde 1983.

Desde el presidente autonómico, Pere Aragonès , hasta el líder de Junts, Carles Puigdemont, pasando por los sindicatos principales, CC.OO. y UGT, todos los partidos y entidades soberanistas y un largo etcétera de prohom- bres del ‘procés’ han volcado en los últimos días amargos reproches contra una decisión que podría servir, no obstante, para inyectar algo de energía a un proceso político en plena diáspora por la desmovilización, la falta de objetivos claros y las guerras fratricidas entre partidos y facciones.

«Nuestra patria es nuestra lengua» . Así de contundente se mostró Puigdemont equiparando lengua e independencia poco después de conocerse la providencia del Supremo. «España lleva siglos intentando liquidar el catalán, la lengua propia de Cataluña. Nunca ha abandonado esa obsesión. Solo tenemos una única posibilidad de salvar la lengua: materializar la independencia que proclamamos. Está claro que el pactismo mágico no sirve de nada», agregó el ‘expresident’, que aprovechó la ocasión para cargar contra la estrategia del diálogo que abandera ERC. Aragonès, por su parte, lleva semanas intentando construir a su alrededor un hipotético consenso a favor de la inmersión, un nuevo elemento aglutinador más etéreo que la exigencia de un nuevo referéndum que, a día de hoy, se antoja irrealizable por la negativa del Gobierno y la división del soberanismo. «El catalán en la escuela no se toca», destacó el presidente autonómico haciendo uso, de nuevo, de la retórica de la desobediencia que tanto ha calado entre los partidos soberanistas.

Más allá de las estrategias de última hora, desde el Ejecutivo catalán reconocen que la defensa de la inmersión escolar y la promoción del catalán a nivel general son dos de sus grandes objetivos para esta legislatura. Por ello, todos los departamentos autonómicos desarrollarán en los próximos meses planes específicos para sondear, analizar y propulsar el uso de esta lengua en sus respectivos ámbitos. El primer objetivo: las escuelas e institutos, que en los próximos meses verán florecer los «grupos impulsores» , unos nuevos núcleos centrados en controlar el uso del catalán en los centros educativos, tanto dentro como fuera de las aulas. Luego será el turno de la sanidad, la administración o la Justicia, ámbitos tradicionalmente más hostiles para una lengua que, pese a las señales de alarma que emite el Govern con clara intencionalidad política, no ha experimentado grandes variaciones de uso en los últimos años.