Impulsan mociones contra la decisión del Supremo sobre la inmersión en varios ayuntamientos catalanes
El ayuntamiento de Cerdanyola votó ayer un texto denunciando el «ataque» de la justicia al modelo educativo catalán
Varios ayuntamientos catalanes votarán en las próximas semanas mociones que critican la providencia del Tribunal Supremo que esta semana avaló 'de facto' una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que exigió en diciembre impartir un 25% de las asignaturas en castellano en todos los colegios e institutos de Cataluña.
En el caso de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), un texto en este sentido se aprobó ya ayer con los votos a favor del PSC, ERC, los comunes, Guanyem y Junts. PP y Ciudadanos votaron en contra. En la propuesta, planteada por los concejales de ERC, se reivindicaba la inmersión total en catalán y se calificaba de «ataque» al sistema educativo y a la lengua las providencia del Tribunal Supremo. «Un discurso anacrónico, que solo busca perpetuar la situación de minorización del catalán para evitar que en el futuro sea la lengua de encuentro de las nuevas generaciones de catalanes y catalanas», añadía la moción.
« Ningún tribunal puede usurpar la capacidad de los centros educativos de tomar las decisiones pedagógicas y didácticas oportunas para asegurar la formación lingüística y comunicativa del alumnado y que cualquier actuación hecha el margen de estas consideraciones educativas supone una distorsión grave en el proceso de aprendizaje del alumnado», añade la moción de los republicanos. Según la AEB, en otras localides como el Pat de Llobregat también se votarán iniciativas en la línea de Cerdanyola.
A pesar de ser de carácter meramente simbólico, los partidos y entidades favorables al modelo de inmersión lingüística total en catalán buscan aprobar este tipo de textos en tantos ayuntamientos como sea posible para generar un ambiente de rechazo social a la decisión del TSJC avalada esta semana por el Supremo. La Generalitat, por su parte, ha hecho en los últimos días declaraciones pidiendo a los centros educativos que sigan aplicando el modelo actual y no el 25% fijado por la justicia, hecho denunciado pro las organizaciones que, como la AEB, defienden un modelo bilingüe.
