Polémica en Portugal: prohíben los fuegos artificiales por el riesgo de incendios
La medida, que afecta a amplias zonas rurales, pone en pie de guerra a los empresarios del sector
El reciente incendio gigantesco en el Algarve, que no provocó víctimas mortales pero sí dejó un rastro de 27.000 hectáreas arrasadas a lo largo de ocho días de fuego devastador, ha desatado una medida drástica que prohíbe los fuegos artificiales en amplias zonas rurales de Portugal.
La iniciativa se puso en pie inicialmente para los periodos temporales de riesgo por posible acción de las llamas bajo las altas temperaturas, pero se ha ido ampliando en su aplicación. Finalmente, su vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre.
No afecta a todo el país, aunque sí a regiones como el interior del Alentejo, el Algarve o las proximidades de los núcleos de Guarda o Bragança, no lejos de la frontera con España por Zamora.
Numerosas fiestas populares se cruzan en el camino, con su programación deslucida por la ausencia de esos fuegos artificiales, que suelen hacer las delicias de pequeños y grandes avanzada la noche.
Pero así es, con la prohibición como una espada de Damocles que dispara las preguntas de la población al respecto. Y no, no hay vuelta atrás a juzgar por las declaraciones de un portavoz del Ministerio de Administración Interna, comandado por Eduardo Cabrita: «No está prevista una revisión de la Ley de Bases de Protección Civil ni de la Ley de Defensa de los Bosques contra los Incendios, que fijan medidas especiales de protección en lo que se refiere a incendios rurales».
Es esta doble normativa la que dicta la prohibición objeto de controversia. Pero, ¿por qué ha estallado la polémica en el país vecino? Pues porque la Asociación Portuguesa de Industriales de Pirotecnia y Explosivos ha puesto el grito en el cielo, p erjudicada por los nuevos planes vigentes .
Su reacción furibunda hizo que el Gobierno socialista intentara calmarlos con una llamada a la concordia y garantizando que se valoraría retirar la prohibición. Pero la tregua duró apenas 48 horas, tal cual acredita la respuesta gubernamental de última hornada.
Los empresarios dijeron en primer lugar: «Esperábamos garantías de una revisión y no se produjeron , pero sí nos dijeron que se pondría en cuestión». Ahora comprueban que las autoridades han dado marcha atrás, después de manifestar: «En el ámbito de la Declaración de Situaciones de Alerta, decidida por el Ministerio de Administración Interna, queda prohibido el uso de fuegos artificiales y otros artefactos pirotécnicos, independientemente de su forma de combustión». Y reiteran: «No se pueden lanzar cohetes ni petardos».
Al sector, en consecuencia, no le ha hecho ninguna gracia porque las pérdidas se cuentan por miles de euros. Nada extraño, por tanto, que se hayan lanzado a pedir compensaciones económicas: por ejemplo, la devolución de las tasas anuales que ya se les habían cobrado.
Además, los empresarios rechazan que la prohibición se produzca como consecuencia de una ley general y reclaman que vuelvan a ser las corporaciones locales las que decidan al respecto.
Igualmente, se agarran a las estadísticas de la última década para tratar de convencer a las instituciones de que los incendios con origen en fuegos artificiales no constituyen una «cantidad significativa».
Eso sí, se muestran de acuerdo en suspender los espectáculos pirotécnicos en caso de que las condiciones climatológicas así lo requieran (altas temperaturas, vientos de procedencia africana, etc.).
Más aún, la citada asociación de industriales acusa al Ejecutivo de António Costa de «electoralismo», de cara a los comicios legislativos de 2019. Lo que está claro es que la tragedia de Pedrógao Grande del año pasado hizo mucho daño a la imagen del Partido Socialista, pues despertó cientos de críticas contra su gestión.
Por esta razón, este año se ha priorizado la salvaguarda de vidas humanas. Y, de hecho, todo habría sido mucho peor si en el Algarve se hubieran registrado fallecidos.
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