Rebelión autonómica contra las restricciones de Sanidad
Madrid y el País Vasco lideran un frente contra el Gobierno que quiere imponer nuevas medidas, horarios y aforos
¿Pueden las autonomías rechazar las nuevas restricciones?
Seis comunidades rechazan lo que consideran un paso atrás en la desescalada y una invasión de competencias
El mismo Gobierno que hace tres semanas daba un salto al vacío y delegaba la gestión de la pandemia a las comunidades, quiere ahora recuperar el control de la crisis. El Ministerio de Sanidad impuso el pasado miércoles un nuevo semáforo de riesgo, de obligado cumplimiento, que forz ará a muchas comunidades autónomas a dar un paso atrás en su desescalada cuando la situación epidemiológica empieza a mejorar. Restaurantes, discotecas, bares, lugares de culto, gimnasios... podrían cambiar de nuevo sus horarios y aforos en función del riesgo epidemiológico.
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La decisión, tomada en el Consejo Interterritorial de Salud, ha puesto en pie de guerra a Andalucía, Madrid, Castilla y León y País Vasco que ya han anunciado que no acatarán el nuevo programa de restricciones. Galicia y Murcia han mostrado su absoluto rechazo, aunque aún están valorando cómo les afectará la medida. Sin embargo, Cataluña, que votó en contra, ha decidido acatar la medida y no formar parte de la rebelión.
«Arruinar Madrid»
No es rebeldía, dice la Comunidad de Madrid, pero se le parece. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso calificó el documento con las medidas planteadas de «absolutamente insensato y perjudicial», y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, adelantó su intención de recurrirlo ante la Justicia porque se quiere «arruinar Madrid» y perjudicar especialmente a la hostelería y la restauración por una «imposición política que no es sanitaria y sí arbitraria». Ayuso fue clara: «que conmigo no cuenten» .
Recordó además que las comunidades que se oponen, más allá de Madrid, suman en conjunto 30 millones de habitantes, de los 47 de España: «díganme qué unidad es esa». De acuerdo con ese documento, Madrid estaría en nivel 3, de riesgo alto, lo que supondría la vuelta del cierre perimetral , el cierre del interior de la hostelería , o la prohibición de actos masivos. No podría, por ejemplo, celebrarse la EBAU , ni las ferias y congresos de Ifema, ni las bodas , ni podría ir público hoy al partido de fútbol España-Portugal que se celebra en el Wanda.
El hecho de que también estén contra las medidas gobiernos como el catalán o el del País Vasco hacen pensar a los responsables madrileños que el Gobierno central «terminará reculando» . Critican el «poco sentido» de imponer ahora restricciones, cuando «las cosas empiezan a ir bien», después de que «hayan dejado a las comunidades autónomas solas durante meses aprobando sus propias medidas», y que lo hagan «sin un informe técnico sanitario que lo sustente».
Esta vez no es un duelo de Sanidad contra Madrid. Ni siquiera del Partido Popular contra el Gobierno socialista. El lehendakari, Iñigo Urkullu, calificó las nuevas medidas preventivas contra la pandemia suponen una «invasión de competencias» y evidencian «desconcierto absoluto» en la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno central. Urkullu se ha sumado a la rebelión Ayuso y ha asegurado que País Vasco «seguirá su propia hoja de ruta», aunque la normativa de Sanidad se publique en el BOE y sea de obligado cumplimiento, como recordó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Entre los rebeldes también está Castilla y León , pese a que en la votación del Consejo Interterritorial fue más tibio y la región se limitó a abstenerse. Ayer el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea aseguró que no aplicará las restricciones impuestas por Sanidad y las recurrirá en los tribunales . Igea dijo que era «incomprensible» que se suspenda el estado de alarma y ahora el Gobierno quiera recuperar el mando único, con la imposición de unas medidas que «invaden las competencias autonómicas». A su juicio, este giro «tiene que ver con el fracaso político que ha tenido con la segunda dosis de la vacuna» y ahora «paga así sus frustraciones», informa Montse Serrador.
Murcia y Galicia también seguirán su propia hoja de ruta, aunque prefieren esperar al informe de sus asesores jurídicos . «Galicia siempre acata las resoluciones de obligado cumplimiento, pero no podemos aceptar ni compartir, ni en la forma ni en el fondo, un documento que tenía carácter de recomendación y se intenta convertir en un documento obligatorio para todos», explicó el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de Galicia ofrece otro argumento: «Hay bastantes dudas de que un protocolo que se lleva a una reunión sin acreditar en el orden del día que se va a convertir en una normativa obligatoria se pueda cambiar durante el contenido de la reunión y convertirse en obligatorio al final». También critica que se asuma como consenso un documento no aprobado por comunidades que representan a más de la mitad de la población española» , informa Pablos Pazos.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, mostró también su desacuerdo y criticó una decisión que calificó de completamente injusta tras los sacrificios realizados. Pidió a Sanidad que recapacite y acuerde con las comunidades el plan de desescalada: «Queremos acuerdos de país, pero así no» , dijo en un acto público.
