El Gobierno fuerza a los ciudadanos al pago de las mascarillas obligatorias desde mañana

Érika Montañés

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20/05/2020
Actualizado a las 09:33h.

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El discurso de las autoridades sanitarias se ha ido modulando y el relato que comenzó con un «es recomendable para la población general» o está «indicada» para colectivos vulnerables pasará ahora al «por imposición» del mando único. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, adelantó ayer lo que ya es desde hace días una voz a gritos: obligará a los ciudadanos a llevar mascarillas «de tipo higiénico o quirúrgico» desde que hoy se publique la orden de su departamento que regule los espacios donde su uso será preceptivo. Mañana entrará en vigor, aunque Illa no quiso desvelar las sanciones que podría acarrear el incumplimiento de la nueva norma. 

La prenda por la que se decanta la cultura oriental se implantará en nuestro país, a expensas de que la orden especifique si excluye a algunos colectivos, como los niños, o si se regula para el interior de los comercios, los desplazamientos en coche, los supermercados y los hogares, cuando se reúna un grupo de personas (a partir de la fase 1, donde ya está el 70% del territorio nacional). Al decir del ministro Illa, la orden impondrá el uso en «espacios públicos cerrados, en la vía pública y lugares abiertos en los que sea imposible mantener la distancia de seguridad». En esta orden ministerial se reconfirmará la obligatoriedad de portar el «tapabocas» frente al coronavirus en los medios de transporte colectivo, como ya venía ocurriendo desde el pasado 2 de mayo.

A pesar de la generalización de su uso, lo que no ocurrirá, según despejó el ministro Illa en la rueda de prensa que ofreció ayer, es que se aumente la dotación de mascarillas entre las autonomías . El titular del Gobierno anticipó que la Administración no se va a encargar de distribuir el material necesario. En principio «cada ciudadano tendrá que proveerse del material que necesite» y costearlo, con grandes diferencias dependiendo del lugar donde resida.

Como publicó ABC en su edición de ayer, la oposición parlamentaria al Gobierno de Pedro Sánchez denuncia que ahora mismo las autonomías solo disponen del 12% de este material de protección comprado por el Ejecutivo cental, que se eleva a más de 821 millones de mascarillas . Algunas de esas comunidades, como Madrid, han distribuido material gratuito (con la tarjeta sanitaria) en las farmacias, para que cada ciudadano tenga al menos una de estas prendas de protección, aunque el tipo escogido (las m ascarillas FFP2 , de uso entre profesionales) fue motivo de ácidas críticas al equipo de Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, desde el País Vasco reconocieron ayer el déficit existente para hacer frente a la nueva regulación, así que para paliar la carencia, su Ejecutivo anunció la inyección de 600.000 euros en una línea de ayudas a dos empresas para potenciar la fabricación de mascarillas , informa Adrián Mateos . Según el Gobierno vasco, con este estímulo se garantizará la producción de 10 millones de máscaras de alta protección, además de 120 millones de quirúrgicas en los próximos seis meses.

Uno de los más escépticos con el uso universal de las mascarillas ha sido, durante los últimos dos meses, Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias comentó ayer que ha llegado el momento en que España está preparada para responder de forma adecuada a posibles rebrotes de Covid-19 , la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. El doctor Simón pidió responsabilidad para romper las posibles cadenas de transmisión. Reducir el riesgo y aumentar el aislamiento de los infectados fuerza a usar las mascarillas cuando no puedan mantenerse los dos metros de distancia interpersonal, o ante «cualquier duda» de riesgo de exponerse a sí mismo y a otros al virus.