La nueva ley de Universidades elimina los requisitos para ser rector y deja en manos de los alumnos temario y exámenes
El ministro de Universidades Subirats presenta el borrador de la Ley de Universidades con cambios respecto al aprobado en primera vuelta en Consejo de Ministros por Castells
Las acreditaciones para ser catedrático y profesor titular las harán las comunidades autónomas a través de un sistema de convenios y no solo la agencia estatal, como hasta ahora
La 'ley Castells' borra al Rey de la expedición de títulos oficiales
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha presentado en rueda de prensa el último borrador de la ley de Universidades , que fue aprobada ya en primera vuelta por el Consejo de Ministros. Esto se produjo cuando el ministro del ramo era Manuel Castells , que dimitió el pasado año. El nuevo texto introduce varios cambios, aunque Subirats ha insistido en «sigue las líneas trazadas» por su predecesor.
Las novedades más notorias respecto al último borrador, adelantado por ABC, es que las condiciones específicas para ser rector (que serán funcionarios o doctores) desaparecen. De pedirse un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia en algún cargo unipersonal se ha pasado a pedir, en su lugar, una serie de « méritos de investigación » y « experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal que determinen los Estatutos ». Este nuevo texto irá «en los próximos días al Consejo de Ministros», dijo el ministro.
Otra de las novedades importantes afecta al apartado dedicado a la función docente. Ahora se establece que «la participación vinculante del estudiantado deberá garantizarse en todo el proceso de creación de los planes de estudio y las guías docentes , así como en su proceso de implementación», apunta el nuevo texto difundido a todos los medios y sectores involucrados. Las guías docentes son las que definen temarios y exámenes. Subirats, preguntado por ABC, dijo que esto será negociado y que entender que «vinculante» es que los alumnos decidirán los exámenes « sería una interpretación abusiva de la palabra vinculante ».
Lo que no se ha contemplado, y era una petición de los estudiantes, ha sido aumentarsu porcentaje en los órganos de representación. Subirats ha mantenido el 25% en el claustro, 10% en el consejo de gobierno y ha quedado sin determinar su peso en las elecciones a Rector. «¿Por qué el ministerio no quiere aumentar su peso en los órganos de gobierno pero sí expresa claramente el 51% del profesorado?», se preguntó Nicolás Fernández , presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup).
Una «batalla campal» para contentar a todos
El objetivo que buscaba Subirats con esta norma era dejar más poder de decisión a las universidades, en lugar de que sea una ley orgánica la que decida por cada campus, « hacer una ley abierta », comentaban a ABC fuentes universitarias que han mantenido contacto con el ministros estos últimos días. De ahí que la elección del rector, por ejemplo, quede en manos de los estatutos. Esto, que parece muy acertado para algunos porque se potencia la autonomía universitaria es un problema para otros, que consideran que «cada universidad será una batalla campal», se quejaba un rector. Algo parecido ocurre con el mayor poder que tienen los estudiantes. Aunque en este sentido suele haber bastante más unanimidad entre los rectores: la medida no les convence a todos.
Unidades de igualdad y diversidad lingüística
Por otro lado, las unidades de igualdad deberán ser obligatorias en los campus . También las de «diversidad, defensoría universitaria y de inspección de servicios, así como de salud y acompañamiento psicopedagógico y de orientación profesional, dotados con recursos humanos y económicos suficientes».
El texto dice que las unidades de igualdad «serán las encargadas de coordinar e incorporar de manera transversal el desarrollo de las políticas universitarias de igualdad entre mujeres y hombres , así como de incluir la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad».
En el texto aparece un nuevo apartado, «Universidad y diversidad lingüística» que establece que «las universidades fomentarán y facilitarán el conocimiento y el uso de las lenguas cooficiales propias de sus territorios».
Las comunidades podrán acreditar a los catedráticos y profesores
Otra novedad es que las acreditaciones para ser catedrático y profesor titular las harán las comunidades autónomas a través de un sistema de convenios, y no solo la agencia estatal -es decir, la Aneca- , como ocurría hasta el momento. El texto dice ahora: «El acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de doctor/a, la previa obtención de una acreditación estatal por parte de Aneca que, valorando los méritos y competencias de las personas aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario». Y añade: «La Aneca acordará, mediante convenio, la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad autonómicas».
Formación a lo largo de toda la vida
En la rueda de prensa para presentar el borrador, el ministro esbozó las líneas generales de la norma, y dijo que «tenemos que superar la idea que te vas a dedicar toda la vida a eso de lo que has estudiado; el nivel de formación va a continuar a lo largo de toda la vida . En este momento un 6 por ciento de los universitarios tienen más de 30 años -los que hacen grado y posgrado- y tenemos que llegar a la mayor parte de la población posible», ha dicho Subirats.
«Se incorpora la necesidad de abrir la ciencia, de tener una ciencia ciudadana. Por otro lado, también tenemos el problema del envejecimiento de la universidad. Más de la mitad de los profesores permanentes van a entrar en edad de jubilación en los próximos ocho años. Hay que incorporar gente joven, y que no les sea eterno el proceso de estabilización ; todo esto es imposible si no mejoramos la financiación pública», agregó el ministro.
1% del PIB de financiación
Sobre esta cuestión de la financiación agregó «que no se ha recuperado el nivel de 2009. Es obvio que una ley, si quiere ser ambiciosa, o consigue mejorar la financiación o estamos pidiendo cosas imposibles . Esto supone llegar al 1 por ciento del PIB de la financiación pública. Esto también está en la Lomloe cuando habla del 5 por ciento dedicado a la educación».
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