«Su muerte fue un crimen»

Isabel Vega

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13/05/2020
Actualizado a las 01:58h.

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Se llama Laura Palomo y es una de las miles de personas que ha contactado estos días con el equipo de abogados que se ha querellado en el Tribunal Supremo contra todo el Consejo de Ministros por delitos de homicidio por imprudencia al no frenar a tiempo la propagación del coronavirus . Aunque más de 3.200 parientes de fallecidos han formalizado su intención de sumarse, son 116 quienes han completado el trámite: datos de identificación, un poder notarial a favor del equipo jurídico y un certificado de defunción que acredite el Covid-19 como causa de la muerte. En cola, muchos como Laura, que suena angustiada e indignada a partes iguales en su conversación con ABC. «A mi abuela no le dieron asistencia médica en ningún momento. Un crimen» , denuncia.

Anunciación tenía 86 años , vivía en una residencia de Burgos capital y no tenía patologías previas. «El fin de semana del 8 de marzo mi madre estuvo con ella. Nosotros vivimos en Madrid. Como el Gobierno decía que no pasaba nada, no hicimos nada. Pudimos haberla sacado aquel mismo día de la residencia», comenta.

Después, vino el aislamiento de este y otros geriátricos, a los que se dejó de permitir el acceso de visitas y finalmente, el estado de alarma. «El día 25 de marzo conseguí que la asistente con su móvil personal me pusiera a mi abuela por videollamada porque era su cumpleaños. Ese día ya se quejaba de que no se encontraba bien, pero no tenía fiebre, así que le decían que se quedara en la habitación . El médico de la residencia estaba de baja», explica.

La mujer tenía un seguro médico privado que tampoco respondía a las peticiones de asistencia de la familia por la misma razón, ausencia de fiebre. Pero siguieron contactando con ella y la mujer cada vez se encontraba peor, empezaba a costarle respirar. «El 31 por la mañana, amenazando directamente mi familia al seguro médico, fue una ambulancia a recogerla para llevarla a urgencias. Cinco horas después de llegar al hospital, falleció . El médico nos dijo que se podía haber salvado si la hubiésemos llevado antes», asegura.

En casa de Laura se habla en términos de «asesinato» . Ya estaban en manos de un penalista para dirigirse contra la residencia, sus gestores y el seguro cuando supieron de la querella contra el Gobierno, a la que están decididos a sumarse porque entienden que en su falta de diligencia empezó todo. La muerte de Anunciación, sería así, una entre 26.920 consecuencias directas.

Es la premisa de la que parte la querella, según explica uno de los portavoces del equipo de abogados, José Ignacio Sánchez Rubio: «El hecho presuntamente delictivo es no haber impedido teniendo obligación de hacerlo, que la pandemia llegue a estos niveles». Se atribuye homicidio por imprudencia grave a los 23 miembros del Consejo de Ministros «por la tardía adopción de las medidas adoptadas y, en su caso, de la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar los efectos de la epidemia». Se basan en el calendario de avance de la enfermedad antes del estado de alarma pero también en la gestión posterior.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo debe ahora decidir si la admite a trámite . Entretanto, penalistas consultados por ABC, coinciden en que no es temeraria pues se sustenta en los fallecimientos, pero sí harto complicada de acreditar y en cierto punto, indiscriminada: no todos los ministros tienen las mismas competencias ni así, la misma responsabilidad. Se trata de un delito por imprudencia, que exige acreditar que lo ocurrido era previsible y evitable y, además, por omisión de un deber al que le falta concreción. No es como disparar una pistola. Es dejar morir por no hacer caso al sonido del disparo. Pero la bala, ahí está.

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