Calvo insiste en que hay que seguir revisando la 'ley Trans' de Montero para que tenga seguridad jurídica

Calvo ha insistido en que este es el procedimiento normal con cualquier reforma normativa, que ya tiene que llegar a la comisión general de secretarios y subsecretarios de Estado de los jueves «muy madura». La número dos del Ejecutivo ha defendido que existe bajo su mando una oficina de calidad normativa que se dedica a garantizar que los textos que llegan al Consejo de Ministros lo hagan en las mejores condiciones, porque «cada ley que entra en el tráfico jurídico del país puede afectar a otras». La número dos del Gobierno ha insistido en que «no hay distinción ninguna» en el trabajo que se hace con cualquier norma más allá de que hay «materias más fáciles y materias más complicadas». La única distinción es esa, la de materias que requieren más trabajo o no, ha despejado el choque político la vicepresidenta.

No obstante, en las horas previas al Consejo de Ministros de hoy martes, se han intensificado los ataques dirigidos por Podemos contra el PSOE, concretamente, por lo que dicen es un freno de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo , a la llegada de la 'ley Trans' de Irene Montero a Moncloa el próximo 23-F . El departamento de Igualdad ha lanzado acusaciones muy gruesas a los socios del Gobierno de coalición por detener este proyecto estrella que la ministra Montero pretendía presentar en vísperas del 8-M de 2021.

Ayer, el debate fue escalando en la cruzada de dardos y en las críticas por filtraciones. Las diferencias que se han evidenciado en los últimos meses sube de grados, ya que el Ministerio de Igualdad acusó a los socialistas de bloquear la aprobación del anteproyecto. Moncloa ha respondido responsabilizando a los morados de alterar la tramitación normal de la norma con la filtración del borrador de un texto que solo contiene las aspiraciones de la formación morada, y fijando «fechas topes de forma unilateral, que no se corresponden con la marcha actual de los trabajos de la ley». La vicepresidenta Calvo insiste en que son los ministerios de Justicia y Sanidad , en manos de socialistas, los que deben depurar ahora la propuesta de la norma y que no se está frenando la ley arbitrariamente, sino en busca de su mejora y encaje jurídico adecuado.

Sin embargo, fuentes de Igualdad han denunciado que la Comisión de Subsecretarios que encabeza la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que se encarga de decidir qué iniciativas están listas para pasar al Consejo, ya ha descartado esta opción. A pesar de que varios medios, ABC entre ellos, habían publicado que esto se iba a producir por la oposición de Calvo a que la 'ley Trans' llegase redactada tal y como está ahora mismo en el borrador, las mismas fuentes de Igualdad aseguran que su sorpresa ha sido «mayúscula» antes del Consejo de Ministros de hoy día 16.

Desde Igualdad, y según informa la agencia Ep y la Cadena SER, defienden que ambas leyes están a disposición de todos los Ministerios desde hace 10 días e, incluso, que ya se han incluido observaciones realizadas por Vicepresidencia del Gobierno. Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra , ha señalado que su partido «no está en ninguna competición» con Unidas Podemos y que «no hay ningún tipo de conflicto» . Lastra ha explicado que había «urgencia» por presentar la ley, así como asegura que «todos están de acuerdo en que es una ley positiva y necesaria». Así lo ha expresado durante una rueda de prensa en el Congreso, a la que el PNV ha contestado que empieza a cansarse de las diferencias internas entre estos partidos, informa Gregoria Caro.

A Calvo también le han preguntado este martes por esa ley Zerolo, que fomenta la lucha contra la discriminación en cualquier colectivo y que lleva el PSOE al Parlamento. Respecto a este debate en el Congreso de los Diputados a partir de la proposición de ley del PSOE sobre igualdad de trato y no discriminación, la vicepresidenta Carmen Calvo ha justificado que esta norma pretende «trasponer a nuestro país directivas europeas que estaban sin trasponer desde el año 2000». Calvo ha justificado que se trata de «otro elemento más de avance de este gobierno, en este caso en sede parlamentaria», reconociendo que forma parte de un abanico normativo junto a «otras leyes en el marco del ministerio de Igualdad». En Unidas Podemos ha generado mucho malestar por interpretar que invadía competencias del Ministerio de Igualdad. De hecho en el PSOE y en el Gobierno desconocen si UP va a apoyar hoy la proposición en el Congreso.

El principal escollo que distancia a PSOE y Podemos es la libre determinación de género que contempla la propuesta de Igualdad y la falta de seguridad jurídica para los chavales menores de 16 y 17 años que contempla la norma. Además, creen que la norma supone un nuevo paso de Podemos para implementar la teoría 'queer' en las normas que articula. Calvo aseguró en una entrevista la pasada semana que está preocupada por que la norma da «la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles»; unas palabras que generaron duras críticas desde Unidas Podemos y también de la diputada socialista de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, quien ayer justamente denunció un episodio de transfobia por parte de un diputado de Vox en la Asamblea de Madrid.

Fuentes de Moncloa consultadas aseguran que «el Gobierno está comprometido y trabajando en una norma legal que proteja los derechos y evite las discriminaciones del colectivo LGTBI y lo está haciendo de la misma manera que se elabora cualquier otro anteproyecto de ley: con calidad normativa y seguridad jurídica y teniendo en cuenta las aportaciones de lo ministerios concernidos». Hoy mismo se debate en el Congreso de los Diputados la toma en consideración para su tramitación parlamentaria de la llamada 'ley Zerolo', que es la propuesta paralela del PSOE para eliminar todo sesgo de discriminación en el trato, también a personas transexuales.

Las mismas fuentes de Moncloa aseguran que « el Gobierno hubiera preferido que este trabajo hubiera seguido los cauces habituales como en la tramitación de cualquier otra ley y que de manera interna se elaborara un texto consensuado». «Pero la filtración pública de un borrador que solo responde a las aspiraciones de uno de los partidos que forma parte de este gobierno no lo está haciendo posible», añaden. Asimismo, recalcan que «es necesario dotar al anteproyecto del rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos».