La justicia registra la sede de Lactalis y la planta del brote de salmonela
La empresa está siendo investigada por engaño agravado y por incumplir el procedimiento de retirada de productos
Varios magistrados y 70 policías e investigadores ha registrado durante varias horas la sede y varios centros de producción de Lactalis, protagonista de un oscuro escándalo de leche contaminada en proporciones mal conocidas pero inquietantes.
Magistrados y policías han registrado sedes e instalaciones en varios lugares: Torcé (Ille-et-Vilaine), Changé (Mayenne) y Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). La justicia ha comenzado a instruir posibles delitos cometidos por el grupo lácteo, sobre el que sospechan cargos de «engaño agravado para la salud humana».
Lactalis es uno de los cinco primeros grupos lácteos del mundo, con un volumen de negocios superior a Nestlé, DFA, Friesland y Danone.
En Francia se han detectado 37 casos de niños de corta edad, contaminados por salmonela, tras el consumo de productos lácteos fabricados y/o distribuidos por Lactalis, cuyo culto del secreto empresarial y comercial ha agravado un caso de alcance imprevisible.
Lactalis y la gran distribución que tenía a la venta los productos potencialmente dañinos para la salud comenzaron por retirar del mercado cantidades importantes de leche y derivados. Pero la aparición de algunos casos de niños afectados por la salmoneda, en España y otros lugares, obligó al Gobierno y la justicia tomar primeras medidas.
Abierta la investigación preliminar, la justicia deberá proceder más adelante a confirmar las sospechas más graves, inculpando o no inculpados a Lactalis o algunos de sus dirigentes, si se confirmasen las sospechas.
Inquieto por los primeros indicios de la crisis, Xavier Beulin, presidente de la Federación Nacional de Explotaciones Agrícolas (FNEA) decidió pedir «explicaciones públicas» a la dirección de Lactalis, cuyo director general, Emmanuel Besnier, hizo una primera declaración: «Nuestra empresa ha cumplido con todos los requisitos y procedimientos legales».
A través de la Oficina Central de Lucha contra las Infracciones al Medio Ambiente y la Salud, el Gobierno decidió actuar, ordenando operaciones de control y retirada «total» de productos potencialmente peligrosos, cuando ya se conocían 37 casos de niños afectados.
Bruno Le Maire, ministro de Economía, «invitó» a los dirigentes de Lactalis a ofrecer «mayor transparencia», advirtiendo que la empresa sería «sancionada» si se confirmasen las sospechas judiciales.
Un portavoz oficial de Lactalis ha comentado con «tranquilidad» el registro policial y judicial de la empresa, afirmando que el grupo está poniendo a disposición de los investigadores todos los elementos de juicio necesarios”.
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