Una trampa saducea

«Comisión o no comisión, qué comisión, esa es la cuestión». Me imagino a monseñor Hamlet repitiendo en voz alta esta frase por los pasillos de la Conferencia Episcopal. El obispo secretario, monseñor Luis Argüello, siempre equilibrado y certero, demasiado silente, dijo hace ya tiempo: «Pero nos encontramos en una especie de trampa saducea: si la Iglesia , con argumentos jurídicos, pusiera alguna dificultad para participar en esta investigación sería presentado como una negativa absoluta. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos , si la comisión se aprueba y en qué términos».

Todo apunta a que, de las tres posibles comisiones, la política del Congreso, la de expertos -promocionada con un curioso interés por el PNV-, y la del Defensor del Pueblo, que también será de expertos, se va a imponer esta última, según lo que le susurra a Pedro Sánchez su directora espiritual, Carmen Calvo .

En el texto de la Proposición No de Ley «por la que se encomienda al Defensor del Pueblo la elaboración de un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica» hay una serie de inconvenientes. Aparece reiteradas veces la palabra denuncia, que implica la actuación de los jueces o del ministerio fiscal. El Defensor del Pueblo solo es competente para actos relacionados con las Administraciones Públicas o funcionarios, según el artículo 9 de la Ley Orgánica.

La Iglesia no es una Administración pública . En el caso de que el Defensor le encomendara la investigación a un grupo de expertos, se tendrían que garantizar los Acuerdos Iglesia-Estado, la inviolabilidad de los archivos de la Iglesia, el respeto a la presunción de inocencia, los procesos judiciales en curso…

También habría que aclarar quién elige a los expertos, en función de qué criterios, con qué garantías de independencia, quién podría ser el representante de la Iglesia. Vayamos a la trampa saducea, pregunta capciosa, respuesta inconveniente.

Pase lo que pase es el Gobierno quien tuvo la iniciativa de crear la Comisión ante la negativa de los obispos a investigar. Si los obispos la rechazan, con más razón. Y si participan lo hacen en segundas nupcias.