Los inspectores de Educación no entrarán en las aulas catalanas
El Ministerio asegura que vigilará si se cumple la sentencia «de otro modo»
La interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da a la Generalitat un plazo de 15 días para que ejecute la sentencia que obliga a dar al menos el 25% de las clases en castellano en todo el sistema educativo requiere a la Alta Inspección Educativa la verificación de su cumplimiento. No será una tarea fácil para el que es el único instrumento con que cuenta el Estado en Cataluña en esta materia, un organismo con únicamente dos funcionarios en nómina en esta comunidad y que deberá velar porque se cumpla la sentencia en los más de 4.500 centros educativos catalanes Como se dice, la aplicación del 25% de castellano va a ser una cuestión de fe, en tanto que la comprobación ‘in situ’ de su aplicación es una tarea imposible.
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Según fuentes del Ministerio de Educación y FP consultadas por Ep, la Alta Inspección actuará una vez pasados los 15 días que tiene de margen la Generalitat para aplicar la sentencia y lo hará dentro de sus competencias y de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales. En todo caso, las mismas fuentes también precisaron que los inspectores no entrarán en los centros educativos , sino que el procedimiento será otro. Ese procedimiento se comunicará primero al TSJC.
«Fácil de cumplir»
Así las cosas, se da por hecho que el control únicamente va a ser telemático , tal y como recononcen desde la entidad Escuela de Todos, que agrupa a las asociaciones que lideradas por Asamblea por una Escuela Bilingüe se han unido para velar por el cumplimiento de la sentencia.
Para José Domingo, es «relativamente fácil» que el consejero Josep González-Cambray cumpla con la orden del tribunal, porque tiene que emitir una orden a los centros, pedirles que le contesten y reclamar también a la Inspección Educativa autonómica que supervise el cumplimiento de la sentencia.
Además, recordó este martes que la Alta Inspección Educativa, dependiente del Gobierno, puede reclamar información a los centros, como le exige el tribunal, vía correo electrónico, ya que al contar con solo dos efectivos en Cataluña es materialmente imposible recorrer todo el territorio .
Al menos aparentemente, el Gobierno aseguraba este martes que piensa acatar lo que ordena el TSJC y ordenará a la Alta Inspecció que actúe. « Las sentencias están para cumplirlas, los pronunciamientos de los tribunales han de acatarse y lo que haremos desde el Gobierno será actuar con la Alta Inspección para que dentro de nuestras competencias se cumpla con esta jurisprudencia y con la indicación de los tribunales», apuntó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la celebración del Consejo de Ministros. En los mismos términos se expresó la minisra de Educación, Pilar Alegría: «Las sentencias cuando son firmes son de obligado cumplimiento, por tanto no ha habido ningún tipo de debate».
Aparentemente, la disposición del Gobierno está, otra cosa es que los instrumentos con que cuenta sean mínimos. Nada que ver con la capacidad que tendrían los 236 inspectores (cifra de 2021) con que cuenta la Inspección Educativa en la comunidad, un cuerpo estatal pero gestionado y controlado por la Generalitat. Ni están ni se les espera.
Como informó ABC, la Inspección Educativa en Cataluña, traspasada a la Generalitat a principios de los años ochenta, cuenta con un nivel de interinaje sin parangón en España -eran el 60% en 2021, y hasta 2020 en que se convocaron un centenar de plazas ocho de cada diez inspectores eran nombrados por la Generalitat y no accedían al cargo a través de oposiciones-, lo que garantizaba al gobierno catalán, según denunciaba el sector, un control político directo sobre el órgano .
Acción penal, última ratio
En cualquier caso, desde Escuela de Todos se advirtió a la Generalitat de que la plataforma no se quedará pasiva, si no se cumple la sentencia. «Se abre una nueva etapa de la escuela en Cataluña. Todo son ventajas », apuntó Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que forma parte de la plataforma. Así, desde Escuela de Todos se informará a todos los directores y no descartan emprender acciones legales. «Somos muy cuidadosos con la acción penal, es la última ratio», añadió Domingo.
