Indignación en todas las esferas por la alerta de seguridad de EE.UU.: «España no es tercermundista»
El sistema jurídico, el sanitario y policial deploran las críticas vertidas en ABC sobre el mal trato que reciben las víctimas de agresión
Nadie en España, de los interpelados por este periódico, ni en el sistema sanitario, ni en el policial o jurídico, se alinea con las acusaciones vertidas por el ministro consejero de Estados Unidos en nuestro país, Ben Ziff, el pasado martes en ABC . El legado diplomático encargado del asunto justificó la alerta de seguridad que emitieron el 3 de febrero la Embajada y el Consulado General a todas sus compatriotas en un «repunte constante de agresiones sexuales» en suelo español. La circular previene a las ciudadanas estadounidenses de que no viajen solas a España , ni beban alcohol de modo irresponsable , tras haber detectado esa tendencia al alza preocupante en los últimos cinco años. Siempre según Ziff, a las víctimas no se les está dando el trato óptimo en las comisarías o en los hospitales, dejándolas desprotegidas.
Sus declaraciones han caído como un jarro de agua fría entre agentes especializados en velar por la mujer, como la UFAM (Unidades de Atención a laFamilia y Mujer) del Cuerpo Nacional de Policía, que de forma anónima repudian las palabras del «número dos» de la Embajada. Lo que más enfada a los agentes y también a los facultativos tanteados son los ejemplos ofrecidos por Ziff, quejas en mano de ciudadanas norteamericanas que leyó a este diario el personal de la Embajada: « Una mujer se presentó ensangrentada en comisaría y no se la atendió . Lo mismo les ocurrió a otras dos en hospitales españoles», defendió el ministro consejero.
«Jamás se desatiende a una mujer y se le otorga siempre un trato cuidadoso. España no es un país tercermundista», reprueba una agente de la UFAM. «En cuanto hay una mínima denuncia, se activa un protocolo especial que goza de la mayor sensibilización hacia la mujer», añade Carlos L., jefe de admisión de Urgencias de un hospital valenciano, y que «pone en estrecho contacto, con comunicaciones cifradas permanentes, a la Sanidad pública y a los cuerpos policiales», describe.
En páginas de ABC , Ziff también afirmó de forma airada que en nuestro país se empieza a partir de la duda y el cuestionamiento hacia la víctima que interpone una denuncia por agresión o acoso sexual; que se las «menosprecia» con preguntas como si han bebido, si conocían al agresor de alguna ocasión anterior o si tienen seguro de violación, extremos que no conciben los responsables de la diplomacia del Gobierno de Donald Trump. Bajo el enojo de la Embajada subyace cómo se ha abordado en Murcia el caso de tres hermanas norteamericanas que denunciaron a tres jóvenes afganos por una presunta agresión sexual cometida en Nochevieja.
Las jóvenes, de 18, 20 y 23 años, no han vuelto a España para ratificar la denuncia y la investigación policial sigue en curso, a la espera de determinar si hubo o no tal agresión.
Silencio administrativo
Mientras el Ministerio del Interior omitió ayer valorar las declaraciones del representante de la Embajada, un inspector apunta que «tiene que haber algo más» amén del enfado por el caso de Murcia. Por su parte, el inspector de Policía Serafín Giraldo rechaza el aviso de seguridad lanzado por EE.UU. y apela al «sistema garantista» que ofrece España a cada una de las víctimas que interpone una denuncia. Refuta de principio a fin las declaraciones de Ben Ziff a este diario y asegura que el trato que se ofrece a todas las mujeres es exquisito; incluso invita a las autoridades estadounidenses a comprobar cómo funciona el sistema español desde que se activa una denuncia por agresión.
De los «dardos» dirigidos por el ministro consejero de Estados Unidos no se libraron tampoco los medios de comunicación ni el sistema de protección penal. Ziff cargó contra el modelo español porque, a su juicio, el idioma supone una barrera real en las comisarías y los juzgados. Y subrayó como del todo innecesario que una víctima extranjera tenga que volver a este país para ratificar una denuncia o para declarar, así como contratar un abogado de acusación y que no se le brinde uno de oficio. «Es totalmente falso», le rebate el coordinador del Servicio de Orientación Jurídica para Extranjeros del Colegio de Abogados de Madrid, Mariano Calleja. El letrado pone énfasis en que se brinda toda la atención a las mujeres para evitar su «revictimización» en pleno trauma. Lo que sí «es inviable –conviene Calleja– es que se ignore en España el derecho a la presunción de inocencia de los denunciados como agresores, por lo que es necesario que tras la denuncia ante la Policía, su aceptación en el Juzgado, se tenga que ratificar en el proceso». Si no, se desvirtúa ese principio de presunción.
«El de España es un derecho penal de hechos; el estadounidense, de motivación o de móvil. Con nuestro proceso también se logra que la denuncia decaiga si alguna persona no quiere continuar con ella». «De lo que se queja Ziff es de la ratificación judicial, pero tal vez las tres hermanas no hayan ratificado su denuncia por los indicios que obran en poder de la investigación de la Policía sobre su caso en Murcia», desliza.
Defensa gratuita
Asimismo, respecto a la objeción formulada por Ziff acerca de que en España no se pueda declarar por videoconferencia, el abogado corrobora que la declaración presencial ofrece más garantías, que la tecnología supondría mayor carga de gastos para la Administración de Justicia y que, en un delito íntimo sin testigos, como una violación, «el relato de la víctima ante la Administración tiene un plus de veracidad». Las hermanas de Ohio podrían acogerse a «ser testigos protegidos y no lo han hecho. No se les está juzgando ni por ser extranjeras ni por ser mujeres, pero si no ratifican no hay procedimiento», dice.
Por último, para Calleja, el legado diplomático yerra al aseverar que no se les ha brindado un abogado de oficio, porque las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos no tienen que acreditar medios ecónomicos para tener uno. El Ministerio fiscal ejerce también de acusacion particular. Conozco, además, cinco asociaciones que las hubiesen defendido gratuitamente» .
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