El Gobierno frena los confinamientos «a la carta» que quieren las comunidades

El ministro de Sanidad defiende que todavía «hay margen» para tomar medidas Illa descarta el confinamiento domiciliario y pide dos semanas para valorar las medidas actuales

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Víctor Ruiz de Almirón

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El Gobierno no niega rotundamente la posibilidad de alguna fórmula de confinamiento domiciliario, no puede hacerlo, pero sí manifiesta que no está dentro de su plan de acción deseado. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, está convencido de que si las comunidades autónomas exprimen al máximo sus competencias habituales y el marco excepcional del estado de alarma se puede evitar el confinamiento domiciliario.

La cuestión está encima de la mesa. Y en La Moncloa se han estudiado las diferentes alternativas jurídicas para estar preparados si se adopta la decisión. Pero a la vez el mensaje que lanza el Gobierno es que no se quiere llegar tan lejos. El tema fue objeto de debate en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero no se alcanzaron acuerdos concretos.

El ministro de Sanidad defendió ayer que son necesarias «dos o tres semanas» para ver el resultado que dan las medidas que ya están en funcionamiento. Un plazo que no es fijo. El estado de alarma se aprobó el 25 de octubre, pero las regiones van tomando medidas constantemente, hasta ayer mismo, con lo cual el Gobierno siempre va a poder aferrarse a ese dinamismo para acomodar ese plazo.

El Gobierno quiere evitar llegar a esta medida por el impacto económico que podría ocasionar, y entiende que las medidas ya adoptadas son muy contundentes. Algo que es compatible con la descripción «preocupante» con la que el ministro describió la situación en su reunión con los consejeros de sanidad. Pero la negativa de Illa está sujeta a condicionalidad. Se descarta «por el momento» el confinamiento domiciliario porque «si se cumplen estas medidas y nos damos el tiempo para valorarlas en principio las cosas tienen que funcionar».

Sin avances

El aumento de la curva de contagios y de la presión hospitalaria hace pensar a varias comunidades en la necesidad de un golpe contundente. Varias regiones explican en privado el temor a que las medidas actuales solo sirvan para estabilizar la situación y cronificarla varios meses, pero no para lograr mejoras contundentes. Incluso las comunidades que han mejorado su situación en fechas recientes, como la Comunidad de Madrid, muestran preocupación por la llegada de las temperaturas más bajas, las enfermedades respiratorias comunes y su efecto en la saturación de las UCI.

El debate está ya encima de la mesa, pero el Gobierno pide tiempo y receta paciencia a una regiones que, en algunos casos, ven como la situación actual es mucho peor que la de la primavera. En la reunión del Consejo Interterritorial celebrada ayer fueron varias las que plantearon esta cuestión. Varias fuentes presentes en la reunión apuntan a que fue Castilla y León quien solicitó abiertamente que se permita a las comunidades adoptar un confinamiento domiciliario. Lo que esta región reivindicó es contar ya con un marco legal que lo posibilite. Una petición que ya realizó el lunes Asturias, y a la que también se sumaron Ceuta y Melilla.

El País Vasco reclamó que esa posibilidad se contemple legalmente en el marco del estado de alarma. Mientras que desde Andalucía se intervino en la reunión para pedir al Gobierno que aclare «cuanto antes» si tiene la intención de decretar confinamientos domiciliarios. Pero aseverando que ellos no reclaman esa medida porque esas competencias son del Gobierno. Pero el ministro Illa quiso zanjar el debate: «No ha habido discusión más allá de las comunidades que ya expresaron su opinión. Algunas han señalado que no se puede perder de vista este horizonte», dijo Illa tratando de restar trascendencia a ese debate.

Algunas comunidades lamentaron que el único acuerdo concreto que se alcanzó ayer fuese la declaración conjunta aprobada por unanimidad para condenar las actitudes violentas que se han sucedido estos días en varios puntos de España. Varias regiones lamentaban que no se produjesen avances concretos.

Sobre la posibilidad de anticipar las franjas en las que aplicar el toque de queda, el Gobierno insiste en que el decreto establece que cada autonomía puede fijarlo entre las 22 horas y la medianoche. Pero Illa animó a las que consideren que deben anticipar el fin de la actividad en la jornada a tomar medidas adicionales en base a su legislación ordinaria, como decretar ceses de actividad en horas más tempranas. El Gobierno carga la responsabilidad de doblegar la curva en las medidas que puedan tomar las regiones porque «queda margen» para seguir tomando medidas. Algunas regiones plantean ya el doble perimetraje: cerrar su territorio y a la vez hacer lo propio con cada municipio. El otro punto de actuación que se generaliza es el de incrementar las restricciones en la hostelería.

Respecto al conflicto sobre la vigencia de las medidas, y si éstas tienen que aplicarse o no en siete días consecutivos, se acordó que con carácter general ese sea el plazo mínimo de duración pero que si hay situaciones específicas «lo vamos a discutir bilateralmente».

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