Igualdad amplía la cobertura a prostitutas y víctimas de trata, pero abre muchas vías de agua con su instrucción

Érika Montañés

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22/04/2020
Actualizado a las 09:30h.

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Las ONG y entidades especializadas en la detección de situaciones de trata, explotación sexual y víctimas de prostitución vulnerables serán las que decidan qué mujeres tienen que ser beneficiarias del ingreso mínimo vital diseñado por el Gobierno para la crisis del coronavirus. Según fuentes de estas plataformas consultadas, los cálculos no van más allá de las 5.000 personas, aunque el temor que subyace por parte de algunas entidades es que puedan pedirlo más personas de las que realmente se encuentran atravesando esta difícil situación.

El departamento de Igualdad, cuya ministra se incorporó al Consejo de Gobierno tras seis semanas de reclusión por la enfermedad, publicó ayer una nueva instrucción por la que se refuerza el plan de contingencia contra la violencia de género ante el Covid-19 . Dicho documento amplía la cobertura de protección a las mujeres en contextos de extrema vulnerabilidad y a las que se encuentren en situación administrativa irregular; la mayoría, según las ONG, de las mujeres explotadas en nuestro país, donde la Policía Nacional identifica a unas 16.000 «víctimas potenciales» o en situación de riesgo de caer en manos de mafias proxenetas .

Estas personas podrán recibir el ingreso mínimo vital durante el estado de alarma, informó ayer Igualdad, en cumplimiento –alega el Ministerio– del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que advirtió de que las personas que tienen más riesgo de verse afectadas de modo desproporcional por el Covid-19 han de ser ayudadas.

El objetivo es, según difundió Irene Montero en su cuenta de Twitter, que ninguna mujer se quede en el camino y se «garanticen las condiciones mínimas de subsistencia» a este colectivo. Además, de acuerdo con el nuevo plan de contingencia, víctimas de trata y de explotación sexual y prostitutas también podrán acogerse a las «soluciones habitacionales» que prevé el Programa de Ayuda a las Víctimas de Violencia de Género, que modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, según la Orden TMA/336/2020 de 9 de abril. En el plan de contingencia no se concreta si se van a aprobar medidas adicionales en el caso de que estas mujeres resultan infectadas o enfermas de Covid-19 , lo cual genera algunas reticencias en entidades de trabajo con el colectivo.

Lo que sí se especifica es la «hoja de ruta» que deberán seguir las ONG especializadas que trabajan con estos colectivos de mujeres . Estas entidades serán las que presenten el informe para la solicitud del ingreso mínimo vital, que será remitido a los servicios sociales, para que estos aprueben o nieguen la solicitud. Estas ONG han de cumplir, a su vez, una serie de requisitos para poder hacer el informe, como una experiencia de más de cuatro años y tener teléfono de atención de 24 horas. De hecho, Igualdad ha difundido los teléfonos y WhatsApp de cinco entidades que ya cumplen esas exigencias ( Proyecto Esperanza, Diaconía, Apram, CYMTM y Villa Teresita ) para que las mujeres se pongan en contacto y acrediten su situación de suma vulnerabilidad.

En esta línea, el Ministerio destaca que para garantizar el derecho a la información de las víctimas de explotación se reforzará la difusión de los teléfonos de atención 24 horas del teléfono gratuito de la Policía Nacional específica de trata, así como los correos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para que todas sepan dónde acudir. Igualdad expone que «desde la declaración del estado de alarma, debido a las medidas de restricción de la movilidad, las entidades y ONG de atención e intervención psicosocial han tenido que paralizar su actividad asistencial y ambulatoria, exponiendo a las mujeres a un escenario de desprotección de sus derechos».

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