La Iglesia reconoce que menos de un 3% de los inmuebles registrados a su nombre no son suyos

Se pone a disposición del Gobierno para regular hasta 965 de estas construcciones o terrenos de más de 34.000 que desconocía

La reunión de este lunes entre Sánchez y Omella Pool Moncloa | Vídeo: EP
Víctor Ruiz de Almirón

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Hay acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia. Ambas partes han emitido este mediodía un comunicado conjunto en el que trasladan que, a partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en el periodo 1998-2015 , la Conferencia Episcopal, en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis. «Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados», explica el comunicado.

De ese análisis la Iglesia ha constatado que cerca de un millar aproximado de bienes son propiedad de un tercero o no les consta titularidad sobre el mismo . Los datos de estos bien han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal Española. A partir de aquí, el Gobierno se tendrá que poner en contacto con las entidades locales para iniciar los procesos de regularización. «A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido este lunes con el Cardenal Omella para poner el broche al «acuerdo sobre inmatriculaciones alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal», según aseguran desde La Moncloa. Hace unos días eran Bolaños y Omella los que mantenían una reunión para ultimar el acuerdo.

El acuerdo se ha perfilado en las últimas horas pero tiene su origen en el pasado mes de agosto, cuando Bolaños y Omella aceleraron los trabajos de la comisión constituida entre ambas partes dentro del diálogo entre la Iglesia y el Estado español, sobre el asunto relativo a los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica.

Según los datos del Gobierno, entre 1998 y 2015 la Iglesia católica inmatriculó 34.961 bienes utilizando como herramienta un decreto del primer Gobierno de José María Aznar. Una fórmula mediante la que tan solo hacía falta una certificación eclesiástica. Ese listado de cerca de 35.000 inmuebles comenzó a elaborarse a raíz de una iniciativa del PSOE en el Congreso de los Diputados en el año 2017.

Fue en febrero de 2021, hace menos de un año, cuando se publicó ese listado. Más de la mitad, 20.014 inmuebles, se definen en ese listado como lugares de culto. Mientras que 14.947 tienen otros destinos. Es a partir de ese listado, y muy centrado en ese segundo grupo de inmuebles, donde la Iglesia ha realizado un análisis del que ha resultado esa primera cifra de 965 inmuebles. Según el informe elaborado por la Conferencia Episcopal, de los 34.976 registros incluidas en el listado, se han verificado de manera correcta un total de 32.401 por las diócesis respectivas. Así, estas propiedades a las que la Iglesia no les consta su titularidad, suponen un 3% del total.

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha asegurado mediante un vídeo que el encuentro ha sido «cordial» y ha habido un deseo de «colaboración para el bien común». Según ha explicado, se han tratado varios temas sociales, como la pobreza, la inmigración o las consecuencias de la pandemia, además de otros en los que «podemos diverger un poco más», los que afectan al tema de la moralidad: aborto, eutanasia y educación. «Creo que ha sido un momento muy bonito de acercamiento para esa colaboración».

Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, se ha referido a la culminación del trabajo de revisión de los bienes inmatriculados de la Iglesia. «También hemos hablado del futuro de los trabajos a realizar sobre todo en el asunto del régimen fiscal que ha quedado también muy encauzado», ha subrayado. «Podemos valorar la conversación como satisfactoria por ambas partes», ha concluido.

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