Profesores catalanes piden amparo al Defensor del Pueblo ante la instrumentalización de las universidades
El detonante de esta queja de Universitaris per la Convivència (UpC) son los manifiestos aprobados por los claustros de todas las universidades públicas catalanas tras la sentencia del «procés»
Los profesores universitarios catalanes piden amparo . Una delegación de Universitaris per la Convivència (UpC), un colectivo de docentes que desde 2018 trata de acabar con la imposición de la ideología en las aulas, se ha reunido esta mañana con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para pedirle que requiera a las universidades de Cataluña para que cesen en actos y declaraciones políticas como la elaboración de manifiestos favorables a la tesis de los partidos independentistas tras la sentencia del «procés» que, a su juicio, «vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la educación », según explican desde el colectivo a ABC.
«Le pedimos que interceda porque se trata de un tema de derechos fundamentales , las autoridades autonómicas no nos hacen caso. No reconocemos al Síndic de Greuges porque no actúa con neutralidad. Esta autoridad sistemáticamente ha sido muy poco sensible con lo que tiene que ver con la neutralidad de las actuaciones, y hemos buscado un lugar donde pensamos que nos pueden amparar », explica Maribel Fernández, profesora titular de Comunicación en la Universidad Autonómica de Barcelona (UAB) y una de las portavoces del colectivo.
Según este colectivo, la aprobación de este tipo de manifiestos en los claustros de las universidades catalanas , además de ser «el colmo de la instrumentalización», «excede las funciones de un claustro», que además, considera, «no tiene legitimidad para aprobar este tipo de documentos»: «Una universidad no tiene libertad de expresión. Es un derecho que pertenece a las personas, cada uno a título individual, pero no en nombre de toda la universidad», explica Fernández. Denuncia también que la función de estas instituciones de enseñanza no es tomar parte «de una manera tran increíble» a favor de un sector concreto. «Además, el manifiesto es completamente opuesto a los valores constitucionales, cosa que nos parece que una universidad no debe permitir», dice.
A su juicio, este tipo de actos vulneran la libertad «de toda la comunidad educativa». Como colectivo, han recibido varias quejas de docentes que no se sienten representados con esta imposición ideológica en las universidades de Cataluña. El trato del Defensor del Pueblo, explica Fernández, ha sido «muy receptivo». «Nos ha escuchado, nos ha atendido muy bien y nos queda esperar a alguna resolución».
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