El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la ley de Galicia que abría la puerta a la vacunación obligatoria

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la modificación de la Ley de salud de Galicia que abría la puerta a que la vacunación contra el Covid-19 fuera obligatoria. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Esta ley autonómica que vamos a recurrir obliga a la ciudadanía a someterse a medidas de prevención, como la vacunación obligatoria», ha señalado.

El Ejecutivo había preguntado hace unas semanas al Consejo de Estado sobre la posible constitucionalidad de esta modificación de ley , y es ahora cuando se ha pronunciado a favor de presentar este recurso tras el dictamen de este órgano. Según defiende el Gobierno, la norma realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los correspondientes departamentos ministeriales.

El recurso, que puede ser presentado hasta el 26 de mayo, llega después de que el Gobierno considere que la norma introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que según el artículo 81 de la Constitución española están reservadas a una Ley Orgánica. La norma autonómica «regula pormenorizadamente» los mecanismos extraordinarios para tutelar la salud pública ante crisis sanitarias con respecto a la legislación estatal, «incidiendo sobre los derechos fundamentales de una manera que no se puede considerar un mero desarrollo de la Ley Orgánica estatal».

Aquí, ponen de ejemplo el artículo 5, que establece entre otras medidas preventivas en materia de salud pública que la comunidad autónoma podrá someter «a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización ». También el artículo 7, que añade medidas preventivas en materia de salud pública, la ley autonómica vulnera la reserva de la Ley Orgánica.

Asimismo, el Gobierno también cree que serían inconstitucionales las previsiones contenidas en los apartados 12, 13, 14 y 15, que constituyen el régimen de infracciones y sanciones asociado a las conductas reguladas en los apartados 5 y siguientes.