El futuro de la educación especial
La presidenta de la Fundación A la Par aborda cómo incluir a las personas con discapacidad intelectual en ámbitos donde todavía no se les considera ciudadanos de pleno derecho, como el voto y la fertilidad
Debemos estar orgullosos como sociedad de los avances que hemos conseguido en los derechos civiles y en la igualdad. De haber descubierto el secreto de que la diferencia aporta y no resta. De que somos mejores no cuando sobrevive el supuestamente más fuerte sino cuando el grupo es capaz de avanzar con todos sus miembros.
En este camino hemos ido incluyendo a diferentes colectivos y, probablemente, uno de los que aún hemos dejado ligeramente descolgado es el de las personas con discapacidad intelectual .
Cuando miramos a una persona con discapacidad intelectual todavía cuesta ver a un ciudadano pleno. A un hombre o a una mujer con los mismos derechos y la misma dignidad que el resto. Por ello –y otras cosas-, nos dio un empujón la ONU con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en diciembre de 2006, y ratificada por nuestro país en 2008, enumerando las principales áreas en las que nos debemos poner las pilas, sobre la discapacidad en general , pero señalando lugares concretos para la discapacidad intelectual como el voto, la fertilidad o la educación .
Y es ésta última la que ahora entra a debate. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU recibió varios informes que alegaban que las leyes y políticas educativas españolas resultaban contrarias a la Convención y nos ha tirado de las orejas. El hecho principal es el siguiente: si tienes discapacidad intelectual el sistema te «condena» a una educación segregada y apenas tienes elección, por mucho que quieras ir al colegio con los demás. Y esto además perpetúa la segregación, pues la falta de alumnos con discapacidad intelectual en la escuela ordinaria hace inexistente esa punta de lanza para que las cosas vayan cambiando, como lo hiciera la primera mujer que fue a la Universidad o el primer hombre de color que fue a una escuela abierta.
Si bien el hecho está claro, los análisis y soluciones han hecho que nuestro sector esté revuelto. Hay una voz unida y clara que pide una mejor educación inclusiva, es decir, mejores apoyos en la educación ordinaria para el alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo. Sobre la necesidad de esto hay poco debate, pero sí en cómo aterrizar esta petición. Entre estas voces encontramos por ejemplo la Iniciativa Legislativa Popular de colectivos sociales que abogan por la inclusión y la igualdad de oportunidades.
El papel de los colegios
Pero las voces que no se ponen de acuerdo son las que debaten sobre el papel de los colegios de educación especial. De hecho muchas ya se han alzado arguyendo que la solución pasa por su eliminación, como la Proposición de Ley para la Equidad y la Educación Inclusiva presentada por el grupo parlamentario de Podemos.
Que un alumno con discapacidad intelectual o del desarrollo no pueda ir a un colegio ordinario, ¿es culpa de que existan escuelas de educación especial? Supongamos un alumno con altas capacidades. Que no pudiera ir a un colegio ordinario si así lo quisiera, sería segregador, pero que tenga la opción de elegir (él o sus padres) sobre si asistir a un colegio especifico de altas capacidades o a uno ordinario, ¿es contrario a derecho?
En esta línea, si se pudiera realmente elegir entre que tu hijo con discapacidad intelectual acudiera a un colegio ordinario o especial, no existiría segregación, pues no se discriminaría por condición sino por necesidades educativas, que parece que tiene sentido tenerlas en cuenta cuando hablamos.
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** Almudena Martorell es presidenta de la Fundación A la Par.
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