Francisco Oya, el docente que combate el adoctrinamiento: «El independentismo me quiere jubilar»
El primer docente en Cataluña que fue represaliado por combatir el adoctrinamiento acusa a las autoridades educativas de forzar su retiro
En enero de 2019 el Consorcio de Educación de Barcelona (en el que están representados la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona) sentenció a diez meses de suspensión de empleo y sueldo al profesor Francisco Oya , uno de los pocos docentes que se ha atrevido a «alzar la voz contra el adoctrinamiento» en las aulas catalanas. La orden quedó en el tintero. El Consorcio no la aplicó en el plazo del que disponía legalmente para, según denuncia el afectado, « intentar forzar su jubilación y desactivar uno de los frentes más activos en la lucha contra la imposición de la ideología en la escuela». Seis meses después, el Govern hizo efectiva la multa contra el profesor , que ha interpuesto un contencioso-administrativo a las autoridades educativas por «aplicarla de forma irregular, al estar notoriamente fuera de plazo». En el documento, al que ha tenido acceso este diario, se indica que la sanción se aplicará «desde que la presente resolución sea firme en vía administrativa en el transcurso de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación».
Portavoces del Consorcio de Educación niegan, por su parte, las irregularidades. Mantienen que «al no recibir, por parte del profesor, acuse de recibo de la sanción cuando ésta se emitió, a finales de enero, su aplicación se demoró . Según el Consorcio, en marzo se recibió el acuse y la sanción fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, aunque no se aplicó hasta agosto porque el docente estaba de baja y después vino el período vacacional.
Cuando se le abrió el expediente disciplinario, Oya fue arropado por el sindicato CSIF , que le prometió encabezar una lista electoral en Barcelona en las elecciones sindicales de marzo de 2019, proporcionarle una liberación sindical, y cubrirle el impacto de la suspensión laboral. Finalmente, según denuncia, el sindicato le ha «abandonado» sin darle explicaciones y, sin ningún tipo de protección, se ve abocado a una jubilación forzosa. «Era una oportunidad para ofrecer un paraguas sindical a aquellos profesores perseguidos por el secesionismo . Si yo me jubilo, se habrá perdido la batalla», concluye el docente.
En enero de este año el Consorcio de Educación emitió una resolución en la que le suspendía de empleo y sueldo durante 10 meses. Desde entonces, usted ha seguido cobrando la nómina. ¿En qué mes ha hecho efectiva la suspensión? y ¿por qué cree que le aplican la sanción ahora después de tanto tiempo?
El 31 de mayo se me comunica oficialmente la aplicación de la sanción. Y se empieza a hacer efectiva en julio. Imagino que se pretendió, por parte del departamento, que la noticia no coincidiera con fechas electorales, para que no pudiera ser utilizada como munición de campaña electoral contra las fuerzas que sustentan al gobierno catalán. Y también, por si acaso, yo acababa decidiéndome por la salida de la jubilación y así se quitaban un problema de encima.
¿Cuántos meses puede usted aguantar sin poder trabajar?
Para una persona que depende de su trabajo, una situación así es insostenible, como comprenderá. He recibido pequeñas ayudas solidarias a través de una campaña de micromecenazgo que organizó una compañera. Estoy muy agradecido a todas las personas que mostraron su solidaridad conmigo y, por extensión, a todos los funcionarios represaliados por la Generalitat. Mención especial merecen en este sentido diversos miembros del Foro de Profesores que, además, hicieron público un comunicado denunciando la situación en Cataluña. Pero, para una persona que depende de su trabajo, esta situación es insostenible.
Usted presentó una primera demanda por las acusaciones que conlleva la resolución y ahora vuelve a denunciar al Consorcio por aplicarla fuera de plazo de forma irregular. ¿Qué espera de estos dos procedimientos?
Ante los abusos de los supremacistas que ocupan el Gobierno de la Generalidad desde hace casi 40 años, la experiencia ha demostrado que, por el momento, el poder Judicial es el único fiable. De todos modos, la Justicia es lenta y las necesidades materiales de una familia no pueden esperar tanto.
¿Por qué se ensañaron con usted las autoridades educativas? ¿De qué le acusan?
Es un hecho que el supremacismo catalán ha utilizado la escuela como arma privilegiada de ingeniería social que le permite avanzar hacia la secesión. El tema está claro desde que la prensa reveló el famoso Programa 2000 pujolista en 1990. En ese documento ya se establecían claramente las pautas que se han seguido después a pies juntillas: imposición del catalán, adoctrinamiento nacionalista y cuerpo de profesores e inspectores integrado exclusivamente por gente de confianza dispuesta a saltarse la Ley y la Constitución cuando se lo ordenen. Cualquiera que no responda a estas características, consiga colarse en el sistema educativo y tenga la osadía de manifestarlo abiertamente es cazado de modo implacable. Esto último también está claro desde los años 80, cuando el entonces profesor de instituto Federico Jiménez Losantos sufrió un atentado terrorista ante la indiferencia, por no decir el aplauso encubierto, de los gerifaltes del departamento de Educación. Esto provocó, en pocos años, el traslado de 14.000 profesores fuera de Cataluña. En mi caso las acusaciones, por llamarlas de alguna forma, principales consisten en que soy «un machista, un racista y un homófobo». Eso sí, sin aducir la más mínima prueba o testimonio razonable. Tan sólo la palabra del director, pues para eso dispone de «presunción de veracidad», según mantiene la inspección educativa. Y lo dice gente que está en el mismo partido (ERC) que uno que pretendía nombrar consejera de Enseñanza «a la que tuviera las tetas más grandes» y otro que decía que «los negros tienen un coeficiente intelectual inferior al de los blancos». No deja de tener su gracia si consideramos que el factor que desencadenó mi expediente fue haber facilitado textos históricos a mis alumnos que desvelaban precisamente el racismo y la xenofobia del catalanismo político desde finales del siglo XIX y que el director del centro pretendió censurar porque «hacían quedar mal a los partidos nacionalistas». Por otro lado, mi expediente disciplinario se abrió justo en el momento en que la enseñanza catalana estaba en manos del Ministerio de Educación, en aplicación del artículo 155. Lo cual demuestra bien a las claras la nula eficacia que tuvo la medida. A alguien en el departamento se le debió ocurrir entonces que la mejor manera de demostrar que seguimos mandando es ir a por este tío que se nos ha colado en el Instituto Joan Boscà. Y así lo hicieron, sin que nadie en el Ministerio moviera una pestaña, a pesar de que podían haber archivado el expediente inmediatamente en aquel momento.
Tras hacerse pública la resolución, usted se arropó en el sindicato CSIF. Incluso éste le propuso ser su líder en Barcelona. ¿Por qué ahora le ha abandonado?
Para contestar a su pregunta no hay más remedio que analizar la peculiar situación que ha vivido Cataluña, prácticamente desde la Transición. Desde que Pujol ganó las primeras elecciones autonómicas en 1980, se estableció un pacto, cuando menos tácito, por el cual los nacionalistas tendrían barra libre en Cataluña a cambio de apuntalar, como partido bisagra, las mayorías insuficientes de los gobiernos nacionales en Madrid. Como corolario, los partidos de ámbito nacional desaparecían de Cataluña (caso del PSOE, cediendo la franquicia socialista a los criptonacionalistas burgueses del PSC) o se mantenían en estado liliputiense, como elemento exótico en la política catalana, sin posibilidades reales de alcanzar el poder regional jamás (caso de la UCD y PP). Por supuesto, los símbolos nacionales de España (bandera, himno, conmemoraciones) desaparecían, los ministros y el rey tenía que visitar Cataluña poco menos que de incógnito. Los elementos que ayudan a conformar la conciencia de Nación de un país (enseñanza, medios públicos de comunicación, policía, etc.) eran entregados irresponsablemente a los separatistas. Pero la barra libre nacionalista no sólo incluía a los partidos políticos, sino a entidades de todos los ámbitos sociales: sindicatos, agrupaciones patronales, colegios profesionales, asociaciones cívicas, instituciones científicas, etc. De manera que todos tenían que ser de Catalunya (no de España) y, sobre todo, compartir y promover la ideología y las estrategias del separatismo. En el terreno sindical, esto se ha seguido a rajatabla, llegando especialmente los autodenominados sindicatos de clase a unos niveles de servilismo y abyección difícilmente superables. Si nos centramos en el sector de educación, comprobamos que el sindicato mayoritario (Ustec-STES) es abiertamente separatista y su principal dirigente incluso se presentó a declarar ante el Tribunal Supremo con una sudadera amarilla para expresar su apoyo a los golpistas. En segunda posición aparece la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, aunque ha perdido muchos delegados en las últimas elecciones en favor de la Intersindical CSC, un sindicato de nuevo cuño -liderado por el terrorista de Terra Lliure Carles Sastre- que ocupa la tercera posición tras una irrupción espectacular, gracias al descarado apoyo de la Generalitat. Pero si nos fijamos en la situación del sector educativo en el conjunto de España, ahí los resultados son muy diferentes. Ganó las elecciones ANPE y CSIF ocupó la tercera plaza. Sin embargo, dichos sindicatos, que se centran en los intereses profesionales de los funcionarios y mantienen un perfil discreto ante el «procés», son absolutamente marginales en Cataluña, donde sólo han obtenido 2 delegados. Por consiguiente, se sigue cumpliendo la ley de hierro de la barra libre nacionalista: estado liliputiense en Cataluña para todo el que no apoya con nitidez la estrategia separatista.
¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que CSIF le haya abandonado?
La propuesta que me hizo CSIF era encabezar una lista electoral por el Consorcio de Educación de Barcelona, donde nunca se habían presentado. Para ello me prometieron una liberación sindical, que me permitiría visitar los centros, contactar con los profesores, dar charlas y promover un sindicalismo respetuoso de la legalidad constitucional, con el que pudieran identificarse todos los docentes hartos de las arbitrariedades del «procés». También me garantizaron que la póliza de seguro establecida con la compañía ARAG para afiliados de CSIF me protegería de las consecuencias económicas de una eventual sanción. Está claro que el espectáculo de un profesor significado contra el adoctrinamiento (y represaliado por ello), moviéndose y hablando libremente por los institutos, inmune a la arbitraria sanción de la Generalitat y promoviendo un sindicalismo independiente al margen de la estrategia separatista era una auténtica provocación que el departamento no estaba dispuesto a tolerar. Aunque CSIF no me ha dado ninguna explicación, para los que conocemos los procedimientos mafiosos habituales en Cataluña es evidente que recibieron claras advertencias de lo que podía pasar si atravesaban determinadas líneas rojas. Pues la Enseñanza es la Joya de la Corona para los separatistas, un coto cerrado. Y aunque CSIF no tiene nada que perder en Educación -su representatividad ahí es insignificante en Cataluña- no sucede lo mismo en otros sectores de la Administración Pública. Así que la rendición de CSIF al Departament ha sido incondicional: no presentó lista electoral, no concedió la liberación sindical, no desafió al sindicalismo oficialista. En cuanto al seguro contra sanciones, llevo ya 4 meses sin sueldo y no he percibido aún ni un duro de la compensación económica estipulada en la póliza. Por tanto, sigue pendiente la asignatura de crear un paraguas sindical eficaz para los profesores acosados por el separatismo. Y tengo mis dudas de que sea posible contar con CSIF para ello.
«Paraguas sindical»
¿Por qué se resiste a jubilarse?
La verdad es que la mayoría de compañeros de mi edad se han jubilado ya. Es la alternativa más cómoda, sin duda. Pero tenía la esperanza de poner en marcha el paraguas sindical, al que aludíamos antes, para todos los profesores en situación de riesgo por no querer plegarse a las imposiciones ilegales -por tanto inaceptables- del departamento. Conozco perfectamente, por larga experiencia directa en buena medida, las malas artes que utilizan muchos directores e inspectores nombrados por la Generalitat. Y, pudiendo contar con una estructura sindical adecuada, podría haber ayudado eficazmente a otros compañeros en situaciones parecidas. La oportunidad era excelente y si yo me jubilo ahora, esta batalla se pierde. Pero, en cualquier caso, la guerra continuará, sin duda ninguna.
¿Cómo puede acabarse con el adoctrinamiento en las aulas?
No resulta sencillo, teniendo en cuenta la situación a la que hemos llegado por culpa de la pasividad culpable de los sucesivos gobiernos de la nación. El separatismo ha demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que sólo le interesa la educación como instrumento para el agitprop y la secesión. Por consiguiente, hay que recuperar para el Estado las competencias educativas, en línea con todos los países de nuestro entorno. Sé que esto no es fácil, pero no hay otro camino. Habrá que establecer un consenso, con todas las fuerzas constitucionalistas, para ir dando pasos sucesivos en esa dirección. Y sugiero unos cuantos: Autorización previa y control de calidad de los contenidos de los libros de texto. Recuperar la red de centros públicos de titularidad estatal cedida a la Generalitat en la época del presidente Aznar. Pruebas de nivel, a finales de cada etapa educativa, establecidas por el Gobierno de la nación e iguales para toda España. Promover la rotación, por todo el territorio nacional, de los profesores. Pago de las nóminas de los profesores (que son funcionarios del Estado, no de las CC. AA.) por el Ministerio de Educación, en lugar de las consejerías. Control directo de la inspección educativa por parte del Ministerio de Educación.
¿Un cuerpo de inspectores nombrado casi íntegramente por el Govern garantiza la neutralidad ideológica en las aulas?
Desde el Programa 2000 es público y notorio el interés del separatismo por el control de los inspectores de educación. El método elegido por las sucesivas administraciones autonómicas ha consistido en no convocar oposiciones y disponer de un personal mayoritariamente interino (un 80 %), del que se puede prescindir con rapidez si no se ajusta a las directrices impartidas. Como ningún interino quiere perder el chollo que supone ser inspector (evitar el trabajo con alumnos, consideración de «jefe», superior remuneración), acostumbran a cumplir dócilmente las consignas políticas, como se ha podido comprobar durante el «procés». Por otra parte, considero que tampoco los funcionarios acostumbran a complicarse la vida desafiando las consignas, con honrosas excepciones. En cualquier caso, es imprescindible que la función inspectora recaiga exclusivamente en el Ministerio de Educación si se quiere poner orden en el futuro y garantizar la neutralidad ideológica de la escuela.
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