La Fiscalía insta a Murcia a aplicar el principio «quien contamina paga» en el Mar Menor

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del gobierno murciano deberá incoar los expedientes administrativos que sean necesarios a los causantes de los vertidos contaminantes al Mar Menor para que los mismos asuman la reparación del daño y conseguir así que la laguna vuelva a su estado anterior, según se recoge en el requerimiento hecho por la Fiscalía Superior de la Región de Murcia.

El acuerdo señala que esta actuación que ahora se emprende se basa en el principio de que quien contamina paga y que la misma es independiente de cualquier otro proceso civil, penal o contencioso-administrativo que se encuentre abierto o pueda incoarse en el futuro por el mismo motivo.

El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, indica en el requerimiento hecho a la Consejería que esta debe tener como personado al ministerio público en los expedientes que se abran a las personas físicas o jurídicas causantes de los vertidos y que deberá ser informado del desarrollo de los mismos para que en cualquier momento pueda adoptar las medidas que procedan.

Señala así mismo que la administración regional deberá acudir a la ejecución forzosa de las medidas que se determinen en los expedientes si sus responsables no asumen la reparación del daño causado de manera voluntaria.

La Fiscalía recoge también en su acuerdo que el mismo se basa, entre otra normativa, en lo dispuesto en la ley de 2007 que introdujo un procedimiento administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de que quien contamina, paga.

La contaminación del Mar Menor es objeto también de la causa penal que se instruye en un juzgado de Murcia y en la que figuran ya más de un centenar de investigados, entre personas físicas y jurídicas.