El experto escogido para evaluar los casos de abusos a menores tutelados en Mallorca renuncia a asumir el cargo

El PP había exigido al tripartito que gobierna en el Consell que no nombrase a Jorge Carlos Fernández del Valle, después de haber trascendido que había colaborado con la institución insular en 2008

Centro de Menores Es Pinaret en Mallorca J.Mateu

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La persona que debía coordinar la recién creada comisión de expertos del Consell de Mallorca para evaluar los casos de explotación sexual de menores tutelados , el asturiano Jorge Carlos Fernández del Valle, ha renunciado a asumir dicho cargo, después de las críticas recibidas por parte del PP balear el pasado fin de semana.

El portavoz del PP en la institución insular, Llorenç Galmés, había exigido al tripartito que gobierna en el Consell que no nombrase a Fernández del Valle, después de haber trascendido el pasado sábado que había colaborado con dicha institución en 2008. Fernández del Valle había sido contratado hace doce años para la implantación del Sistema de Evaluación y Registro en Acogimiento Residencial (SERAR) en las entidades colaboradoras de acogimiento residencial en Mallorca.

Fernández del Valle había sido propuesto como coordinador de la citada comisión de expertos por el tripartito que gobierna en el Consell de Mallorca, conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera. Su nombramiento oficial debería haberse producido este lunes en la reunión del consejo rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), si bien Galmés había exigido hace dos días a Cladera que retirase esa propuesta.

Según Galmés, poner al frente de la nueva comisión a un «amigo» de la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, y de la consejera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, de MÉS, a quien «ya pagaron 60.000 euros por un sistema de menores fracasado», sería «una indecencia grave». En ese contexto, el presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, ha confirmado este lunes ante los medios la renuncia de Fernández del Valle a ser el coordinador de la comisión de expertos.

«Vista la politización que se ha hecho de su nombramiento por parte sobre todo del PP y de Vox, que en todo momento han intentado torpedear esta comisión , la verdad es que al final —Fernández del Valle— hizo la reflexión de que no se daba el ambiente necesario para que él pudiese coordinar esta comisión porque, de alguna manera, se había dudado de su imparcialidad», ha explicado De Juan, quien ha elogiado personal y profesionalmente a Fernández del Valle. Asimismo, ha avanzado que se buscará ahora a un sustituto y también que la comisión de expertos se constituirá previsiblemente en marzo, tras la celebración de un consejo ejecutivo previo.

Especialista de prestigio

Por su parte, Fernández del Valle había explicado el sábado a ABC que por la puesta en marcha del mencionado proyecto, el Consell de Mallorca abonó 42.000 euros en 2008, así como 18.000 euros más al año siguiente por las sesiones formativas de seguimiento e implantación del SERAR. Ese trabajo fue realizado en el marco de un proyecto de asesoramiento y formación llevado a cabo por la Universidad de Oviedo, de la que Fernández del Valle es catedrático de Intervención Social. Por tanto, las citadas cantidades fueron abonadas para el proyecto en sí, en su conjunto, no a Fernández del Valle en particular.

Fernández del Valle es un reconocido especialista en el ámbito de la protección a menores . A lo largo de sus 30 años de labor investigadora, ha participado en más de 50 proyectos de investigación, asesoramiento y formación a administraciones autonómicas y entidades sin ánimo de lucro que gestionan programas de infancia. En ese sentido, ha trabajado prácticamente con todas las entidades públicas y autonómicas de España. Además, ha participado en varios proyectos europeos sobre menores en riesgo y programas de apoyo para adolescentes en protección.

Cabe recordar que los centros de protección de menores en Baleares son de acogida —o tutelados— y de internamiento. Los primeros son gestionados por los consells insulares. En el caso concreto del Consell de Mallorca, el IMAS se ocupa de la gestión de los 30 centros de acogida que existen en la isla. Por lo que respecta a los centros de internamiento, que son sólo para menores con antecedentes, los tres que existen son controlados por el Gobierno balear a través de la Consejería de Asuntos Sociales. Más allá de esa división competencial de funciones, en las últimas semanas se ha generado una importante controversia política y social en torno a la supuesta falta de implicación de los actuales gobernantes isleños para intentar proteger mejor a los menores tutelados o internos.

Controversia política

La citada controversia se inició en enero, tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. Dicha niña ha sido trasladada ya a un centro tutelado de la Península. Hace un mes trascendió también la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas. Paralelamente, el Govern dio a conocer que desde 2016 había despedido a cinco trabajadores de sus centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores.

En ese contexto, el PP, el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI) y Cs en el Consell de Mallorca presentaron hace dos semanas una moción solicitando la creación de una comisión de investigación en la institución insular en relación a los recientes casos de agresiones sexuales, abusos, proxenetismo o pederastia sufridos por menores tutelados en Mallorca.

El PSOE, Unidas Podemos y MÉS votaron en contra de esa iniciativa, si bien presentaron y aprobaron una moción para crear la mencionada comisión de expertos. Posteriormente, el pasado martes, estos tres partidos rechazaron también en el Parlamento balear sendas propuestas de Cs y de Vox que abogaban igualmente por la creación de una comisión de investigación.

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