Denuncian al Tribunal Constitucional ante el Supremo por «retardo malicioso» sobre la ley del aborto

La Asociación Abogados Cristianos se querella por prevaricación contra el magistrado ponente del recurso de inconstitucionalidad presentado hace 11 años y pendiente de resolución

L. Daniele

La Asociación Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el magistrado del Tribunal Constitucional, Andrés Ollero, por un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso al cumplirse once años de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta organización de juristas solicita para Ollero, responsable de la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en 2010 contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo de seis meses.

El anuncio se produce el día en que se cumplen once años desde que el Tribunal Constitucional rechazase suspender cautelarmente esta norma que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. El Tribunal, en un auto firmado el 14 de julio de 2010 y publicado en el BOE el 9 de agosto de ese mismo año, justificó su decisión en que iba a dar «carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura a ABC que «el TC se comprometió a tramitar con urgencia el recurso después de tumbar la medida cautelar solicitada por el PP. Pero han pasado once años. Es una auténtica burla y una vergüenza», aseguró la abogada. «Este tipo de prácticas prevaricadoras por tratarse de un retardo malicioso desprestigian nuestras instituciones y no deben quedar impunes» , añadió.

Esta falta de pronunciamiento, según Castellanos, ha permitido ahora a la ministra de Igualdad, Irene Montero, «ir a más», al plantear la eliminación de los tres días de reflexión antes del aborto. Señala además que «en ningún caso se puede considerar que el recurso de inconstitucionalidad haya caducado o que haya perdido su objeto procesal puesto que la ley sigue en vigor y se ha solicitado varias veces el fallo por parte de muchos de los firmantes de aquel recurso».

El retraso del TC sobre la resolución del recurso de incostitucionalidad de la ley del aborto ha sido llevado por un grupo de 20 diputados y exdiputados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Según la notificación presentada ante el TC el pasado 16 de junio, el Constitucional está «violando» lo previsto en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que garantiza «el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas».

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