Delibes y otros 300 científicos apoyan en una carta abierta el blindaje del lobo

M ás de 300 científicos y catedráticos cierran filas ante la protección total del lobo en España . «Apoyamos la decisión del Gobierno (...) siguiendo el dictamen del Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica», aseguran en una carta abierta publicada este martes. Una medida que acabará con la caza del lobo en todo el territorio nacional.

En plena controversia, con las organizaciones ganaderas en contra y Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León luchando por evitar la medida, la iniciativa impulsada por WWF quiere hacer frente a «las descalificaciones de diferentes sectores y administraciones» que cuestionan la validez del dictamen del Comité Científico. La carta, titulada ‘Por la protección del lobo ibérico, la ciencia y la coexistencia’, ha sido suscrita por expertos de primera línea como Eloy Revilla , director de la Estación Biológica de Doñana (EBD); el profesor de Investigación del CSIC, Pedro Jordano ; el investigador Miguel Delibes y el profesor del CSIC, Fernando Valladares, entre otros.

Los científicos aseguran que se están produciendo presiones para desestimar el dictamen del Comité, que recomendó la protección del lobo al considerar «su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales». Según los firmantes, no tener en cuenta las recomendaciones del órgano « supondría un grave precedente para otros cientos de especies cuya conservación dependen de la imparcialidad de este tipo de mecanismos administrativos».

«Apoyamos a los miembros del Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica, que con total independencia han reconocido el valor ecológico del lobo ibérico y la necesidad de conservar y gestionar su población como una única justificando así la necesidad de incluir esta especie en el LESPE», aseguran. Además, reclaman que, en un contexto global de pérdida de la biodiversidad, las decisiones que afectan a la conservación de la naturaleza se tomen en base a criterios científicos y «no se supediten a intereses económicos o políticos».