Decenas de personas se manifiestan frente a Igualdad en apoyo de Rafael Marcos, ex de María Sevilla

El padre del hijo de la presidenta de Infancia Libre asegura que ha recaudado 100.000 euros para tomar acciones legales contra Irene Montero por llamarle maltratador

Decenas de personas, esta tarde, frente al Ministerio de Igualdad mostrando su apoyo a Rafael Marcos ISABEL PERMUY

E. C.

Decenas de personas se han manifestado esta tardear frente al Ministerio de Igualdad para apoyar a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre detenida por la sustracción de su hijo, y contra el indulto a la misma que el Gobierno le otorgó hace dos semanas.

«Paremos la violencia doméstica. Todas las víctimas son importantes», se podía leer en la pancarta de la cabecera de la manifestación, organizada por la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid) y a la que Marcos ha asistido. «Muchos os sentís identificados con esta pesadilla en la cual estamos inmersas muchísimas familias», ha señalado.

Hace una semana, además, se abrió una cuenta de ‘crowdfunding’ para cubrir los costes de las acciones judiciales de Marcos contra la ministra de Igualdad, Irene Montero y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, por tacharle de maltratador. También contra la periodista Ana Pardo de Vera. «Tanto Montero como su secretaria de Estado me han llamado maltratador en el Congreso y en ruedas de prensa. Ana Pardo me ha llamado pederasta en la televisión pública», criticaba Marcos en ABC.

Según celebró ayer junto a los manifestantes que acudieron para mostrarle su apoyo, la recaudación que se ha conseguido mediante esta cuenta ha alcanzado los 100.000 euros .

Ya a principios de mes, tras conocer que la Fiscalía no se oponía al indulto parcial de Sevilla, Rafael Marcos lamentaba en ABC: «Por desgracia, creo que el Gobierno la indultará . Es un tema político, no podemos hacer nada más». Y dos semanas después el indulto llegó. El Ejecutivo además sustituyó la pena por la que se inhabilitaba a la presidenta de Infancia Libre para la patria potestad, por trabajos comunitarios, algo a lo que ni la Fiscalía ni el juzgado que en su día la condenó se habían mostrado favorables.

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