«En cuanto pueda, me iré, ya no me encuentro a gusto en Baleares por el catalán»

Josep María Aguiló

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03/02/2019 a las 02:09h.

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La iniciativa más controvertida de entre todas las que ha aprobado en esta legislatura el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha sido, sin duda, el decreto que regula el conocimiento de catalán que deben tener en la actualidad los profesionales sanitarios que desean trabajar en la sanidad pública balear . Dicho decreto fue aprobado hace once meses por la Consejería de Salud, que dirige la socialista Patricia Gómez .

Por su parte, el PP, Cs y Vox ya han anunciado que en caso de que se produzca un cambio político tras los comicios autonómicos del próximo mes de mayo, dicha norma será inmediatamente derogada. Hasta ahora, el efecto más pernicioso del decreto ha sido que su puesta en marcha motivó que a lo largo de 2018 una veintena de profesionales sanitarios decidieran abandonar la Comunidad por su desacuerdo con la exigencia del catalán. A ese primer éxodo se han unido ya o se sumarán en breve otros trabajadores del sector, incluso aunque tras las elecciones de este año pase a gobernar el centroderecha en Baleares y el decreto del catalán sea entonces retirado.

Ese es el caso de Laureano Llaneza —«Lauri» para los amigos—, natural de Asturias, que llegó a Menorca en 2013. En su tierra natal había trabajado como auxiliar de enfermería, labor que también ha estado desempeñando desde hace casi seis años en la isla balear. «Me presenté a unas pruebas para entrar a formar parte del bolsín de trabajo de la residencia pública Gent Gran de Mahón», recuerda. Ese primer objetivo lo consiguió de inmediato, pues obtuvo un 8,75 de calificación. «Estaba contentísimo», recalca Lauri . Además, desde hace tres años y medio tiene ya la condición de interino en dicha residencia.

Pese a esa relativa estabilidad laboral, el sueño de Lauri siempre fue otro, en concreto, presentarse «a unas oposiciones» y obtener «una plaza en un hospital». Una opción posible en su caso no sólo como auxiliar de enfermería, sino también como técnico de radiodiagnóstico o como higienista bucodental, pues Lauri cuenta asimismo con ambas titulaciones. Además, hace un par de años consiguió la preceptiva titulación lingüística en catalán.

Sin embargo, ahora, a sus 43 años, Lauri tiene ya decidido abandonar Baleares. «No quiero que mi futuro esté en el aire por un posible cambio político», explica. «En cuanto pueda, me iré, ya no me encuentro a gusto aquí», añade. Por ello, tiene decidido presentarse a las oposiciones de auxiliar de enfermería y de técnico de radiodiagnóstico previstas para este año en Asturias. Su sentimiento general es hoy de «decepción», pues considera que en Baleares «ya no se reconoce la meritocracia», sino que, en cambio, «se premia a los afines al nacionalismo».

Lauri recuerda que el decreto del catalán en la sanidad se aprobó en marzo del pasado año, tras unos meses previos de vaivenes políticos, movilizaciones ciudadanas y dudas sobre la legalidad de la nueva norma. Inicialmente, en agosto de 2017, el director general del IB-Salud, Juli Fuster , había decidido eximir del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. Sin embargo, MÉS por Mallorca —que forma parte del Ejecutivo de Armengol— no aceptó dicha decisión y obligó al Govern a rectificar de inmediato.

Poco después, socialistas y ecosoberanistas pactaron un primer borrador de decreto, que fijaba el catalán como requisito. Ese primer borrador fue rechazado de plano por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), el Sindicato de Enfermería (Satse), CSIF, la oposición y la plataforma Mos Movem, impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró. Además, los gerentes de los hospitales de Baleares enviaron un escrito a Fuster en el que le alertaban de que la exigencia del catalán dificultaría la llegada de facultativos a la Comunidad.

Todas esas circunstancias, incluidas varias movilizaciones, fueron determinantes para que la Consejería de Salud decidiera rectificar parcialmente y preparar otro borrador de decreto, en el que el catalán dejaba de ser un requisito en sentido estricto y en el que también se rebajaba el nivel lingüístico exigible para cada categoría laboral. Esa segunda versión es la que fue finalmente aprobada hace ahora once meses. Así pues, en estos momentos no es necesario tener ninguna titulación de catalán para poder presentarse a las oposiciones previstas o ya en marcha, si bien el decreto establece que dicha titulación deberá lograrse en un plazo máximo de dos años una vez conseguida la plaza . Los médicos y enfermeros deberán acreditar, por ejemplo, un nivel elemental —B1— de catalán . De no ser así, no podrán pedir traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.

Un decreto de similares características había sido ya aprobado en Baleares en 2009, bajo la presidencia del socialista Francesc Antich, pese a la radical oposición entonces de Simebal, de Satse y del PP. El decreto aprobado hace una década establecía que cuando hubiera plazas que no se pudieran cubrir, «excepcionalmente» podrían ser contratados profesionales sanitarios sin el título de catalán. Sin embargo, ese decreto de 2009 era más rígido a nivel idiomático , ya que exigía a médicos y enfermeros un nivel B2 o intermedio de lengua catalana. En aquellas fechas no se convocaron oposiciones en Baleares y el decreto no se llegó a aplicar de facto. Aun así, fue derogado en 2012 por el entonces presidente autonómico, el popular José Ramón Bauzá .

Por lo que respecta al decreto aprobado ahora por Armengol, la doble penalización —laboral y económica— que contempla ha motivado que Mos Movem y CSIF hayan presentado sendos recursos contra la nueva norma. La actual presidenta de Mos Movem, María García , reitera su oposición al decreto y confirma que, además de Lauri, «hay médicos y enfermeros que ya tienen decidido irse del Archipiélago lo antes posible, aunque ahora aprueben las oposiciones a las que se presentan». En ese sentido, García lamenta el caso de la reciente marcha de «la única anestesista pediátrica» que había en el Hospital Mateu Orfila de Mahón, en Menorca, que «se fue por el catalán». Hace once meses, se produjo una situación similar en el Hospital de Can Misses de Ibiza, que se quedó sin la única neuropediatra que tenía igualmente por el catalán. Por su parte, el Servicio de Salud de Baleares dice que la anestesista del Mateu Orfila se fue por motivos profesionales y que dicho hospital ya cuenta hoy con otro anestesista pediátrico.

En una línea igualmente crítica, el presidente de Simebal, el doctor Miguel Lázaro, señala que «pedir un requisito lingüístico es siempre un elemento disuasorio» para cualquier profesional. Lázaro añade que «la falta puntual de médicos que ha habido en el pasado, por el hecho de ser un archipiélago, se ha agravado ahora con el decreto». Por ello, reitera que debería haber incentivos para que lleguen médicos de fuera y para que se queden los que ya trabajan en las Islas. «Tenemos que fidelizar a los médicos y no ponerles trabas», afirma. Precisamente, hace unos días las juntas de personal estatutario del Servicio de Salud de Baleares entregaron un escrito en el Parlamento regional, en el que exigen a todos los partidos que se revise la cuantía de la indemnización por residencia en la Comunidad del personal sanitario y no sanitario, «equiparándola al mismo porcentaje que se abona en la mayor parte de las Islas Canarias».

La valoración de Satse sobre el decreto es distinta. Su secretario general en Baleares, Jorge Tera , recuerda que si bien los enfermeros se opusieron de plano al primer borrador del decreto, sí dieron su apoyo al texto que finalmente ha entrado en vigor. «Hacemos una valoración positiva del actual decreto, pues no limita el acceso a un empleo público por razones idiomáticas», señala. «Nuestra línea roja era que no se podía excluir a ningún profesional con contrato temporal, fijo o que desease presentarse a oposiciones por el catalán», resume Tera. Por su parte, la portavoz del Gobierno balear, la socialista Pilar Costa , piensa que el decreto «se utiliza para crear polémica de una discrepancia más política que real», algo que considera «muy poco honesto». Además, Costa pone en valor que ahora se estén celebrando oposiciones «por primera vez después de 10 años».

La convocatoria de dichas oposiciones ha sido valorada positivamente por todo el sector, pero ni siquiera esa circunstancia ha conseguido que logre detenerse el éxodo de profesionales iniciado hace poco más de un año, motivado sobre todo por la exigencia del catalán. Los citados profesionales eran trabajadores sanitarios reconocidos y perfectamente integrados desde hacía años en la sociedad isleña. De hecho, la mayoría de ellos no imaginaban su futuro lejos de la tierra que un día les acogió. Sin embargo, al igual que Lauri, un día también dejaron de sentirse aceptados y queridos en Baleares.

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