Coronavirus
Cataluña y Extremadura se unen en la rebelión contra el conteo irreal de muertos
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El Gobierno obvia la nueva contabilidad que varias autonomías proponen generalizar
Hasta el día de hoy y con los datos facilitados por las autonomías, el 62,3% de los fallecidos en España por coronavirus , casi 11.900 , son ancianos que se han dejado la vida en residencias geriátricas. Pero como mínimo, con un conteo más ajustado a la realidad y «menos confuso», serán el doble. No es un problema de esconder fallecimientos, es que no se hicieron test en los centros, en pueblos aislados, o en sus domicilios, avala el presidente de los geriatras en España, José Augusto García Navarro . La denuncia no suena a nueva: la vienen realizando desde hace semanas forenses, médicos y registradores. Y se han sumado, desde la Justicia, algunos tribunales superiores regionales, como los de Castilla-La Mancha y, el último, ayer, Extremadura.
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La razón es clara: si se cruzan datos de peticiones de licencias de enterramiento y defunción con el recuento que oficializa cada día el Ministerio de Sanidad, las cuentas no salen. Desde este departamento se siguen escudando en que el pasado 10 de abril cambiaron la contabilidad e introdujeron calificaciones nuevas como «sospechoso o probable» fallecimiento por Covid-19 y que todavía «faltan dos o tres autonomías» que se resisten a hacerlo , acusó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, aunque no precisó cuáles.
Castilla y León reconoce que no se trabaja con datos fidedignos; mientras, el Ministerio de Sanidad se escuda en que 2-3 regiones no hacen bien los deberes
No se puede olvidar que están prohibidas las autopsias y las pruebas de detección aún no se están practicando de manera generalizada en ancianos, por ejemplo, en las residencias, los puntos negros de esta pandemia .
Sin llegar al punto que ayer suscribía Ranieri Guerra, director general adjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que forma parte del comité técnico científico que asesora al gobierno de Italia sobre la enfermedad Covid-19 , que definió la situación en las residencias del país como «una masacre» y con datos cuestionables, en España faltan miles de fallecimientos que no se han sumado aún o se evaporan de las estadísticas.
Desfase de cifras
Dos muestras significativas las han evidenciado el TribunalSuperior de Justicia de Castilla-La Mancha, primero, que elevó el «desfase»a un 70% de muertos, y el de Extremadura (TSJEX), ayer, que remitió al Ministerio de Sanidad los 1.275 fallecimientos registrados en la Comunidad desde el 14 de marzo al 7 de abril. En esa horquilla de tiempo, Sanidad «solo» computa 269 muertos a causa del coronavirus por las cifras facilitadas por la Junta extremeña, una brecha tan abismal que ha dado pie a la oposición a subrayar que estos datos ratifican como «cierta» la reprobación entonada por el líder del PP, José Antonio Monago. El PP demandó ayer una «disculpa pública» por parte de la la Junta, que acusó a Monago de «mentir».
También el Tribunal Superior de Castilla y León, informa Isabel Jimeno, reclamó el 13 de abril a los juzgados de Registro Civil los fallecimientos por Covid-19 y los «probables o sospechosos», mientras el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea , reconocía que no hay datos exactos sobre la incidencia de la pandemia y las cifras cruzadas de los tres registros con los que se trabaja –las bajas de tarjetas sanitarias, el Instituto de Medicina Legal y Forense y el Instituto de Salud Carlos III– han generado una gran «confusión».
El Ejecutivo catalán se ha rebelado también y ha cambiado la manera de sumar fallecidos, una nueva metodología que llega después de que arreciasen las críticas, tanto por la confusión a la hora de dar cifras, como a la propia gestión de la crisis en las residencias geriátricas, que acumulan, según la nueva contabilidad, el 25% de los fallecidos.
Con el nuevo criterio, y a partir de los datos facilitados por las funerarias, Cataluña declaraba el miércoles 7.097 fallecidos por Covid-19 (tanto casos confirmados por test o PCR como también cuadros clínicos compatibles con la enfermedad pero que no han sido confirmados). De estas muertes, 1.810 fueron en residencias (una de cada cuatro), 62 en centros sociosanitarios y 456 en domicilios. A la vez, se declaraban 3.855 muertes en hospitales (las únicas reconocidas por el Ministerio de Sanidad). El Gobierno obvia el nuevo conteo que el Govern quiere generalizar.
La estadística, que el gobierno catalán exhibió como ejercicio de transparencia, no pudo obviar que el desorden sigue presente: de los fallecidos declarados, 914 óbitos no han podido ser clasificados, es decir, se desconoce su lugar de fallecimiento, un «gap» o decalaje que la consejería de Salud no acierta a explicar. El salto estadístico se traslada también al número de personas que dan positivo: hasta el miércoles, 39.375 diagnosticadas mediante test y 55.457 sin test pero con sintomatología compatible o sospechosa, 94.832 en total.
Quim Torra reclama al Gobierno
El nuevo conteo –amén de otras cuestiones polémicas como el grado de confinamiento o la gradación en el desescalado– ha sido inevitablemente usado de manera política. El presidente catalán, Quim Torra, instó al Gobierno y al resto de autonomías que solo ofrecen datos de casos confirmados en hospitales a que adopten el nuevo criterio en aras de una «mayor transparencia». En un encuentro con corresponsales extranjeros, Torra señaló que «los ciudadanos deben saber lo que está pasando». La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , instó a la Generalitat de Cataluña a no especular con las cifras de los fallecidos y no intentar confundir a los ciudadanos.
Los torpedos de Torra al Ejecutivo no son una novedad, en lo que políticamente se lee como una forma de tapar su propia negligencia, empezando por la gestión de las residencias. La semana pasada, la percepción de que la mortandad en los geriátricos podía ser catastrófica llevó a Torra a quitar la gestión de estos centros de la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (en manos de ERC) para centralizarla en la Salud. Ayer la Consejería de Salud anunció que hará 27.238 pruebas PCR en las 604 residencias, centros de discapacitados y de salud mental donde se ha detectado al menos un positivo por coronavirus , y que en conjunto suman unas 35.000 personas.
