El Consejo General de Enfermería se querella contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y su equipo
Por un delito contra la seguridad de los trabajadores y de imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte
El Gobierno ha recibido hoy dos duros golpes por parte de los sanitarios debido a su gestión de la crisis del coronavirus. Primero, fue la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) la que anunció su querella ante el Tribunal Supremo y horas más tarde, el Consejo General de Enfermería (CGE) se ha querellado contra el presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad , Salvador Illa, y varios cargos de su departamento entre los que se encuentra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
A la vista de la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el fallecimiento de medio centenar de ellos, el CGE decidió actuar. Llevó a cabo una investigación que explica «cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio de Sanidad al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos –como las mascarillas– o los test sin la fiabilidad suficiente».
Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, explica en una conversación con ABC que el 21 de febrero, Sanidad le llamó para que suspendiera todos los actos y congresos . «Sorprendentemente luego vimos que hubo una manifestación multitudinaria, partidos de fútbol, conciertos, actos políticos...», algo que le hace sospechar que «tenían conocimiento y no actuaron como debían». A ojos del presidente del CGE, «ha habido indudablemente un atentado importante contra los ciudadanos porque la gestión que se ha hecho no es la correcta y queremos que los tribunales decidan si han atentado contra la seguridad de os trabajadores».
Esta querella por un delito contra la seguridad de los trabajadores se suma a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos.
«Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos», afirma Florentino Pérez Raya, presidente de Consejo General de Enfermería.
Un delito contra la seguridad de los trabajadores
En la extensa y contundente querella, que contiene más de 50 folios y en la que se realiza un amplio relato de los hechos, se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas , de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física». La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte .
A esta querella del Consejo General se podrán adherir en fechas próximas los Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería que así lo estimen oportuno.
Noticias relacionadas
