76 sanitarios, positivo tras usar las Garry Galaxy del Gobierno

El rastro de las mascarillas defectuosas enviadas por el Gobierno a las Comunidades Autónomas se mide en Galicia por los positivos en sanitarios que las emplearon para atender a enfermos Covid-19 durante un periodo de entre diez días y dos semanas, según sus propias estimaciones. Ayer, Alberto Núñez Feijóo informó que 76 profesionales de la sanidad pública están apartados en cuarentena domiciliaria tras diagnosticarse su contagio, «la mayoría asintomáticos». En total se han realizado unas 3.055 pruebas de doble banda a médicos , enfermeras y auxiliares que emplearon este material. Desde el Sergas apuntaron a que se seguirán haciendo más test porque no se tiene una estimación final de posibles sanitarios expuestos.

Galicia ordenó el jueves parar la distribución de las mascarillas defectuosas y su retirada inmediata de las distintas áreas sanitarias. En total, se inmovilizaron 82.291 unidades de las polémicas Garry Galaxy modelo FPP2 , de las cuales unas 45.000 ya habían sido enviadas a las áreas sanitarias e incluso utilizadas durante varios días por los profesionales de UCI, urgencias y plantas dedicadas a enfermos Covid-19.

Según explicaron a ABC fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas), «el Ministerio no utilizó el sistema de alerta sanitaria para comunicar las deficiencias detectadas», sino que se limitó a enviar un correo electrónico en la noche del miércoles. Además, «tampoco informó de los lotes afectados, lo que dificultó identificar la trazabilidad de las unidades» usadas por profesionales sanitarios.

Los sindicatos médicos, sin embargo, creen que el Sergas demoró un día la retirada de este material y piden explicaciones . Sanitarios de la UCI Covid del CHUO sostienen que en la mañana del viernes todavía se estaban utilizando. Los representantes de los trabajadores también coinciden en la dificultad en establecer una relación causa-efecto entre los positivos detectados en esta tanda de diagnóstico con este material defectuoso, y ello condiciona, por ejemplo, que se adopten medidas legales como la presentación de denuncias ante los tribunales.

En declaraciones a ABC, CESM-Galicia y CIG-Saúde reconocieron estar estudiando en sus asesorías jurídicas si hay margen para reclamar y exigir responsabilidades, mientras O’Mega ha puesto a sus abogados al servicio de sus afiliados. «Esto no puede quedar así» , sentencia un responsable de CIG-Saúde en Orense, área sanitaria donde se localizan unos 28 positivos. Para Ramón Barreiro, presidente de CESM-Galicia, se trata «una actuación negligente fruto de la premura o la necesidad de comprar material», cuando «la política de compra de material tiene que ser en primer lugar la calidad y la seguridad».