«A partir de ahora tendré la duda de si el material que usamos es seguro»

Belén Núñez es enfermera del Complejo Hospitalario Universitario de Orense (CHUO) con veinte años de carrera. «Y me he enfrentado a bacterias y virus más peligrosos que el Covid-19, pero nunca llegué a mi casa con el miedo de si podría contagiar a mi familia». Atiende a ABC, precisamente, desde su domicilio, donde guarda cuarentena tras dar positivo por coronavirus: «Estoy bien, asintomática, dentro de la desgracia es una suerte» . Ella es una de los 28 sanitarios de la UCI Covid-19 de su hospital que han resultado contagiados en los últimos días, previsiblemente por el uso de las mascarillas defectuosas compradas por el Gobierno y enviadas a las CC.AA.

«Como mínimo llevábamos diez días usándolas» , y calcula que podrían haberlas utilizado «más de doscientos sanitarios» de su hospital entre UCI, urgencias y planta. A todos ellos les une estos días «una rabia y una frustración tremendas». «Yo soy enfermera y asumo los riesgos de mi profesión, pero nos creíamos protegidos , nos llevaba más de media hora vestirnos, éramos muy escrupulosos, y ahora nosdicen que llevábamos diez días haciéndolo para nada», lamenta.

Reconoce que, una vez pase la cuarentena y pueda volver a su trinchera a combatir la pandemia, «nadie me va a quitar la sensación de incertidumbre, de que no me voy a sentir segura al 100%, porque no sé si volverá a pasar, si el material que usemos estará homologado... La seguridad no va a ser la misma», cuando además «la exposición en UCI es bestial» . Ahora, ella y sus compañeros exigen «que se depuren responsabilidades y se diga por qué se compraron esas mascarillas, quién las compró y por qué el día 17 se seguían utilizando», cuando la alerta se dio por el Ministerio el 15 por la noche.

Galicia ordenó el jueves parar la distribución de las mascarillas defectuosas y su retirada inmediata de las distintas áreas sanitarias. En total, se inmovilizaron 82.291 unidades de las polémicas Garry Galaxy, de las cuales unas 45.000 ya habían sido enviadas a las áreas sanitarias e incluso utilizadas durante varios días por los sanitarios. Según explicaron a ABC fuentes del Servicio Gallego de Salud (Sergas), «el Ministerio no utilizó el sistema de alerta sanitaria para comunicar las deficiencias detectadas» , sino que se limitó a enviar un correo electrónico en la noche del miércoles. Además, «tampoco informó de los lotes afectados, lo que dificultó identificar la trazabilidad de las unidades» usadas por profesionales sanitarios. Los sindicatos médicos, sin embargo, creen que el Sergas demoró un día la retirada de este material y piden explicaciones. «El día 17 en el turno de mañana se trabajó en la UCI Covid con esa mascarilla» , asevera la enfermera Belén Núñez, «por lo que alguien miente».

En paralelo, la sanidad gallega está realizando test diagnósticos de doble banda a todos los trabajadores que creen han podido emplear estas mascarillas y estar expuestos al coronavirus, que en principio serían una inmensa mayoría, ya que fueron usadas principalmente en UCI y plantas de Covid-19. Hasta el momento se habrían realizado unas 2.000 pruebas, cifran desde el Sergas, con un índice de positivos del 2%, «aunque en algunas áreas ha habido 100% de negativos». Los sindicatos, sin embargo, recuerdan que el virus tiene varios días de incubación, por lo que los negativos de hoy pueden tornarse positivos dentro de varios días. CIG-Saúde ha reclamado cuarentena para todos los sanitarios que pudieran haber utilizado estas mascarillas . «Pedimos que se nos repitan las PCR», demanda Núñez. El sindicato de enfermería Satse advierte de que «hay profesionales que todavía no tienen conocimiento de cuándo se van a llevar a cabo dichos test», y reclama «la máxima celeridad» a las autoridades sanitarias.

Los representantes de los trabajadores también coinciden en la dificultad en establecer una relación causa-efecto entre los positivos detectados en esta tanda de diagnóstico con este material defectuoso, y ello condiciona, por ejemplo, que se adopten medidas legales como la presentación de denuncias ante los tribunales. En declaraciones a ABC, CESM-Galicia y CIG-Saúde reconocieron estar estudiando en sus asesorías jurídicas si hay margen para reclamar y exigir responsabilidades, mientras O'Mega ha puesto sus abogados al servicio de sus afiliados. «Esto no puede quedar así» , sentencia un responsable de CIG-Saúde en Orense, en cuya área sanitaria se ha realizado test a 1.300 sanitarios y se han detectado hasta la fecha 28 positivos, la mayoría pertenecientes al colectivo de enfermeros, que ya guardan cuarentena en sus domicilios. Para Ramón Barreiro, presidente de CESM-Galicia, se trata «una actuación negligente fruto de la premura o la necesidad de comprar material» , cuando «la política de compra de material tiene que ser en primer lugar la calidad y la seguridad».