Centros tutelados bajo sospecha en Mallorca
A lo largo de los últimos días ha trascendido que algunos menores de centros de acogida son víctimas de explotación sexual infantil, situación que ha denunciado la oposición al actual tripartito y que se está investigando. La agresión sexual múltiple a una niña de 13 años destapó el caso
La posible deficiente atención institucional que estarían recibiendo algunos menores en los centros de acogida y de internamiento de Mallorca está siendo objeto de debate en los últimos días, tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, horas después, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó.
En la denuncia presentada por la propia víctima en la mañana del 25 de diciembre, dicha niña habría dejado entrever, además, que horas antes de la agresión sexual múltiple que sufrió, un grupo de adultos habría intentado prostituirla. En su denuncia, la menor habría hecho también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros tutelados que se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero. Ese mismo 25 de diciembre, la niña pidió ayuda a la psicóloga de su centro de acogida a través de mensajes con su teléfono móvil. Según avanzó el diario «Última Hora» hace ocho días, en varios de esos mensajes la menor decía «Ayuda, por favor», mientras que en otro señalaba «Me han intentado prostituir».
La Policía Nacional detuvo a siete menores y a un joven mayor de edad como sospechosos de haber participado de forma directa o indirecta en la violación grupal de la niña, de nacionalidad española. Los presuntos agresores se habrían turnado para violar a la víctima, si bien habrían alegado ante la Policía que se habría tratado de relaciones sexuales consentidas. Todos los sospechosos, también españoles, fueron puestos en libertad sin medidas cautelares. Aun así, los siete menores arrestados inicialmente —seis chicos y una amiga de la niña— pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores.
Tras conocerse públicamente el caso de la niña violada en grupo en Palma y la existencia de menores víctimas de explotación sexual infantil en Mallorca, algunos trabajadores de los centros de acogida han denunciado la supuesta inacción política ante los citados casos. En ese contexto general, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, acordó «la incoación de diligencias de investigación penal» para el esclarecimiento de esos hechos.
Funcionamiento
Un centro tutelado o de acogida es distinto a un centro de internamiento. En los centros tutelados el régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Por lo que respecta a los centros de internamiento, que son de régimen cerrado para menores con antecedentes, los tres que existen son gestionados por el Gobierno balear.
En los centros de acogida trabajan equipos multidisciplinares, conformados por trabajadores sociales, psicólogos, maestros y educadores sociales, si bien son estos últimos quienes se ocupan esencialmente de la atención a los menores tutelados. En ese contexto, el presidente del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de las Islas Baleares (CEESIB), Jordi Fuster , explicó a ABC que «es necesario mejorar el circuito de coordinación» para intentar dar solución a las «complejas» problemáticas que viven muchos de esos menores, no sólo vinculadas en algunos casos a la explotación sexual, sino también al maltrato, los abusos o las drogas.
Fuster recalcó que sería necesario contar con «más recursos económicos» y también «con una formación mejor por parte de algunos profesionales». Paralelamente, el CEESIB condenó las «conductas inadecuadas aisladas» de algunos educadores sociales, después de que el Gobierno balear hubiera confirmado la pasada semana que desde 2016 ha despedido a cinco trabajadores de los centros de internamiento que gestiona por «conductas sexuales inadecuadas» con menores.
Según confirmó el Govern, que preside la socialista Francina Armengol, de esos cinco trabajadores —cuatro mujeres y un hombre—, cuatro fueron denunciados ante la Fiscalía. Con respecto a su situación laboral, tres fueron despedidos, a uno no se le renovó el contrato y otro no superó el periodo de prueba establecido. Hay que señalar que cuando se habla de conductas sexuales inadecuadas, deben considerarse como tales, entre otras, las situaciones de acoso, los tocamientos y los abusos.
Datos
La responsable de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en Baleares, Julia Vázquez, explicó el pasado miércoles que la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen constancia de la existencia de «redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores» en Mallorca, si bien sí han detectado casos aislados de personas que estarían prostituyendo a adolescentes de centros tutelados. Ese mismo día, el presidente del IMAS, Javier de Juan, anunció la creación de una comisión para combatir la explotación sexual infantil.
Precisamente, fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno confirmaron a ABC que a lo largo del último lustro la Guardia Civil ha llevado a cabo en Mallorca diez operaciones vinculadas a la posible prostitución de menores, mientras que las actuaciones de la Policía Nacional realizadas en ese ámbito de investigación se situarían en torno a doce en total. En cualquier caso, no se trataría de intervenciones circunscritas exclusivamente a casos de menores de centros de acogida.
El Consell de Mallorca informó previamente de que tiene constancia de la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil entre el total de 359 menores tutelados que atiende el IMAS. Además, aclaró que desde 2017 tiene un protocolo muy estricto sobre cómo actuar ante esas situaciones.
Cabe recordar que en el Consell gobierna un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera. Desde la oposición, el PP, Vox, Cs y Proposta per les Illes han exigido la creación de una comisión de investigación, que en principio ha sido aceptada por el PSOE.
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