Celaá propone convertir gimnasios, bibliotecas y salones de actos en aulas para la vuelta al cole en septiembre

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, compareció ayer en el Congreso para detallar la actuación del ministerio desde la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19, así como «avanzar las líneas de trabajo con las que propone modernizar el sistema educativo de cara al futuro», señaló el ministerio en una nota de prensa. El problema es que, al mismo tiempo, reconoció no puede decirse « nada con seguridad » sobre la vuelta al cole en septiembre ya que se desconoce la evolución de la pandemia.

La ministra sí aseguró que trabajarán con el grupo de trabajo constituido con representantes de las comunidades autónomas creado en la última Conferencia Sectorial para «que el mayor número de alumnos esté en actividad presencial» después del verano. En este sentido, Celaá apeló a la necesidad de «modernizar las infraestructuras» e, incluso pidió que los centros que vayan a hacer alguna obra en verano lo haga «con la perspectiva de abrir espacios para asegurar distancia». Aún así, invitó al uso de «absolutamente todos los espacios físicos» del centro, tanto internos como externos. Es decir, « no solo aulas, sino bibliotecas, aulas de audiovisuales, salones de actos o gimnasios ». «Estamos viendo cómo podemos abordar con las mayores garantías posibles el comienzo de curso», agregó.

Se trató de una crispada reunión en la que el representante del PP, Óscar Clavell le dijo que Celaá renunció a liderar cualquier iniciativa y que «no existe ningún protocolo firme ni criterios homogéneos» sobre el final del curso y el inicio del siguiente.

Cabe recordar que Celaá aprobó una polémica orden en el BOE que deja en manos de las comunidades autónomas los criterios de promoción de curso y titulación. El problema del contenido de esta norma es que va contra la ley educativa vigente (Loe-Lomce) y la propia Constitución que, en su artículo 149, apartado 30 señala que es competencia exclusiva del Estado la « regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia».

La misma crítica que el PP le hizo Vox y Cs. «Los criterios exigibles para obtener la titulación están regulados y las comunidades autónomas no tienen capacidad para modificarlos, dijo Marta Martín , del partido naranja.

En este sentido, la ministra respondió que «la uniformización nos lleva a la falta de respeto a la diversidad, al elogio a la diferencia» y añadió que el ministerio de Educación «sigue el modelo constitucional vigente, que no es otro que el Estado de las autonomías, sin ninguna nostalgia de estados unitarios, de triste recuerdo en este país».