Omella y Calvo acuerdan «una agenda de trabajo» para «avanzar en la colaboración» y «resolver las discrepancias»
Se trata del primer encuentro después de que el cardenal Juan José Omella fuera elegido en marzo presidente de los obispos
Casi cuatro meses después de que fuera elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella mantuvo este mediodía una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Se trata del primer encuentro tras la elección del arzobispo de Barcelona como presidente de los obispos el pasado 3 de marazo, una semana antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma por la epidemia de Sars-Cov-2.
Según un comunicado conjunto de La Moncloa y la Conferencia Episcopal, durante el encuentro ambas partes "han acordado establecer una agenda amplia de trabajo para avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse" .
Entre los temas a abordar se encuentra «la fiscalidad de la Iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la educación». Ambas partes además se han comprometido a designar «a las personas« que llevarán a cabo esa tarea.
El Gobierno y la Conferencia Episcopal además pretenden revitalizar los trabajos de la Comisión Mixta, prevista en los Acuerdos con la Sante Sede, como "un espacio de trabajo y diálogo institucional que permita actualizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado a los momentos en los que vivimos".
La cita forma parte de "la ronda de contactos" que la vicepresidenta primera mantendrá con todos los representantes de las principales confesiones religiosas implantadas en nuestro país, tras asumir las políticas destinadas al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y la relación con todas las confesiones presentes en la sociedad española.
Numerosos frentes abiertos
Pese a que el cardenal ha mantenido durante el estado de alarma sendas conversaciones con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la Iglesia mantiene varios frentes abiertos con el Ejecutivo de coalición. Entre ellos, el más preocupante es la nueva ley educativa, conocida como "ley Celaá". Para la Conferencia Episcopal la nueva norma "debería recoger la ‘demanda social’ en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación”.
“Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la educación para todos, no es, sin embargo, el sujeto del derecho educativo”, aseguraron los obispos que integran la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
También se oponen a la marginación de la asignatura de Religión que deja de ser evaluable y se queda sin alternatvia. “No puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que esta pueda crecer como sujeto responsable y libre”, señalan.
La Iglesia también se ha mostrado claramente contraria a la ley de eutanasia que sigue su tramitación en el Congreso de los Diputados y ha considerado "discriminatoria" la intención del Gobierno de obligarle a pagar el IBI sobre alguno de sus bienes inmuebles pese a que la ley exonera del pago de dicho impuesto no solo a la Iglesia sino a todas las entidades sin fines de lucro que utilizan espacios para desarrollar sus actividades benéficas.
En el marco de las relaciones con la Iglesia católica, Carmen Calvo también mantuvo un encuentro de bienvenida con el nuevo nuncio de Su Santidad en España, monseñor Bernardito Auza, el pasado mes de enero y se constató "la fluidez de las relaciones entre España y la Santa Sede".
Noticias relacionadas
