Armengol blinda la escuela 100% en catalán
El Gobierno balear aprueba el proyecto de la primera Ley de Educación de Baleares que permite a los centros educativos practicar la inmersión lingüística y relegar el castellano como lengua vehicular
El conseller de Educación da por hecho la falta de consenso: «Sabemos que no es una ley que tendrá unanimidad, tampoco somos ingenuos», ha sentenciado
El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol blindará la inmersión lingüística en las aulas antes de que acabe la legislatura. La nueva ley de educación , que prevé aprobar a finales de 2021 o enero de 2022, obliga a dar un mínimo del 50% de las clases en catalán y, como novedad, permite a los colegios ampliar este porcentaje hasta el 100% .
El anteproyecto de la ley balear de educación, aprobado este miércoles en un Consejo de Gobierno extraordinario y que ahora inicia el trámite parlamentario, también relega el castellano y sólo da el estatus de lengua vehicular al catalán , al que define como «lengua propia» y «lengua vertebradora de la enseñanza». El español queda rebajado a «lengua de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo», al mismo rango que un idioma extranjero.
Después de seis años de legislatura, Armengol encara la recta final de su segundo mandato acelerando la tramitación de la primera ley balear de educación. El anteproyecto aprobado es la quinta versión de su redactado y cuenta con el visto bueno de los partidos que conforman el Gobierno: PSOE, los nacionalistas de Més y Podemos. Se trata de un proyecto estrella que se frustró en su primera legislatura y que retoma ahora a imagen y semejanza de la Lomloe o ‘Ley Celaá’, que en diciembre de 2020 aprobó una enmienda de PSOE, ERC y Unidas Podemos para quitar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
El texto inicial, expuesto en 2019, reconocía «el uso de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares de enseñanza» en su artículo 122.1.c, que ahora se ha eliminado. El conseller March ha insistido este miércoles en que quiere «un modelo lingüístico plural y diverso» donde el catalán sea la «lengua básica» y el castellano sea una «lengua de aprendizaje», al igual que los idiomas extranjeros.
Aunque March prometió no incluir porcentajes de lenguas en la enseñanza para permitir «una sociedad plurilingüe», finalmente ha cedido a las presiones de los socios econacionalistas, que amenazaban con votar en contra de esta ley si no se blindaba el catalán . Ahora su ley habla de reservar al menos la mitad del horario escolar a la lengua catalana, en contra de los principales partidos de la oposición y una parte de la comunidad educativa, que reclamaba un modelo lingüístico flexible y adaptado a la realidad sociolingüística de los centros.
Reservar la mitad del horario
En el artículo 133 se obliga a los centros educativos a reservar al menos la mitad del horario en la lengua propia «para asegurar el proceso de normalización lingüística», en cumplimiento del Decreto de Mínimos. Esta norma, aprobada por el PP en 1997, ha permitido una inmersión lingüística ‘de facto’ en buena parte de los centros públicos de Baleares, al no fijar un máximo de horas de catalán y permitir casi un 100% de las clases en esta lengua.
La ley va más allá de este decreto y fija explícitamente la posibilidad de que los centros implementen «estrategias de inmersión lingüística» para que «la lengua catalana mantenga su función de referencia de cohesión social», según se especifica el texto definitivo publicado este miércoles en la página web del Gobierno autonómico. Esto supone un aval para la inmersión frente a las sentencias del Supremo que han cuestionado este modelo de aprendizaje.
La nueva ley estipula, además, que el catalán será «la lengua de cohesión social en las actividades educativas y complementarias»
La nueva ley estipula, además, que el catalán será la «lengua de cohesión social en las actividades educativas y complementarias» y «vehículo de expresión normal en las comunicaciones y en el ámbito administrativo».
El conseller también prometió que la nueva ley autonómica «no sería la ley de ningún partido sino una ley con la que todo el mundo se sintiera mínimamente representado». Sin embargo, sólo cuenta con el aval de los socios de Govern y ya da por hecho que no habrá consenso: «Sabemos que no es una ley que tendrá unanimidad, tampoco somos ingenuos», ha sentenciado.
March ha pedido «altura de miras» a los partidos de la oposición para aprobar el texto de ley, que comenzará ahora su recorrido en el Parlamento balear. Asegura que hablará con todos, desde Vox hasta «los grupos de Formentera», pasando por el PP, El PI, Cs, MÉS per Menorca y los grupos del Govern: PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos.
«No es una ley de lenguas sino de educación», ha reivindicado la presidenta Armengol en la presentación en la sede del gobierno , donde ha defendido que esta normativa es necesaria para «garantizar estabilidad en el mundo educativo». La dirigente socialista ha vuelto a hacer un guiño a la marea verde que protestó contra el trilingüismo de la anterior legislatura del PP y la aupó al Consolat de la Mar, recordando la época de «crispación» que se vivió con el PP y su primer encuentro con la comunidad educativa, al primero que abrió las puertas y con el que se comprometió a «trabajar desde el diálogo para consensuar un sistema educativo sólido».
«Monolingüismo»
El conseller, por su parte, se ha referido al catalán como la «lengua básica» de esta nueva ley educativa y ha tratado de zanjar la polémica del modelo lingüístico afirmando que «no estamos a favor del monolingüismo».
El coordinador de Més per Mallorca, Antoni Noguera, ha celebrado que esta ley «blinde» el catalán en las aulas y «eleve a rango de ley el conocido como Decreto de Mínimos». Noguera ha defendido que sin la formación ecosoberanista en el gobierno, la ley sería «muy diferente».
«No permitiremos una ley sectaria; apostamos por el consenso», afirma el PP. Vox llevará la norma al TC
El PP ha criticado que el anteproyecto no ha contado con la participación necesari a de todos los sectores educativos y «acumula críticas» por parte de la escuela concertada. Según la diputada popular Núria Riera, las «líneas rojas» de su partido para llegar a un acuerdo en materia educativa son garantizar la cultura del esfuerzo y la libertad de las familias para elegir la educación y el colegio, además de la defensa de las dos lenguas cooficiales con un equilibrio de las dos y la igualdad de oportunidades para los niños. «No permitiremos una ley sectaria y apostamos por el consenso», ha dicho.
Vox ha avanzado que recurrirá al Tribunal Constitucional «este engendro adoctrinador» que certifica y avala la inmersión lingüística en catalán en las escuelas. Para el presidente del partido en Baleares, Jorge Campos, se trata de un texto de «ingeniería social que eleva a rango de ley la inmersión obligatoria en catalán que venimos sufriendo en Baleares desde hace 20 años gracias a la legislación del Partido Popular». «Esto no se trata sólo de en qué lengua se imparten las clases vulnerando la libertad, el objetivo final es la catalanización de las mentes de los alumnos», ha criticado.
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