Ocho mil andaluces dependientes fallecen antes de recibir ayuda

El largo periplo burocrático que transcurre entre la solicitud de la ayuda y el reconocimiento del derecho a cobrarla ha dejado a miles de andaluces por el camino. En concreto, 7.781 personas han fallecido en esta comunidad desde 2013 hasta junio de este año antes de que los servicios sociales de la Junta evaluaran su grado de autonomía o a la espera de que les abonaran la prestación correspondiente, habiendo sido reconocidos como mecedores de recibir servicios o prestaciones. Son cifras oficiales.

A preguntas del PP, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, reconoce en una respuesta parlamentaria fechada el pasado 20 de julio que 3.785 personas murieron en 2013 mientras aguardaban a que la Junta les hiciera el Programa Individual de Atención, es decir, esperando a que les asignara una prestación ajustada a su estado y grado de dependencia o antes de pagarles la ayuda aun habiendo superado todas las etapas del tedioso procedimiento de concesión de ayudas. En 2014, para 3.421 andaluces, la respuesta llegó demasiado tarde. En el primer semestre de 2015, se quedaron 575 solicitudes sin resolver por fallecimiento. En total, 7.781 andaluces.

La diputada andaluza y vicesecretaria de Política Institucional, Estudios y Programa del PP-A, Patricia del Pozo, hizo ayer públicos estos datos, que calificó de «estremecedores» y anunció que su grupo político va a pedir la comparecencia inmediata de la consejera de Igualdad y Asuntos Sociales. Apuntó, además, que en estos momentos hay 18.186 dependientes en «lista de espera». Del Pozo se preguntó «cuántos andaluces más tienen que morir esperando a ser valorados o a recibir su prestación».

En Andalucía, hay 163.125 beneficiarios de ayudas a la dependencia. Representan el 22% de las personas amparadas por el Sistema de Atención a la Dependencia en el conjunto de España. La Junta financia el 78% del sistema de atención a la dependencia, mientras que la Administración central aporta el 22% restante pese al compromiso de cofinanciación del 50 por ciento. Como telón de fondo está la falta de capacidad financiera del Estado y las autonomías para asumir los costes que supone sustentar la ley que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero.