¿Volverá a ser de pago la AP-4 entre Cádiz y Sevilla? El Gobierno arranca con su nuevo plan

Hace ya casi tres años que se liberalizó la autopista entre Sevilla y Cádiz, la AP-4, que dejó de ser de pago tras varias décadas cobrando a su paso por Las Cabezas de San Juan. Ahora, el Gobierno inicia su plan para implantar peajes en las autovías a partir de 2024. ¿Afectará a la autopista gaditana? ¿Volverá a ser de pago pese a las críticas de los consumidores y los clientes?

Hasta el momento el Gobierno no se pronuncia pese a los comentarios vertidos por su oposición. La realidad es que ha iniciado los trámites para estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.

La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.

El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.

El pasado mes de junio, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, descartó iniciar el debate correspondiente con el sector para comenzar a diseñar este plan, con el objetivo de dar prioridad a la situación económica, lastrada tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania.

No obstante, volvió a confirmar que se aplicará esta medida y avanzó que ya se estaba realizando un estudio previo. De hecho, al margen del debate que se debe abrir con el sector para consensuar el mejor sistema posible, los planes para implantar el pago por uso en las carreteras siguió adelante.

De esta forma, el 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual «podrían» implantarse los peajes.

El Gobierno defiende que este plan responde a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y al alineamiento con las agendas estratégicas de la Unión Europea, en cuya mayoría de países (Italia, Francia o Portugal, por ejemplo) se aplican peajes de forma generalizada.

Estos contratos abren la primera de las tres fases en las que se articulará esta medida. La segunda será el diseño e ingeniería de la solución adoptada y la tercera estará constituida por los servicios necesarios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro.

Uno de los primeros elementos que se analizarán en estos informes será si se adopta un sistema de viñetas, con las que se paga una cantidad fija al año para poder circular, o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento.

También se estudiará al alcance de la red vial a tarificar, si son solo las autovías estatales o también las autonómicas (para no crear agravios territoriales) o incluso cualquier carretera, así como la posible progresividad fiscal para no perjudicar a los más vulnerables.

Facua-Consumidores en Acción ha criticado que el Gobierno siga adelante con su plan de implantar un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, al considerar que se trata de una medida que terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo.

La organización de defensa de los consumidores ha emitido un comunicado en el que rechaza «de pleno» el modelo propuesto por el Gobierno y ha señalado que se trata de una medida que «supondrá un importante perjuicio económico para los usuarios habituales».

Recientemente, la Dirección General de Carreteras, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado un estudio a la consultora pública Ineco para valorar el nuevo sistema de financiación de las carreteras, en línea con el compromiso que adquirió con Bruselas a cambio de recibir fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros.

A juicio de la asociación, el dinero para la financiación de las carreteras estatales debe proceder de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de manera que el dinero necesario para su mantenimiento salga de los impuestos directos de los ciudadanos. «La financiación a través de dichos impuestos permite garantizar una cierta progresividad, ya que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo«, han explicado.

Por el contrario, el modelo que busca implantar el Gobierno supone «un pago por igual a todos los usuarios», sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica.

De igual forma, Facua ha lamentado que esta medida supondrá «un claro perjuicio» para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y que usan estas vías para sus desplazamientos diarios.

Asimismo, la asociación ha criticado que la medida se plantea en un momento en el que no hay una apuesta «clara» por el transporte colectivo que sea eficiente y eficaz, que pueda representar una alternativa real al uso del automóvil.

Entre los motivos esgrimidos por el Gobierno para poner en marcha este plan se encuentran el coste de conservación de la red de carreteras de alta capacidad, que «no son posibles de asumir de manera directa por los recursos presupuestarios», y la minoración de la emisión de gases de efecto invernadero.

Sobre este último punto, Facua ha instado al Gobierno a que, si el impacto medioambiental es uno de los argumentos, debe apostar «firmemente» por un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio «asequible».