«Están entrando de cinco a seis 'gomas' diarias cargadas de hachís y no tenemos medios»

Varias lanchas inoperativas, otras viejas y anticuadas, protocolos de seguimientos y abordajes desactualizados, patrones insuficientes por turnos, cámaras térmicas de visión nocturna contadas, chalecos antibalas sin flotabilidad... y en frente, traficantes cada vez más equipados, a bordo de potentísimas semirrígidas y panelables muy veloces y practicables, con armas de todo tipo, y por día más numerosos, temerarios e insistentes.

Ese es el escenario al que se están enfrentando en la actualidad los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz que continúan en la comprometida labor de perseguir y dar caza a todo aquel que pretenda traficar con hachís y alijar por cualquier punto de la costa de la provincia. Y aunque la situación por esta zona siempre ha sido difícil, en especial en todo el área de la desembocadura del Guadalquivir, con especial incidencia en Sanlúcar, lanzan una advertencia sobre que en los últimos meses su día a día se ha vuelto «insostenible» y que están «desbordados».

Por ello, desde la asociación de Justicia para la Guardia Civil (Jucil) Cádiz se ha cursado una instancia en la que se solicita a la Dirección General del Cuerpo que mejore e intensifique de manera urgente los medios de los efectivos del Servicio Marítimo en Cádiz debido al incremento y la expansión de la actividad del narco que, además, cada vez es más violento y no duda en embestirles o dispararles si se ven acorralados. «Cualquier día vamos a tener que volver a lamentar una desgracia», avisan.

Según alertan desde el sindicato, el río Guadalquivir y el caño de Sancti Petri están siendo «un coladero. Todos los días entran una media de cinco o seis gomas cargadas de hachís y para el Gobierno droga que entra y no cogemos, es droga que no existe», afirman. Y así, como denuncian, desde el Ministerio del Interior están «jugando con las estadísticas para no causar alarma social», pero entienden que, según están comprobando en primera persona, la situación es «realmente caótica cuando tienen pleno conocimiento de lo que está pasando y ¡nadie hace nada!».

Desde Jucil hablan de que por muchos planes u operativos especiales que se hagan, no se tienen los medios suficientes para contener a las 'narcolanchas' y, mucho menos, para poder detener a sus ocupantes. Como advierten, hay varias patrulleras inoperativas y las que sí están en funcionamiento (porque se han librado de tener alguna avería), están viejas y se han quedado obsoletas.

Además, cuando están operativas, aseguran que se saca una por servicio para toda una demarcación que va desde Sevilla (por el Guadalquivir) hasta Barbate, por lo que llegar desde una punta a otra ante cualquier aviso del SIVE por ejemplo es prácticamente inviable.

En este sentido, los narcos saben y se aprovechan de mucha de estas carencias y deficiencias, y además, tienen también informadores (puntos) que les van avisando de todos los movimientos. Así por ejemplo y como se ha detectado llegan a meter 'gomas' de señuelo por otros lugares de la costa para esquivar a las patrulleras mientras que trasbordan o descargan los fardos de hachís a varios kilómetros, por lo que llegar a tiempo y cogerlos en esas circunstancias es casi una utopía.

Por otro lado, «faltan patrones. No hay suficientes». Por ello a veces se están viendo obligados a poner en servicio embarcaciones menores (mucho menos seguras) en las que solo van tres componentes, y en algunas ocasiones incluso dos. «Necesitamos apoyo institucional y del Gobierno, la mafia del narcotráfico cada vez está más reforzada y campan a sus anchas mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ven impotentes ante la inacción del Estado que no nos da ni los medios ni el personal suficiente para abordar esta situación», insisten.

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En la instancia dirigida a la directora general de la Guardia Civil, Jucil solicita que se instauren protocolos y directrices actualizados en las formas de cómo actuar en seguimientos y abordajes en la mar por parte de los miembros de esta unidad a embarcaciones utilizadas para el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Además también piden que se instauren nuevo protocolos de actuación para que estos agentes puedan hacer uso de material antidisturbios si fuera preciso y si estuvieran habilitados y capacitados para ello. Como por ejemplo que pudieran utilizar estos medios (como los Cetme con bolas antidisturbios). Por otro lado, se requiere que se les dote de chalecos antibalas con flotabilidad que sean operativos, ligeros, prácticos y de última generación, «al igual que poseen de dotación otras policías marítimas y militares en otros países».

Asimismo, se solicita que haya otro protocolo específico para la utilización por parte de los miembros del Servicio Marítimo de embarcaciones menores de doce metros (tipo S-20, semirrígidas, y camuflada de recreo), así como sobre la distancia que se pueden alejar tanto de costa como de la base, la tripulación mínima, y con qué finalidad serán utilizadas estas lanchas.

También exigen que se dote al Servicio Marítimo de Cádiz de la partida presupuestaria que sea necesaria para la reparación de las averías que actualmente padecen algunas de las embarcaciones que tiene de dotación. Y que mientras esos arreglos no se hagan se permita a sus efectivos a utilizar embarcaciones de otras unidades con menos volumen de trabajo «para poder cubrir los servicios con garantías y seguridad», aseguran.

Por último, «teniendo en cuenta que recientemente se han realizado y finalizado varios cursos de la especialidad, tanto de patrones como de mecánicos-marineros, y debido al manifiesto aumento del narcotráfico y atentados a agentes de la autoridad que se están produciendo actualmente, se comisionen a este Servicio Marítimo provincial del personal de dichos cursos de especialidad suficientes para poder cubrir los servicios con garantías y seguridad, haciendo una mención especial a la necesidad de poder realizar los servicios con un mínimo de dos patrones por patrullera en cada servicio».

Y es que la presión ejercida contra el narco por todos los medios policiales durante los últimos años desde que se vivió una situación de pérdida de autoridad y desafiante impunidad en el Campo de Gibraltar ha provocado que las bandas se hayan extendido hacia otros puntos del litoral gaditano y también de otras provincias como Málaga, Huelva o Almería.

Prueba de ello es que muchos de los identificados o detenidos en operaciones de droga en estos lugares son originarios de localidades del Estrecho, como de La Línea de la Concepción, San Roque, o también, ciudadanos marroquíes que actúan en gran medida como 'notarios' de los proveedores que viajando junto a la carga acreditan que la mercancía no ha sido decomisada y por tanto se tienen que efectuar los pagos.

Y en cuanto a Cádiz, este ir y venir de lanchas cargadas de fardos de hachís está siendo especialmente vertiginoso tanto en la desembocadura del Guadalquivir (desde Sanlúcar a río arriba: Lebrija, La Puebla del Río, Coria... ) como también por otras zonas como el caño de Sancti Petri -con especial insistencia de las petaqueras que surten de combustible a las 'gomas'- o el río Guadalete.

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«La situación no es que esté mal, es que vamos a peor día tras día», avisan. «Estamos al límite y trabajar así... la impotencia es total», lamentan desde Jucil Cádiz. «Y mientras tanto, el Gobierno y el ministro del Interior miran para otro lado».

Además vuelven a insistir en que la peligrosidad y la violencia de estos grupos criminales también va en ascenso o no ha acabado. Muchas veces por las propias pugnas entre estas mismas redes sobre zonas de alijo o cargas, lo que no es óbice de que puedan utilizar dichas armas para proteger a toda costa lo que llevan. De ahí que en los últimos operativos se hayan interceptado hasta armas de guerras o que en las mismas narcolanchas lleven pistolas y fusiles, algo que antes no era tan habitual.

Sin ir más lejos esta pasada semana se daba cuenta de otra operación en la que se han aprehendido 3.600 kilos de hachís que cargaba una de estas semirrígidas. Fue interceptada en Puebla del Río y se detuvo a tres personas. Pues en el registro además de los 101 fardos de droga, y según la versión oficial, se intervino una pistola de nueve milímetros con el número de serie borrado lista para disparar, así como 374 cartuchos.

Para Jucil, una vez elevada la instancia, la directora de la Guardia Civil será la responsable de que la situación mejore y se arregle. «Es la que debe dar la cara por todos nosotros, que se ponga las pilas y vele por la seguridad de sus agentes. Pero ella también mira para otro lado. Ella y Marlaska nos tienen abandonados».