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El calvario de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Cádiz: «Trabajo tomando morfina y con muchísimos dolores»
Purificación, Isabel, Lola y Encarnación han denunciado la situación de desprotección y desamparo que sufren por parte de las administraciones al no concederles el reconocimiento de incapacidad permanente por sus lesiones
«En las consultas médicas se les trata como si fueran casi un delincuente»
Purificación, Isabel, Lola y Encarnación. Ellas son las cuatro mujeres que han alzado la voz para denunciar la situación de «desprotección» que viven como trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio por parte de las empresas, el INSS y los juzgados. Pero son muchas más. Las trabajadoras han sufrido accidentes laborales y padecen patologías derivadas de los mismos que les impiden desarrollar sus funciones en el trabajo e incluso, en algunos casos, andar; sin embargo, se topan con unas administraciones que les rechazan el reconocimiento de incapacidad permanente. «Estoy trabajando tomando morfina y con muchísimos dolores», denuncia Lola Bautista.
Cada una tiene una historia detrás, pero mantienen hilos en común: los obstáculos que les presenta la mutua y el INSS para otorgarles la incapacidad permanente por sus lesiones y las innumerables cajas de medicamentos. Pero no solo sufren daños físicos, también emocionales provocados, entre otros factores, por el ninguneo y menosprecio de los profesionales. «Un inspector llegó a decirme que el país estaba así de mal por mi culpa, por ser una vaga y una inútil. Y eso así no nos deben de tratar», afirma Lola, quien estuvo desde el 2018 hasta el 2023 de baja por las lesiones en el cuello, los hombros y la espalda. El INSS denegó el informe de incapacidad permanente, a pesar de las peticiones del médico de cabecera y la mutua. Ahora, trabaja inmersa en un profundo dolor, con «depresión», y bajo los efectos de la morfina.
La mayoría de los accidentes laborales que se producen en el sector de la ayuda a domicilio son a causa de la «falta de medios técnicos». «Somos grúas humanas. Nosotras tenemos que cargar con personas de 100 kilos, y tenemos que hacerlo porque nos lo exige la empresa, sin poner medios técnicos y sin poner ayuda», lamenta la trabajadora. Según las trabajadoras, la empresa les ofrece refuerzos una vez ya están lesionadas.
Purificación Vázquez sufrió un accidente mientras paseaba con un usuario que le «partió los dos pies». Antes, en 2018, su calvario ya había empezado. Se fracturó la muñeca y comenzó una odisea entre altas y bajas que le ha provocado secuelas hasta hoy en día. «Con la mutua en tratamiento estuve un año, yendo hasta Barcelona, pero como la mutua no me operó la mano me quedó con secuelas. Estuve trabajando un día porque me mandaron a trabajar con una capsulitis en el hombro. A los cuatro meses, la mutua propone mi alta sin mirarme porque esa baja fue de contingencia común y me mandaron a trabajar teniendo la mano más lesionada que cuando entré», relata Purificación, quien lamenta que las lesiones que sufrió en la mano y en los pies fueron catalogadas como «lesiones permanentes no invalidantes». «Me mandaron a trabajar con un andador».
Ahora, después de que la médica de cabecera le otorgara la baja por la lesión en la mano, lleva seis años de baja y dos a la espera de que se la operen. Además, denuncia que los informes médicos, a diferencia de lo que le comunicaban verbalmente, no recogieran el síndrome de Sudeck que padece y que le impide cerrar la mano. Una patología que si hubiera estado contemplada en el expediente, sí le hubiera permitido gozar de la incapacidad permanente que le ha sido rechazada en tres ocasiones.
Por otra parte, a todo ello se suma el problema económico. «Económicamente ha sido un caos en mi casa, porque si ya ganamos poco la gente de ayuda a domicilio, con una baja de contingencia común durante dos años...», destaca Purificación, que añade necesitar ayuda para vestirse debido a los dolores.
Isabel García, trabajadora de la empresa Domusvi desde 2009, no puede andar de seguido durante mucho tiempo. Unos dolores a nivel pélvico, de sacro y de glúteo le genera una parestesia en ambas piernas que tan solo se calma al estar tumbada. «Estoy un año y medio con una incapacidad temporal, y al año y medio, el INSS me da el alta sin mirarme, y tengo que incorporarme a trabajar», lamenta Isabel, quien debido a la parestesia sufrió una caída en uno de los traslados de un domicilio a otro y tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Puerta del Mar.
Tras este suceso, y a diferencia del resto de compañeras, se le concede la incapacidad permanente. Sin embargo, los problemas volvieron a florecer un año después. «El INSS, de buenas a primeras, sin verme me da el alta y recibo una notificación de que me han quitado la incapacidad». Actualmente, su «situación es la misma» que cuando le concedieron la incapacidad. Después de recibir esa notificación, no le queda otra que reincorporarse al trabajo con unas «limitaciones» que le impiden poder realizar todas las funciones. «Tienes que acudir a casa del usuario, explicarle ciertas cosas que tú no las puedes hacer cuando el usuario lo que lo que necesita es que tú vayas a ayudarlo, no que le digas que no puedes bañarlo ni puede hacer ciertas cosas», explica.
A raíz de un accidente laboral sufrido en 2021, Encarnación ha sufrido un camino tortuoso entre bajas laborales y altas que ha conducido a recaídas y empeoramiento de sus lesiones. «En agosto de 2021, vuelvo a tener otro accidente laboral en el que se me agrava la lesión del hombro y me dieron una baja de un año y medio. Durante ella, la mutua me dio de alta tres veces con tan mala suerte que cuando yo fui a entregar la tercera impugnación del alta de la mutua en la empresa, me caigo por las escaleras, me fracturo la vértebra dorsal y el coxis, con todo lo que esto conlleva», rememora la trabajadora de ayuda a domicilio, a quien le fue también denegada la incapacidad permanente hasta en dos ocasiones pese a necesitar un andador para poder desplazarse. «Los usuarios cuando me veían se echaban las manos a la cabeza». Esta situación derivó en problemas de salud mental. «En noviembre de 2024, el médico de cabecera me tiene que emitir una nueva baja por depresión, porque así el informe de salud mental lo estaba aconsejando».
En palabras de Encarnación, el INSS ha tardado tres meses en validar su baja, un tiempo que ha estado sin ningún ingreso. «En ese tiempo, tanto la mutua como la empresa, me mantenían sin cobrar porque decían que mi baja no era válida», expresa. La trabajadora ha asegurado que ha denunciado a la mutua y a la empresa por este hecho ante la inspección de trabajo y el INSS; pero lamenta que el INSS no les ha impuesto ninguna sanción al respecto. «Si ya es cruel perder tu salud y y perder tu calidad de vida, igual de cruel es hacernos pasar por todo esto», sentencia Encarnación.
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