cádiz
«En las consultas médicas se les trata como si fueran casi un delincuente»
Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio denuncian el rechazo del reconocimiento de incapacidad permanente a pesar de las lesiones graves que sufren
«Ella pasan todo este calvario escuchando que son unas vagas, que se lo están inventando, y cuando llegan al juzgado escuchan lo mismo», denuncia la letrada Marina Escobar
Pepe Martínez, jurista: «muchas veces los inspectores que atienden en el INSS no tienen la suficiente preparación en todas las patologías que ellas presentan»
Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se sienten «desprotegidas» por las administraciones. Cuatro mujeres han representado a todo un colectivo que sufre la falta de reconocimiento de incapacidades permanentes por las lesiones que les impide desempeñar las tareas de su trabajo. Un hecho que le obliga a trabajar bajo los efectos de la morfina o con la ayuda de un andador para poder desplazarse. El sindicato de Servicios de Contratas, Concertadas y Servicios públicos (SSP) es el encargado de «defender» y luchar por unos derechos que no se les reconoce.
«Es una situación bastante dramática. Existen problemas de procedimiento que se dan tanto a efectos de las solicitudes de incapacidad permanente como a nivel de las reclamaciones previas», destaca Pepe Martínez, jurista experto en materia de Seguridad Social, quien indaga que una de las causas radica en que «muchas veces los inspectores que atienden en el INSS no tienen suficiente preparación en todas las patologías que ellas presentan». Eso, sumado al desconocimiento de las funciones y tareas del puesto de trabajo, complica «muchas veces la valoración inicial que se puede hacer de la situación real de estas trabajadoras».
Por otra parte, también ha criticado el trato que sufren en las consultas. «A la persona que se entrevista parece que es casi un delincuente». Además, denuncia que en estas revisiones médicas no se les permite entrar con acompañante ni tampoco graba, por lo que se encuentran en plena «indefensión». En esta línea, Pepe Martínez ha juzgado que muchas de estas consultas son «notablemente superficiales» y «rechazan admitir documentación adicional».
Purificación, Encarnación, Lola e Isabel tienen historias diferentes, pero puntos en común: todas han tenido problemas para obtener la incapacidad permanente. Por ejemplo, a Purificación se la rechazaron en tres ocasiones. «Cuando se le deniega la situación de incapacidad permanente, hay que presentar una reclamación previa, que es la fase obligatoria que antecede a la presentación de una demanda en los juzgados de lo social. Esa fase de reclamación previa tiene por finalidad que la propia administración revise de alguna manera lo que con anterioridad ha hecho. Pues yo desconozco, no recuerdo realmente cuándo nos han aceptado una reclamación previa, a pesar de lo fundamentadas que van nuestras reclamaciones previas«, lamenta Pepe Martínez, que asegura que estas reclamaciones son resueltas por los mismos órganos que han denegado la incapacidad permanente. »Eso evidentemente anula toda la viabilidad que tienen las reclamaciones previas, que es fundamental para desahogar los juzgados«.
En relación a la Justicia, la letrada Marina Escobar ha destacado que «no se les escucha» durante los juicios. «Ella pasan todo este calvario escuchando que son unas vagas, que se lo están inventando, que solo quieren una prestación y cuando llegan al juzgado escuchan lo mismo, pero por quinientos profesionales, pero a ellas nunca se les pregunta cómo se encuentran», explica Marina Escobar, quien desvela que las trabajadoras llevan a su despacho los informes que ha realizado el médico del IMSS en los cuales «no refleja en absoluto» lo que ellas han explicado. «Se encargan de construir todo un cuadro clínico para ausentar los problemas que han presentado por tener un accidente laboral. Y esos informes son los que nos van a permitir luego luchar por una contingencia profesional.»
Por otra parte, la precariedad del empleo. «Se enfrentan a una situación de partida muy concreta, que es que se tendrán que pagar un perito privado, porque tanto la mutua como el INSS tiene grandes equipos médicos detrás que luego van a utilizar en los juzgados. Estas personas muchas veces no pueden llegar a fin de mes, no pueden pagarse un perito privado y si solicitamos un perito en los juzgados de Cádiz, incluso hay jueces que están denegando el médico forense a estas mujeres», expresa la jurista, quien, al igual que Pepe Martínez, ha alzado la voz para reclamar «empatía» por parte de las administraciones para las mujeres. «Reclamamos a las autoridades competentes que, por favor, tengan un poco de sensibilidad, un poco de perspectiva de género o de tratamiento justo y equitativo de la realidad de las mujeres trabajadoras de ayuda a domicilio», pidió Pepe Martínez, que también ha abogado por que se implante «la municipalización de la ayuda a domicilio en la ciudad de Cádiz». «Ese debe ser un objetivo que no puede renunciar nadie».
Por último, Marina Escobar ha asegurado que «las patologías que ellas sufren, como son patologías que sufren mujeres, que son de mujeres en contextos de trabajos de mujeres, no se consideran incapacitantes y tampoco contingencia profesional».
