Vivienda
En Cádiz se 'okupa' una casa al día
Los datos del Ministerio del Interior reflejan que en 2023 se 'okuparon' un total de 378 inmuebles en la provincia gaditana
Un Policía Nacional explica cómo actúan los okupas para que no les afecte la ley: «Algo falla cuando...»
Cádiz, entre las diez provincias españolas con más viviendas 'okupadas'
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Manuela es la propietaria de una parcela en El Palmar (Vejer) que cuenta con un restaurante y una casa. Ambas edificaciones se levantaron en los últimos años de la década de los ochenta. «Es probable que sea de los pocos bares de El Palmar que tienen todos los papeles en regla», bromea, aunque ese es otro tema. Esta vejeriega y su familia estuvieron regentando el bar hasta que decidieron alquilarlo. «Tuvimos un primer propietario que era muy bueno, pero cuando lo cogió su hijo la cosa empezó a ir mal», recuerda.
No obstante, deciden ponerlo otra vez en alquiler. «Se lo alquilamos a un matrimonio, él vivía en Madrid y ella se quedaba por aquí. Al principio no tuvimos ningún problema» y durante los primeros años «nos pagaban dos veces al año y todo iba bien, ellos estaban contentos y nosotros igual», pero «cuando ella fue quien se quedó sola con el bar, fue cuando tuvimos los problemas».
«La cosa empezó a ir mal cuando ella decía que no tenía dinero para pagarnos y que se iba a retrasar un poco», comenta. «A lo mejor ella tenía que pagarnos el 1 de julio y nos decía que si podíamos ir el día 10», un pequeño retraso «que nosotros entendíamos porque es el principio del verano y a lo mejor no hay tanta gente», pero «en el segundo año que ella estaba sola, ya dejó de pagarnos», asegura.
Manuela y su familia pedían explicaciones. «Ella nos decía que no tenía dinero para pagarnos, pero el bar lo seguía abriendo, tenía a sus trabajadores y actuaba como si no pasara nada», pero «a nosotros no nos pagaba». Decidieron actuar. «Nosotros fuimos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Ayuntamiento de Vejer, al Ayuntamiento de Barbate dónde estaba empadronada y nos decían que podían echarla porque tenía un contrato de tres años por delante y que con el contrato firmado no se la podía echar tan pronto».
Intentaron por todos los medios que abandonara el bar y la casa. «Nosotros le decíamos que se fuera, que no pasaba nada, pero que nos dejara el bar y la casa para poder alquilarlo y no perder el dinero. Le dijimos que le perdonaríamos lo que nos debía«, aunque »nos decía que no«. Para Manuela y su familia »los tres años que estuvo ella allí sin pagarnos fueron un calvario«. Nos dijeron que estaba metida en tema de drogas, pero tampoco puedo asegurarlo», afirma. Finalmente, tras tres años, esta mujer abandonaría el bar que estuvo regentando y la casa en la que estuvo viviendo durante tres años sin pagar un solo euro. «Perdimos más de 100.000 euros en estos tres años que ella no nos pagó», y con lágrimas en los ojos señala que «lo peor fue que nos destrozó la casa, se dedicó a picar las paredes, destrozó la cocina, se llevó el váter, dejó pintadas por toda la casa y tuvimos que apuntalar el techo y hacer una reforma íntegra del bar y de la casa porque aquello era inhabitable». Manuela cuenta que «hubo un juicio y todo, pero como ella se había declarado insolvente, no sé como lo hizo, pero se fue de rositas».
Cádiz, entre las provincias con más 'okupas'
El caso de Manuela y su familia no es un hecho aislado en la provincia de Cádiz. En marzo del año 2023, un grupo de 'okupas' accedían a una vivienda en en la Avenida del Guadalquivir, en la Barriada de la Paz, en Cádiz capital. El dueño intentó recuperar su casa entrando por la ventana con la ayuda de una escalera, y fue agredido por los 'okupas' que le lanzaron botellas e intentaron agredirle con un cuchillo. La Policía Nacional finalmente detenía a los 'okupas'. El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Jerez informaba de que la Policía Local junto a la Policía Nacional, actuaba en la calle Espronceda ante el intento de varios okupas de fuera de Jerez de intentar entrar y 'okupar' un edificio cerrado.
Una casa se 'okupa' ilegalmente al día en la provincia de Cádiz. Esta es la cifra que ha hecho pública el Ministerio del Interior, dentro de la serie anual de allanamientos y usurpaciones de inmuebles por provincias en el territorio nacional. Así, en Cádiz, durante el año 2023 se 'okuparon' un total de 378 viviendas, números que se extraen de los datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad, aunque cabe resaltar que no se diferencia entre los allanamientos y la usurpación de la propiedad del inmueble al basarse en diligencias policiales y no en dictámenes judiciales.
En la provincia de Cádiz se han 'okupado' ilegalmente un total de 4.321 inmuebles desde el año 2010, primero en el que aparecen estadísticas recogidas por parte del Ministerio del Interior. Por año, en Cádiz se han 'okupado': 99 viviendas en 2010; 138 viviendas en 2011; 203 viviendas en 2012; 334 viviendas en 2013; 328 viviendas en 2014; 342 viviendas en 2015; 297 viviendas en 2016; 317 viviendas en 2018; 383 viviendas en 2019; 361 viviendas en 2020; 425 viviendas en 2021; 403 viviendas en 2022 y 378 viviendas en 2023. De esta forma, 2023 es el tercer año consecutivo en el que en Cádiz se 'okupa' más de una vivienda al día. Además, el dato de fincas 'okupadas' ilegalmente ha crecido un 381,81% desde el año 2010.
Cádiz es la duodécima provincia de España con más inmuebles allanados o usurpados en 2023, tan solo por detrás de Alicante (619), Islas Baleares (407), Barcelona (4.610), Gerona (759), Madrid (1.516), Málaga (429), Murcia (435), Sevilla (723), Tarragona (691), Toledo (396) y Valencia (828). Barcelona es la provincia de España con más viviendas 'okupadas' en 2023, y Cádiz es la tercera provincia andaluza con cifras más elevadas, y únicamente Sevilla y Málaga tuvieron un mayor número el pasado año. Los datos de la provincia gaditana se encuentran por encima de otros territorios de España como Granada (141), Las Palmas (337), Santa Cruz de Tenerife (244) o Almería (299), y la diferencia es notable con provincias como Ávila (6), Lugo (18) o Salamanca (20).
En España, las viviendas 'okupadas' ilegalmente en 2023 alcanzaron las 15.289 unidades, y por comunidades autónomas, Cataluña lidera el ranking y casi triplica las cifras de Andalucía. A estas cifras anuales del año 2023 facilitadas por el Ministerio del Interior hay que añadir los inmuebles que continúan ocupados desde hace años sin que las autoridades puedan desalojarlos porque los 'okupas' se encuentren amparados por la ley o porque el propietario no reclame su expulsión.
¿Qué dice la Ley?
A la hora de hablar del hecho en el que una persona entra en una vivienda ajena con la idea de residir en ella entra en escena el término de 'okupación'. Hace referencia a «tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario», aunque actualmente la jurisprudencia española no reconoce la 'okupación' y habla de otros dos términos como la usurpación y el allanamiento de morada.
La 'okupación' se basa en entrar y adueñarse de una vivienda deshabitada, concepto relacionado con usurpar, mientras que el allanamiento de morada hace referencia al hecho de habitar una casa que sí es el domicilio real de otra persona, su primera vivienda.
Por un lado, el delito de allanamiento de morada viene recogido en el artículo 202 del Código Penal y contempla una pena de prisión entre seis meses y dos años, y en el caso de que dicha invasión del inmueble se produzca con violencia o intimidación, la pena sería entre uno y cuatro años y una multa de seis a doce meses. A raíz de la nueva Ley de Vivienda de 2023, se matiza que el procedimiento para desalojar en los casos de usurpación de vivienda en los que no haya habido violencia ni intimidación, pasará a ser competencia de cada comunidad autónoma. Además, para que se pueda iniciar el desahucio, la nueva establece algunos requisitos nuevos, como que los dueños no sean grandes tenedores de fincas, por lo que deberán adjuntar un documento del Registro de la Propiedad, entre otros.
El Ayuntamiento de Puerto Real compra trece viviendas 'okupadas'
El Ayuntamiento de Puerto Real anunció esta semana la compra de trece viviendas ubicadas en la calle Cruz de la Degollada. La adquisición se ha realizado por parte de la empresa pública EPSUVI y la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). Cabe resaltar que en el pasado estas viviendas fueron 'okupadas' de manera intermitente, y su interior se encuentra en un estado deplorable, con numerosas pintadas y sin opciones de ser habitadas.
Una vez que se reformen estas trece viviendas, el Ayuntamiento de Puerto Real las ofrecerá en régimen de alquiler social asequible.