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Unos acusados por cultivar marihuana en Cádiz se libran de nuevo de ir a prisión por el retraso en juzgarlos
Tras más de siete años de su detención en Rota, los investigados llegan a un acuerdo admitiendo los hechos. La Fiscalía pedía que fueran condenados a casi cuatro años de cárcel en un principio pero finalmente han sido sentenciados a año y medio por lo que se les ha suspendido dicha pena
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Unos acusados por cultivar marihuana en una finca de la provincia de Cádiz se han librado de pagar sus hechos con ir a prisión debido, de nuevo, a la tardanza que ha habido en juzgarlos. Los hechos se remontan a 2017 y se sentaron en el banquillo hace una semana, es decir, siete años después. La Fiscalía solicitaba para ellos penas que sumaban los tres años y nueve meses y a otro de los encartados, un año y medio más por tenencia de armas, sin embargo, finalmente, todos han sido condenados a un año y medio por lo que ni siquiera tendrán que entrar en la cárcel.
La resolución, que ya es firme debido a la conformidad de los procesados, la ha tomado el juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz que ha considerado para emitir este fallo la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas ya que el procedimiento se inició en 2017. No se tuvo que celebrar la vista ya que antes de ésta los acusados y sus defensas llegaban a un acuerdo con la Fiscalía para la disminuición de las penas a cambio de su confesión sobre los hechos. Una manera, una vez más, de que la acusación pueda al menos asegurar un fallo condenatorio.
Como reproduce el fallo, los hechos se remontan a noviembre de 2017 cuando sobre las siete de la mañana agentes de la Guardia Civil interceptaron en la carretera A-2077 en sentido a Sanlúcar un vehículo en el que iban tres ocupantes. En el interior del coche los agentes hallaban un cogollo de marihuana y diversas bolsas de basura con restos de esta sustancia, siendo todo ello incautado.
La interceptación motivó que los guardias civiles sospecharan de una plantación de marihuana cercana. Así realizaron una inspección por la zona y localizaron en un camino de Rota un invernadero donde estaban los acusados, quienes al detectar la presencia de los agentes se daban a la fuga. Se daba el aviso y al poco eran detenidos en las proximidades por la Policía Nacional.
Absuelto de cultivar marihuana en su casa de Sanlúcar porque no vivía solo
El juez estima que no se le puede atribuir directamente el cultivo de unas sesenta plantas de cannabis al acusado porque residía con su mujer e hijo
Un dispositivo de la Guardia Civil entraba en el citado invernadero y encontraban dentro una plantación de marihuana, cuya explotación la ostentaba uno de ellos con la colaboración con los otros tres. El lugar tenía dos estancias, dentro de una de las cuales había a su vez dos habitaciones; una, con productos y objetos empleados en el cultivo del estupefaciente; y otra donde se producía el secado. También se encontró material dedicado a la elaboración de la droga, tales como productos químicos, básculas y bolsas de almacenaje. Además en el invernadero se habían instalado hasta nueve ventiladores, nueve extractores y nueve motores eléctricos, todo ello para tener la climatología adecuada para el crecimiento y desarrollo de la marihuana. En total había 132 plantas. «La sustancia estaba destinada por los acusados al tráfico a terceras personas», determina la sentencia.
Los procesados admitían todos estos hechos y al no constarles además antecedentes penales llegaban a la conformidad y se les suspendía la prisión por no superar los dos años bajo la condición de no cometer ningún otro delito. Además han visto rebajada la multa de los 250.000 euros que solicitaba el fiscal en su calificación a 30.600 euros.
Por otro lado, a uno de los acusados se le intervino una pistola que estaba «en perfecto estado de funcionamiento» careciendo éste de permiso alguno de armas. Por ello esta persona se enfrentaba a otro año y medio de cárcel más pero debido a las reducciones se le condena a medio año.
En cuanto al delito de defraudación de fluido eléctrico se les ha impuesto el pago de 540 euros cada uno cuando en un principio se cuantificó en unos 25.000 euros el total del consumo defraudado.
Todas estas demoras -además de las propias fruto de la multitud de recursos y alegaciones que suelen presentar las defensas- provocan que en muchas ocasiones las vistas se celebren de cinco a diez años más tarde desde que sus presuntos responsables fueron detenidos o investigados por lo que, en la mayoría de las ocasiones, da lugar a atenuantes y a la posibilidad de conformidades en este respecto que minimiza o disminuye las penas impuestas.
De este modo, se han dado y se siguen dando multitud de casos en los que dichas condenas han bajado hasta la mitad de lo solicitado por la acusación en un primer momento, o incluso se les da la posibilidad de la suspensión de la privación de libertad si esta disminución alcanza menos de dos años.
En cuanto a las responsabilidades civiles -indemnizaciones y multas- que tienen que afrontar en el caso de resultar condenados, los retrasos también tienen sus consecuencias. Se pueden llegar a rebajar aunque ya en muchas de las ocasiones se alega la insolvencia.
