La proliferación de las construcciones ilegales agrava la siniestralidad laboral de la provincia

La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de presentar el balance del último ejercicio de los fiscales especializados en esta materia y con competencias en las distintas provincias andaluzas. El informe incluido por el fiscal de Cádiz, Ángel Núñez, es demoledor en su descripción de la situación provincial ante problemas de gran calado como los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por obra humana o los atentados al patrimonio histórico. Unas irregularidades que están afectando en otras materias de estudio judicial como es la siniestralidad laboral.

El fiscal gaditano advierte del peligro que corre el valor natural que tiene la provincia, que a día de hoy puede presumir de ser un espacio «que aún puede ser catalogado como virgen». En el año al que atañe la citada memoria (2005), los espacios naturales han estado sometidos «a más intensos ataques» como los atentados a la ordenación del territorio. Esta actividad delictiva es la que más párrafos dedica el fiscal Núñez.

Este tipo de delitos propiciaron que el año pasado, Cádiz se convirtiera en la provincia andaluza donde más diligencias se abrieron: 102; una cifra que supuso un fuerte incremento con la registrada en 2004 (73 en total). Estos datos son sintomáticos de la preocupante situación por la que pasa Cádiz, que es capaz de superar en esta materia a zonas con graves problemas de especulación urbanística como el litoral malagueño -en Málaga sólo se investigaron 59 casos-.

El fiscal Ángel Núñez ya explicaba a este medio hace varias semanas, en un avance de la memoria publicada, que gran parte de este desaguisado se debe a la impunidad que reina, propiciada por sentencias laxas contra los propietarios de casas ilegales, la falta de recursos en los juzgados y en su propio departamento para perseguir con ahínco estas prácticas, o la «absoluta renuncia» que hace la Audiencia «a decretar la demolición de lo ilícitamente construido».

«Efecto llamada»

Este compendio de factores ha provocado, según la Fiscalía, «un efecto llamada» entre la población y aquellos foráneos que buscan suelo en la provincia. Así, el fenómeno de las viviendas ilegales no está ni mucho menos en retroceso sino en pleno auge. Así, a finales de mayo la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz había iniciado ya 43 nuevas investigaciones; la mayoría motivadas por delitos de carácter urbanístico.

Pero además de los graves perjuicios que suponen estas edificaciones para el ordenamiento del territorio y sus efectos en el medio ambiente, la Fiscalía alerta de la grave influencia que está teniendo en delitos completamente distintos como los que concurren en la siniestralidad laboral. En la memoria del fiscal Ángel Núñez se destaca en qué condiciones suelen construirse la mayor parte de las viviendas ilegales: «Se trata de edificaciones que se realizan sin proyecto ni dirección técnica, careciendo de medidas de seguridad...», y en las que no se cumple ninguna reglamentación específica sobre salud laboral o higiene en el trabajo.

Esta influencia puede ser determinante para que Cádiz sea la primera provincia andaluza en accidentes laborales dentro del sector de la construcción. Un detalle que fue expuesto por la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, en unas jornadas para miembros del Ministerio Público en materia de seguridad laboral, y que se celebraron en Jerez, en el mes de marzo.

No es la primera vez que el fenómeno de las construcciones ilegales son relacionadas con otras actividades delictivas. A raíz de los últimos anuncios sobre nuevas herramientas para la lucha contra el crimen organizado en Cádiz, como el Greco o el fiscal anticorrupción, desde partidos políticos como IU o el PP se ha solicitado una mayor vigilancia sobre las construcciones ilegales y la especulación urbanística que éstas generan, y que puede ser foco de atracción para las bandas organizadas, que ven en este negocio una posible salida para el blanqueo de capitales.

El aumento de diligencias relacionadas con delitos contra la ordenación del territorio es justificado por el coordinador del área medioambiental en la Fiscalía del TSJA, Luis Carlos Rodríguez, asegurando que existe un «mayor éxito» de las investigaciones y no un incremento de casos. A diferencia de esta argumentación, el fiscal responsable de esta materia en Cádiz viene reclamando desde hace años la necesidad de incorporar «medios personales y materiales» para luchar contra estas prácticas; y dejando entrever que no se puede llegar a muchas realidades, que aún están por descubrir, por no tener recursos suficientes.